El presidente Barack Obama ha hecho del ataque con drones la pieza central de su estrategia contra el terrorismo de Al Qaeda, hasta convertir dichos ataques en rutinarios. Como sucede con otras muchas nuevas tecnologías, estos vehículos aéreos no tripulados –denominados drones (abejorros) por el zumbido que les caracteriza– pueden resultar increíblemente útiles, pero también muy peligrosos. Y es que sus posibilidades parecen ilimitadas y las misiones que pueden cumplir, poco menos que infinitas.

La mayoría de los drones se utilizan para vigilancia y para una gran variedad de actividades civiles. La policía los usa para luchar contra las redes de delincuentes, el narcotráfico o el contrabando. También se están utilizando para espiar y obtener información sobre las actividades privadas de las personas, que pueden ser grabadas sin tener conocimiento de ello. Algunos tipos de drones están dotados con misiles muy precisos que pueden alcanzar a individuos aislados, automóviles o partes de un gran edificio y se usan, como cualquier otro tipo de armamento, en caso de guerra. También se emplean para matar a personas previamente seleccionadas. Son los targeted killing (asesinatos selectivos) que Naciones Unidas define como “actos premeditados de fuerza letal empleados por los Estados en tiempos de paz o durante conflictos armados para eliminar a individuos determinados”. Un concepto que ha sido aceptado de hecho por la comunidad internacional, aunque no está regulado en Derecho. Hasta ahora solo tres países han utilizado los drones para realizar ataques selectivos: Israel fue el primero y lo hizo para matar a los líderes de la resistencia palestina, método que Estados Unidos criticó y calificó de ilegítimo, aunque tras el 11-S los empleó masivamente. Reino Unido los ha utilizado en operaciones de combate en Afganistán. China e Irán parecen ser los otros países que poseen drones armados operativos, pero no los han utilizado.

La ONU, por primera vez en su historia, está utilizando drones espías para presionar a las milicias rebeldes en la República Democrática del Congo y para observar los movimientos de los civiles que están siendo desplazados. No se descarta su uso en otras misiones de paz y ya hay quien se pregunta si acabarán sustituyendo a los cascos azules. Por otro lado, la OTAN ha lanzado el programa AGS (Alliance Ground Surveillance), cuyo objetivo es vigilar grandes áreas y saber lo que ocurre antes, durante y después de una operación. También la Unión Europea quiere utilizar drones para vigilar sus fronteras y ha puesto en marcha el programa Eurosur para detectar antes las nuevas rutas de inmigración; mejorar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transfronterizo, el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas; así como para evitar delitos medioambientales y la pesca incontrolada.

Es preciso aprobar una regulación internacional sobre ‘drones’ que incluya su empleo en la lucha antiterrorista y su uso extraterritorial

Siete países de la UE (Alemania, España, Francia, Grecia, Holanda, Italia y Polonia) producirán conjuntamente drones para uso militar a partir de 2020, a través del programa MALE (Medium Altitude, Long Endurance), y otros seis (España, Francia, Grecia, Italia, Suecia y Suiza) están trabajando en el “Euro-UCAV”, un dron de combate que ya realizó un vuelo de prueba en diciembre de 2012. También Francia y Reino Unido están desarrollando el Telemos, un dron armado con misiles que proyectan tener operativo en 2018. Alemania e Italia sopesan la posibilidad de comprárselos a EE UU. Rusia posee drones para vigilancia y en 2015 los desplegará armados. India pronto equipará los suyos con munición de precisión y Pakistán –que no puede dejarse superar por su rival– también los tendrá con la ayuda de China. Argelia ha comprado a Rusia drones espía y negocia con China adquirir otros armados. Marruecos ha recibido drones de Francia y de EE UU que utiliza para fines militares.

¿Debilitan los ‘drones’ el sistema legal internacional?

La proliferación de drones armados está asegurada y es un problema que urge afrontar. Un mundo sin ninguna o pocas restricciones a estos mecanismos y sin transparencia podría minar la protección de los derechos humanos, la prevención de los conflictos armados y debilitar el régimen legal internacional. Además, la incertidumbre sobre qué Estados están desarrollando y adquiriendo drones de combate fomentará la desconfianza, la inseguridad y la inestabilidad, pues se podría llegar a una situación donde los targeted killing se utilizaran con total impunidad contra cualquiera que fuese considerado enemigo por un Estado o por otros actores internacionales no estatales. Podemos imaginar a China asesinando a separatistas tibetanos, que ellos consideran terroristas, o a Rusia atacando a los chechenos. También a regímenes tiránicos usándolos contra sus oponentes políticos y a los propios terroristas para realizar atentados. ¿Qué haríamos entonces? ¿A qué ética o a qué regulaciones legales apelaríamos para que dejaran de hacerlo?

Es por ello urgente, antes de que sea demasiado tarde y difícil, regular todo lo relativo a los drones armados y conseguir un amplio consenso para alcanzar un acuerdo global sobre las condiciones de su uso y prevenir la proliferación. Mientras tanto, es imprescindible que se respeten y observen los vigentes principios legales internacionales. Según un informe realizado por la ONU en septiembre de 2013, “Extrajudicial, summary or arbitrary executions”, para que un ataque con un dron sea legal bajo la legislación internacional, debe cumplir los requisitos recogidos en todas las leyes internacionales vigentes: lanzar un misil con un dron puede cumplir los requisitos legales para el uso de la fuerza entre Estados, pero puede ser inconsistente con el Derecho Internacional Humanitario y con la regulación sobre derechos humanos, o viceversa, y por tanto ser ilegal a la luz del Derecho Internacional.

Los ataques con drones realizados en los países a los que se ha declarado previamente la guerra –procedimiento constitucional que en los Estados democráticos conlleva un control parlamentario– están gobernados por la Ley de Conflictos Armados. Es el caso de EE UU y de Reino Unido cuando los han utilizado en operaciones de combate en Afganistán. Pero los targeted killing no se producen en el contexto de un conflicto armado entre Estados, sino que los utiliza un Estado contra grupos armados no estatales, por lo que hay que juzgarlos a la luz del Derecho Internacional Humanitario o del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por otro lado, si al lanzamiento de un misil con un dron le sigue otro contra las personas que han acudido a socorrer a las víctimas del primero, constituye un crimen de guerra y una violación del derecho a la vida, haya o no conflicto armado.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado la vulneración de las leyes internacionales por la muerte de civiles, apuntando incluso que EE UU podría estar cometiendo crímenes de guerra cuando dispara un segundo misil contra los que acuden a prestar ayuda a las víctimas del primero. También denuncian, según el principio que establece que el uso de la fuerza letal es siempre el último recurso, que hay casos en que la captura del terrorista era factible y se podía haber evitado aniquilarle.

El arma favorita de Washington

Tanto George W. Bush como Obama han defendido que utilizar drones contra los líderes de Al Qaeda está permitido por las leyes internacionales, sosteniendo que permanecen en conflicto armado con la red terrrorista y que el derecho del uso legítimo de la fuerza para la autodefensa de EE UU, en los términos del artículo 51 de la Carta de la ONU, ampara los ataques contra los que están planificando acciones terroristas. Esto incluye la prerrogativa de la persecución unilateral de objetivos en otros Estados, bien con su consentimiento o sin él, si se considera que el Estado en cuestión es incapaz de luchar eficazmente contra la amenaza. Sin embargo, el citado artículo 51 dice que para invocar la autodefensa tiene que ocurrir un ataque armado grave o que este sea inminente. Además establece que se han de cumplir otros dos requisitos: que el ataque sea necesario y proporcionado; y añade la obligación de notificar inmediatamente al Consejo de Seguridad las medidas que se tomen en legítima defensa, algo que parece no haberse respetado nunca.

También Bush y Obama han defendido que las leyes internas estadounidenses permiten los targeted killing, amparándose en la ley de Autorización del Uso de la Fuerza Militar, que el Congreso aprobó tras el 11-S, en la que se daba poderes al presidente para “usar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o personas que hubieran planificado, autorizado o ayudado a realizar los ataques terroristas del 11-S, o den refugio a dichas organizaciones o personas, para así evitar futuros atentados terroristas”. No obstante, los “asesinatos en tiempos de paz” entre los que se podrían encuadrar los targeted killing están prohibidos en EE UU desde 1976.

Tras la muerte en Yemen, en septiembre de 2011, del ciudadano estado­unidense de origen yemení Anuar al Awlaki, Obama fue acusado de violar la Constitución por utilizar los drones para matar a ciudadanos estadounidenses, pues la Quinta Enmienda de la Constitución establece que ninguna persona podrá ser privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal con derecho a defenderse. Posteriormente las críticas fueron en aumento, pues a las ejecuciones extrajudiciales se sumaba la muerte de civiles, entre los que había niños, así como por la falta de transparencia en el número de ataques y de víctimas. También porque los criterios de selección de las personas a abatir son opacos y pueden resultar injustos, pues se presume que un terrorista es alguien de una edad y un sexo determinado en un contexto concreto. Es decir, cualquier varón en edad militar que se encuentre en las zonas de ataque puede ser considerado un terrorista. En Yemen muchos de los asesinados con drones no son miembros de Al Qaeda, sino separatistas que quieren restablecer la república independiente de Yemen del Sur.

Para salir al paso de estas críticas, Obama compareció públicamente en mayo de 2013, comprometiéndose a disminuir el número de ataques con drones y a que todo el proceso sería más transparente, aunque declaró su intención de seguir utilizándolos. En su defensa alegó que siempre es prioritario detener, interrogar y enjuiciar a los terroristas, pero que “cuando un estadounidense va al exterior para lanzar una guerra contra EE UU y está planeando matar a ciudadanos estadounidenses, su ciudadanía no debe servirle de escudo, del mismo modo que un francotirador no debe ser protegido cuando dispara contra una muchedumbre inocente”. Ahora se enfrenta de nuevo a la decisión extraordinaria de tener que autorizar la muerte de un estadounidense, que bajo el alias de Abdullah al-Shami se ha refugiado en las montañas de Pakistán y se encarga de la producción y distribución de explosivos.

Pero para justificar los targeted killing Obama apeló, sobre todo, a su eficacia para acabar con los grupos terroristas armados y con los líderes de Al Qaeda, eficacia que valoró por encima de su dudosa legalidad y moralidad.

Y es que, desde el punto de vista político, los drones resultan muy eficaces a corto plazo, pues evitan los funerales de Estado de soldados estadounidenses y porque, además, su coste económico es inferior al de cualquier otra opción, ya sean ataques aéreos convencionales, lanzamiento de misiles, invasión del territorio o una operación militar especial. También en términos militares se consideran tácticamente eficaces, bien sea en labores de vigilancia –como cuando sirven en Afganistán para alertar de una emboscada a una patrulla terrestre–, en operaciones de combate y en ataques selectivos. Asimismo, confieren una gran ventaja estratégica al reducir enormemente el tiempo transcurrido entre la identificación y el ataque de un potencial objetivo, dada su capacidad para integrar la recolección de datos con el uso de la fuerza.

La guerra a distancia

En definitiva, los drones han revolucionado de forma vertiginosa la acción militar porque manteniendo o incluso incrementando la letalidad se reduce el coste de la guerra en términos materiales y humanos, ya que se elimina el riesgo de pérdida de vidas de pilotos. Es por ello que la fuerza aérea estadounidense entrena ya a más operadores de drones que a pilotos de aviones. Combatir a los terroristas con drones es una forma de acción más segura y menos arriesgada para los soldados estadounidenses que las alternativas mencionadas, ya que no tienen que “ir a la guerra” y mantener un contacto estrecho con las víctimas: una persona a muchos kilómetros de distancia, de manera rutinaria, con unos monitores y un mando puede realizar un ataque, matar a una persona o a varias y volver a su casa tranquilamente al terminar su jornada laboral. Se deshumaniza a las personas, se las cosifica, convirtiéndolas en meros objetivos a través de una monitorización remota.

No obstante, a largo plazo la eficacia es relativa y queda seriamente cuestionada por el hecho de que los drones no sirven para derrotar a Al Qaeda, ni pueden proteger de los atentados terroristas. Es más, pueden tener consecuencias contraproducentes porque alimentan el odio y el resentimiento, que pueden traducirse en más atentados. Los ataques con drones pueden diezmar las organizaciones terroristas, pero no resuelven el problema del terrorismo y de hecho pueden prolongarlo en el tiempo, pues aunque no haya represalias inmediatas en forma de atentados contribuyen a la radicalización. Además, la eficacia irá disminuyendo paulatinamente porque los terroristas están perfeccionando sus métodos para eludir el seguimiento de los drones: se camuflan mejor; han modificado sus formas tradicionales de viajar, dormir y comunicarse; han abandonado los teléfonos por satélite, pasando a utilizar correos y mensajeros; y se mueven en grupos más pequeños y en medios de transporte más populares en detrimento de los vehículos todoterreno. También se están desplazando a otros territorios donde EE UU no ataca con drones.

En definitiva, su uso para realizar targeted killing continúa siendo muy controvertido y si bien es cierto que su número ha disminuido en el último año, también lo es que la transparencia sigue siendo insuficiente. Además, EE UU prácticamente ha tenido hasta ahora el monopolio del uso de los drones armados, pero no será así mucho tiempo, por lo que se hace imprescindible y urgente establecer unas bases para atajar su proliferación y promover un uso responsable.

Por ello, se impone elaborar una regulación internacional específica y clara sobre los drones que incluya su utilización para la lucha antiterrorista y su uso extrajudicial y extraterritorial. Asimismo, se ha de tener en cuenta el progreso tecnológico, pues en un futuro próximo estarán mucho más automatizados y es necesario asegurar que nunca funcionarán de manera autónoma y siempre tendrán un responsable detrás.

Mientras tanto, es preciso evitar que los drones se conviertan en una amenaza al vigente orden legal internacional, que se debilite la protección de los derechos humanos y que se acabe instaurando un orden global mucho más inestable, impredecible y peligroso. Intentar prohibir los drones no es una elección. Los drones cambiarán el mundo, lo revolucionarán, y de todos nosotros depende que sea para mejorarlo.