Es admirable la serenidad con la que Barack Obama continúa labrando el legado de su presidencia durante sus dos últimos años, pese a los constantes obstáculos que le presenta la irreconciliable y ciega oposición republicana y la resistencia, no menos ciega, de una opinión pública tan políticamente polarizada. Está demostrando, contra los que le pensaban ya como “pato cojo”, la amplitud de la capacidad ejecutiva que aún queda entre sus competencias constitucionales.

El presidente ha logrado la efectividad del seguro médico universal, ha humanizado las deportaciones de la inmigración ilegal, ha impuesto una estricta regulación de emisiones de carbono, ha iniciado en todo el país un movimiento para elevar el salario mínimo y ha comenzado a realizar en política exterior los ideales que proclamó al principio de su presidencia, en Asia, Europa y América, si bien no ha superado del todo las severas hipotecas que le dejó su predecesor en Irak y Afganistán, ni los envites que representan Irán, Rusia e Israel.

Todo tiene su precio, sin embargo, y ahora el presidente se enfrenta con multitud de demandas judiciales que la oposición republicana y poderosos grupos de intereses han interpuesto contra la efectividad de sus decretos ejecutivos y la reglamentación de las agencias del gobierno respecto a la inmigración y el medio ambiente. Incluso algunos Estados, y especialmente Arizona, han resucitado la doctrina de la “nulificación”, por la que pretenden no cumplir todo cuanto provenga del ejecutivo si no se ve apoyado por las correspondientes leyes del Congreso. Por su parte, el jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, los anima, en cartas dirigidas a los gobernadores de los Estados, a no cumplir la reglamentación nacional de medio ambiente, y pretende enervar así las próximas negociaciones globales sobre conservación medioambiental.

La efectividad de la Ley de Tratamiento…