Gracias a las supermayorías que obtuvo ambas cámaras del Congreso el oficialista Morena el 2 de junio, el partido ha conseguido hacer realidad la reforma judicial que permitirá al pueblo elegir a los jueces y magistrados. Ninguna de las grandes democracias sigue este modelo por una natural cautela ante los riesgos de politizar o manipular la justicia y hacerla depender de los cambios, muchas veces veleidosos, de la opinión pública.

Al carecer de precedentes democráticos, el experimento jurídico mexicano es de pronóstico reservado. Lo probable es que se vayan a necesitar años para hacer un análisis completo sobre su impacto, social y político, pero que ya ha adentrado al país en un incierto futuro justo cuando comienza el sexenio de Claudia Sheinbaum, la heredera de su legado político. 

En un gesto poco habitual, el embajador de EEUU, Ken Salazar, y el de Canadá, Graeme Clark, advirtieron sobre los riesgos que supondría la ley para las relaciones comerciales de los “tres amigos”, al introducir una mayor incertidumbre jurídica sobre el cumplimiento de contratos sometidos a la jurisdicción de tribunales mexicanos.

El presidente, que ha dicho que uno de los principales objetivos de la reforma es impedir que compañías extranjeras “vengan a robar y saquear”, les acusó de injerencia en asuntos de exclusiva soberanía mexicana y anunció una “pausa” en las relaciones del gobierno con sus embajadas.

Desde las elecciones, el peso se ha depreciado un 14% frente al dólar, en gran parte por la desconfianza que suscita una reforma que el expresidente Ernesto Zedillo considera una “atrocidad”. En 2026 se renegociará el USMCA, el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que desde su firma en 1994 ha convertido a México en el mayor socio comercial de su gran vecino del norte. En 2023, las exportaciones…