En comparación con su entorno, España gasta poco en I+D, con un débil protagonismo del sector privado. Para dar un salto cualitativo en sus capacidades científicas, tecnológicas e innovadoras, deberá abordar reformas estructurales y un resideño de los programas públicos de I+D+i.

La necesidad de combatir los efectos más devastadores de la crisis económica, que empezó en España en 2008 y todavía no se ha superado, ha situado, comprensiblemente, otros importantes debates económicos en un segundo plano. Sin embargo, el análisis de lo urgente debería ser compatible con la reflexión sobre lo importante.

Desde la década de los cincuenta, sabemos, gracias a Abramovitz y Solow, que el progreso tecnológico es el principal factor explicativo del crecimiento económico a largo plazo, muy por encima de la cantidad de inputs de los factores capital y trabajo. En la mayoría de países avanzados, con España a la cabeza, el gran volumen de deuda (pública y privada) y el proceso de envejecimiento de la población ralentizarán el crecimiento de la economía durante los próximos años y, tal vez, décadas. Para contrarrestar estos frenos sobre el crecimiento, es fundamental incrementar significativamente la I+D, la innovación y la generación de tecnología. Si España no lo consigue, la reducción de la elevadísima tasa de paro será muy lenta, el Estado de bienestar tal como lo conocemos será insostenible y, en última instancia, el estancamiento económico ahondará la desconfianza de la población hacia las instituciones democráticas…