Tras años de debate mediático y político centrado en la inmigración en Europa, la opinión pública ha acabado por reconocer el fenómeno migratorio como una cuestión –o un problema– que concierne básicamente a Europa. De algún modo, las tensiones dentro de la Unión Europea respecto a la gestión migratoria, el desafío que suponen los barcos de rescate de organizaciones humanitarias y el drama del constante goteo de muertes en el Mediterráneo impiden observar el fenómeno en su globalidad.

Por un lado, el debate sobre las causas de la emigración sigue siendo estéril, reproduce ideas del pasado que no aportan respuestas efectivas a la urgencia inmediata de los flujos migratorios. Hay quien emigra por la inestabilidad política, por los conflictos bélicos, por las consecuencias del cambio climático, la desertificación, la pobreza hídrica, la falta de oportunidades… La línea entre el desplazamiento forzoso, el del refugiado, y el desplazamiento voluntario, el del ahora llamado emigrante económico, es cada vez más difusa. La realidad es que existe una diferencia entre unos y otros, pero el riesgo vital que corren al emprender la travesía hacia Europa es en ambos casos el mismo.

Por otro lado, se tiende a olvidar que hay países donde el fenómeno migratorio tiene un impacto cada vez mayor, no solo como países de tránsito, como sucede en el Norte de África, sino también de asentamiento. Las implicaciones de este asentamiento de inmigrantes en Europa han sido ampliamente analizadas. Pero sigue siendo poco reconocido el reto que supone para países como Marruecos, Líbano o las monarquías del Golfo, antaño lugares de tránsito que se han convertido en hogares permanentes de inmigrantes.

El sistema de la Kafala, en vigor en el Golfo y que en la práctica convierte al trabajador en propiedad del empleador, además de ser inhumano, constituye un elemento obsoleto en países que ya han llegado a la segunda o tercera generación de inmigrantes. Favorecida por la explotación del subsuelo, la inmigración en esta región fue necesaria para propiciar un crecimiento que con una población local numéricamente insuficiente no se habría podido alcanzar. Hoy en día la mano de obra extranjera cubre sectores enteros de la economía y constituye un importante arquitrabe de sus economías. Por el momento, ni las políticas gubernamentales ni el sector privado, que se beneficia de una mano de obra barata, parecen dispuestos a cambiar este abusivo sistema.

Líbano, país de emigración a lo largo de su historia, con un mosaico de comunidades religiosas y una población mixta, descansa sobre un equilibrio interno frágil que la acogida de refugiados y mano de obra extranjera, cada vez menos provisional, puede modificar. Ejemplo de la precariedad en la que viven los trabajadores extranjeros son las empleadas del hogar inmigradas, sujetas también al sistema de la Kafala, cuya visibilización ha sido una de las claves para empezar a plantear un cambio legal.

Desde una migración esencialmente de tránsito, en los años noventa a raíz del refuerzo de las fronteras de la Unión Europea, la población extranjera en Marruecos empezó a sedentarizarse. Esto ha obligado al país a adaptar el marco legal, acompañado de una política diplomática de acercamiento al continente africano que está dando sus frutos. Sin embargo, quedan cuestiones pendientes que suscitan todavía un intenso debate como la derogación de la ley, votada tras los atentados de Casablanca de 2003, que criminaliza la inmigración y emigración irregulares, así como la de tránsito. Además de aplicar unas verdaderas políticas de integración y de lucha contra el racismo.

Los cambios legales necesarios para dar respuesta al fenómeno de una inmigración asentada son aun inexistentes, embrionarios o claramente insuficientes, pero la nueva variable demográfica obligará a los gobiernos a responder y, por tanto, la inmigración pasará a ser, tal como ha sucedido en Europa, tema de debate político en estos países. Otro vector más que permitirá poner a prueba también en esos países el proceso de cambio político y social y el respeto de los derechos humanos al que se han comprometido internacionalmente.