La debilidad del gobierno, en minoría parlamentaria, y la impopularidad una la hoja de ruta austera, genera dudas sobre la aprobación del presupuesto. El primer ministro Michel Barnier, apenas un mes en el cargo, se propone afrontar el que será quizás su reto más importante: sanear adelante las cuentas públicas. Tras años de gasto sin controles claros, con la apertura el año pasado del procedimiento de déficit excesivo por parte de la Comisión Europea, el gobierno galo aspira ahora a reducir el déficit del país al 5% el próximo año, con vistas a alcanzar en 2029 el 3% exigido por Bruselas.

El Ejecutivo se enfrenta a una fuerte presión para ahorrar debido a su enorme deuda. Se estima que el déficit de Francia termine este año en un 6,1% del PIB, más que el 5,4% del año anterior y lejos del 3% que quiere la UE. La deuda pública de Francia ha alcanzado el pasado junio el 112%, el tercero nivel más alto de toda la UE, por detrás de Grecia e Italia.

El método presentado por los ministros Antoine Armand y Laurent Saint-Martin es aparentemente indoloro. En teoría, los nuevos impuestos y recortes de gastos no afectarán a los hogares de clase media, asegura el gobierno, ni frenarán el crecimiento económico. El ejercicio de austeridad, en todo caso, podría ser el mayor ajuste de la historia reciente francesa.

Durante dos años, unas 440 grandes empresas con una facturación de al menos 1.000 millones de euros estarán sujetas a una “contribución excepcional” sobre sus beneficios obtenidos en Francia en 2024 y 2025, con el objetivo de contribuir a la recuperación de las finanzas públicas. Se espera que esta medida genere 8.000 millones de euros en 2025 y 4.000 millones en 2026.

En paralelo, el gobierno prevé implementar durante tres años…