Las alarmas saltaron cuando el parlamento de Georgia comenzó la tramitación de una polémica ley que pone en el punto de mira a la sociedad civil. La Ley de Transparencia sobre Influencia Extranjera supone que toda asociación o iniciativa privada no comercial que reciba mas de un 20% de financiación del exterior, deba inscribirse en un registro como “agente de los intereses de una potencia extranjera”.

Al estigma que supone la etiqueta de “potencia extranjera” para estos grupos de la sociedad civil, se suman otros peligros. El Ministerio de Justicia llevará a cabo inspecciones sobre documentos y comunicaciones internas de estos entes civiles cada seis meses. El espíritu de esta ley calca otra similar empleada por el Kremlin para subyugar a grupos opositores.

La semana pasada, mientras el parlamento del país votaba a favor del proyecto de ley en su tercera lectura, la policía antidisturbios, con escudos y porras, respaldada por cañones de agua, intervino para dispersar a los manifestantes que se habían reunido frente al edificio.

Georgia solicitó la entrada a la Unión Europea en marzo de 2022, semanas después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania, y se le concedió el estatus de candidato el pasado diciembre. La decisión, en palabras de Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, fue “una clara señal de esperanza para el pueblo georgiano y para todo el continente europeo”.

Sin embargo, si ya de por sí el camino de adhesión es largo, los acontecimientos recientes podrían complicar más las cosas para el país. El siguiente paso debería ser que la Comisión Europea haga una recomendación formal para que los gobiernos de la UE den luz verde al inicio de las conversaciones de adhesión, un paso que está condicionado a una serie de reformas. Si la polémica ley es…