En su campaña, Mulino prometió cerrar “el tapón” del Darién a los indocumentados –venezolanos, haitianos, cubanos…– que lo atraviesan, unos 520.000 en 2023. Abinader, por su parte, insistió en su campaña de reelección que la frontera con Haití –que ocupa la tercera parte la isla–¬ seguiría cerrada a cal y canto y que las deportaciones de haitianos se acelerarían, poniendo en primer plano un asunto que no había sido una preocupación importante en las elecciones desde mediados de los años noventa.

En septiembre, su gobierno militarizó la frontera y dejó de conceder visados a haitianos. En 2023, deportó a 251.000, frente a los 154.000 de 2022, en lo que el departamento de Estado de EEUU calificó de “expulsión masiva”. Otros 200.000 del millón que reside legalmente en el país, cayeron en un limbo legal al no poder renovar sus permisos de residencia. 

Santo Domingo no ha sido el único en reaccionar de ese modo ante la crisis haitiana. El gobierno de Nassau ha ordenado un bloqueo naval y Londres ha enviado a la Royal Navy para que impida la llegada de refugiados haitianos al archipiélago de Turcos y Caicos, famoso por sus arrecifes y sus resorts de lujo.

Amnistía Internacional y algunas organizaciones locales publicaron una carta abierta denunciando el perfilamiento racial de las detenciones y el cierre de vías legales para solicitar asilo. Todos los candidatos dominicanos coincidieron, sin embargo, en la necesidad de mantener la dureza de la política migratoria, por la imposibilidad de asimilar estos movimientos masivos.

Los dominicanos son muy conscientes de su vulnerabilidad. En 2023, cuando por primera vez, el país recibió a más de 10 millones de visitantes, el turismo aportó 7.000 millones de dólares al PIB, cerca de las remesas (10.000) y las exportaciones de las zonas francas –equipos médicos, textiles, fármacos…– (12.000)….