El comienzo de toda legislatura es una ocasión para replantear las grandes orientaciones políticas. Ver a largo plazo parece reñido con la vida contemporánea, especialmente en un sistema de partidos con vocación electoral permanente. La obsesión por los sondeos y la presión de los medios de comunicación crean un tipo de liderazgo político cuyas posiciones varían de un día para otro. La pérdida de identidad ideológica y la transformación de la política en una lucha profesionalizada de intereses exigen la rápida adopción de decisiones.

La manera de hacer política interior se ha trasladado igualmente a la acción exterior. Sin embargo, aunque resulta innegable el peso de la opinión pública en la manera de gestionar los conflictos internacionales –hoy, en buena parte, crisis humanitarias–, la emergencia de las ONG y la mayor importancia de las cuestiones económicas en las relaciones exteriores, la diplomacia sigue exigiendo continuidad, consistencia y firmes principios. Un sistema superficialmente democrático dificulta la política exterior, una rama de la acción del Estado que, por su especial naturaleza, no puede depender tan sólo de la conveniencia inmediata, de la voluble opinión pública o de la mera mayoría. Pero esa condición debe asumirse como un desafío que, bien aprovechado, puede contribuir a la fijación de los principios estables que requiere una diplomacia adaptada a un cambiante escenario internacional.

España tiene un déficit en esa dirección. La inercia ha caracterizado una diplomacia llena de buenos profesionales, pero carente de recursos materiales y humanos, con una organización poco adecuada a las necesidades del siglo XXI y falta de los principios que resultan fundamentales si se quiere influir. El mayor peso de España, su potencial económico y cultural demandan que su estructura diplomática acompañe ese crecimiento y permita ampliar sus resultados.

El presidente del gobierno parece consciente de ese hecho. En los meses…