Tras el fracaso de las políticas de “máxima presión” de Donald Trump, que agravaron la crisis económica y dispararon la emigración de venezolanos al exterior, Washington ha descartado por ahora reimponer sanciones a Caracas y no ha reconocido al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo. A esto se le ha sumado la postura de México de aceptar el dictamen final del Tribunal Supremo.

El departamento de Estado, por su parte, ha preferido delegar en Brasilia y Bogotá la misión –¿imposible?– de encontrar una salida a la crisis venezolana y así evitar una nueva oleada de violencia y más refugiados. La diáspora venezolana ya suma 800.000 desplazados en Estados Unidos. Sólo 70.000 pudieron votar el 28 de julio.

El cierre de las fronteras, la expulsión de diplomáticos, la censura de redes sociales son algunas de las señales de la progresiva “nicaraguización” de Venezuela. Maduro ha dicho que se van a construir dos nuevas megacárceles para que funcionen como “centros de reeducación de fascistas”.

A estas alturas ya casi nadie espera que los tribunales o las autoridades electorales presenten las actas desaparecidas sin adulteraciones. En una entrevista que concedió a medios chilenos y argentinos, María Corina Machado, que ha pasado a la clandestinidad, dijo que plantear una nueva elección era una “falta de respeto” a los venezolanos y que confiaba en que los mandos militares terminaran respetando su voluntad, que ya fue expresada en las urnas el 28 de julio.

El mensaje de Machado tenía un claro destinatario: el general Vladimir Padrino, desde 2014 ministro de Defensa de Maduro y al que muchos considera el hombre de confianza de Vladimir Putin en Caracas. Uno de los miembros de su promoción recordaba al corresponsal del Financial Times que en la escuela militar sus compañeros llamaban a Padrino “el jabón”,…