Ante la perspectiva del final de su segundo mandato, el próximo día 2 de abril, Sall parece dispuesto a conservar su puesto a toda costa (o asegurarlo para su delfín, Amadou Ba), aunque con ello esté provocando una fuerte oposición en las calles, con protestas reprimidas violentamente.

La decisión del Sall –en el poder desde 2012–  pone en cuestión, asimismo, su propio compromiso, anunciado en julio del pasado año, de renunciar a presentarse a un nuevo mandato, saltándose la Constitución. De hecho, él mismo se había inclinado por reconocer, en el marco del partido Alianza por la República que fundó en 2008 y que lidera desde entonces, al actual primer ministro, Amadou Ba, como su preferido para sucederle. El desafío que plantea ahora mismo Sall rompe la imagen de estabilidad de un país que nunca ha sufrido un golpe de Estado y en el que la sucesión en el poder ha sido pacífica prácticamente desde su creación en 1960.

Lo sucedido estos últimos días puede ser identificado como el último paso de un proceso que se ha hecho cada vez más visible desde 2021, cuando una de las principales figuras de la oposición, Ousmane Sonko, fue acusado de violación y amenazas de muerte a una joven senegalesa, y más claramente aún con el arranque de la campaña de detenciones masivas de opositores tras las elecciones municipales y legislativas celebradas en 2022. Por el camino hasta hoy se acumulan muchos síntomas de autoritarismo presidencial, mientras ha ido aumentando la percepción crítica en la calle como consecuencia de la desaparición de soldados en extrañas circunstancias, la muerte de manifestantes y el encarcelamiento de disidentes, junto a acusaciones directas de corrupción, instrumentalización de la justicia y eliminación de potenciales candidatos.

Las movilizaciones públicas de estos últimos días van acompañadas de…