Estos días, la insólita unidad europea frente al Brexit parece un espejismo. Los Veintisiete y la Comisión, arropados por el Parlamento Europeo, se mantuvieron todos a una durante los años que duró la negociación de la salida británica. Se especuló con que los británicos jugarían a dividir el bloque. Lo intentaron, de hecho, pero fracasaron: el divorcio británico era demasiado grave para priorizar la pequeña política a expensas del proyecto europeo. El órdago polaco, sin embargo, y a pesar de que cuestiona con igual o mayor gravedad la viabilidad de la Unión Europea, no ha provocado una respuesta a la altura del desafío. El Parlamento Europeo se ha visto obligado a mover ficha, demandando a la Comisión por no actuar con contundencia.

La amenaza que supone Polonia a la integridad de la UE no es nueva, pero la sentencia de su Tribunal Constitucional desafiando el Tratado de Lisboa eleva la tensión con Bruselas y el resto de capitales europeas. Es verdad que Polonia –quinto país del bloque en cuanto a población y PIB– no ha iniciado formalmente su salida, ni sus líderes han declarado intención alguna de abandonar el barco. Sin embargo, la sentencia del Constitucional, pilotado de manera indirecta por un gobierno que no reconoce de facto la separación de poderes, toca hueso, pues cuestiona el ordenamiento jurídico sobre el que se asienta la UE.

En síntesis, el alto tribunal polaco afirma que la Constitución polaca está por encima del Tratado de Lisboa. La sentencia cuestiona, entre otros, los Artículos 1 y 19, que hacen referencia a una unión cada vez más integrada y a la primacía del Tribunal de Justicia de la UE. El señalamiento de estos fundamentos es el mismo que guio a los partidarios de la salida británica, como se ha encargado de recordar en un elocuente discurso el europarlamentario Guy Verhofstadt.

La Unión es enormemente compleja. Hay múltiples formas de ser parte de ella. No todos sus socios utilizan la moneda común. Algunos no pertenecen al espacio Schengen. O no todos son miembros de la OTAN. Pero lo que sí deben hacer todos es respetar el ordenamiento de la UE desde su fecha de ingreso. Polonia se comprometió con estas reglas en el momento de su entrada, en 2004, y con la aprobación del Tratado de Lisboa, tres años después.

¿Qué opciones tiene la UE para protegerse de esta amenaza? Camino Mortera, investigadora del Centre for European Reform, sugiere dos medidas convergentes. En el corto plazo, los líderes de la Unión deberían redoblar la presión sobre Polonia porque la gravedad es incuestionable. No es un debate sobre valores, “es una crisis factual”, por lo que no hay excusas para no tomar cartas en el asunto. En el medio plazo, la Comisión tiene varias opciones, entre ellas suspender los fondos europeos destinados a Polonia, una herramienta novedosa (y poderosa) que corrige, en principio, la falta de instrumentos reales para combatir este tipo de crisis. El Artículo 7, que prevé la suspensión de los derechos de voto de un Estado miembro, es inviable porque requiere la unanimidad para su aplicación. Hungría y Polonia son y serán una piña.

Por el momento, tanto los líderes de la UE como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, parecen decididos a no tomar ninguna medida drástica. Esto ha llevado al Parlamento Europeo a perder la paciencia. Después de un duro debate la semana pasada con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, ha anunciado la decisión de llevar al ejecutivo que preside Von der Leyen ante el Tribunal de Justicia de la UE porque, simplemente, “los Estados miembros de la UE que violan el Estado de Derecho no deberían recibir fondos de la misma” y la Comisión no hace nada al respecto.

La Unión se juega mucho. La amenaza no versa únicamente sobre la posibilidad de que Polonia termine fuera de la UE como Reino Unido. Está en riesgo la credibilidad del sistema. Si los principios más esenciales se pueden considerar “a la carta”, no habrá un hilo conductor que aglutine al bloque. ●