Durante la última Asamblea General de la ONU, Guterres presentó a los mandatarios mundiales el proyecto Nuestra Agenda Común, solicitado en 2020 por los países miembros con la idea de recabar propuestas que refuercen el multilateralismo. Inspirado en parte en The Ministry for the Future (2020) de Kim Stanley Robinson –una distopía ecológica sobre el futuro cercano, cuya lectura Barack Obama considera imprescindible–, el informe de la ONU advierte de que el cambio climático, la proliferación de armas nucleares y biológicas, la inseguridad económica, las vulnerabilidades digitales, y eventuales nuevas pandemias son en esencia problemas transnacionales.
En esta década, las emisiones de gases de efecto invernadero podrían aumentar un 16% en comparación con los niveles de 2010. Las últimas investigaciones científicas señalan que las emisiones tendrían que disminuir al menos un 25% hacia 2030 para evitar los impactos más graves del calentamiento global. La pandemia, por su parte, ha demostrado que el sistema entero puede paralizarse justo cuando más se necesita.
Nuestra Agenda Común está basada en datos recogidos en sondeos y consultas a unos 1.500 millones de personas en todo el mundo, incluidos funcionarios de gobiernos nacionales y locales, inversores, grupos de la sociedad civil y 1.500 expertos de 147 países. El mensaje central incide que la capacidad de la ONU para cumplir la misión asignada por sus fundadores –en concreto, limitar el ejercicio irrestricto de la soberanía de los Estados para salvaguardar la paz mundial– depende de la voluntad política colectiva de todos sus miembros.
El informe presenta dos escenarios: uno de crisis crónicas provocadas por las pandemias, temperaturas en ascenso, pérdidas masivas de empleo y crecientes protestas. Otro, en cambio, podría dar paso a un futuro “más verde y seguro” donde el sistema de Naciones Unidas –que integra decenas de agencias técnicas especializadas, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) a Unicef– seguirá siendo la piedra angular. El informe reconoce, sin embargo, que la ONU debe integrar a nuevos actores políticos y sociales –multinacionales, ONG, grupos de presión, organizaciones humanitarias…– para gestionar los riesgos contemporáneos.
En resumen, se trata de un plan que concreta una visión de un sistema multilateral más fuerte, coordinado e inclusivo. Dado que la crisis de gobernabilidad global se debe en buena parte a la falta de confianza pública en las instituciones multilaterales, el secretario general propone un nuevo contrato social que incorpore los intereses de las futuras generaciones. El mundo, señala el informe, alberga hoy a 1.800 millones de personas menores de 25 años, de los cuales un 90% se encuentra en países en desarrollo.
Cuando fue presidente de la Internacional Socialista, entre 1999 y 2005, Guterres ya abogaba por crear un Consejo de Seguridad económico que facilitara la cooperación entre las instituciones financieras multilaterales y las agencias de la ONU. Ahora propone nombrar un enviado especial para las futuras generaciones y crear un laboratorio del futuro formado por expertos en prospectivas a largo plazo. En septiembre de 2023, la ONU convocará una Cumbre para el Futuro y en 2025, una cumbre social, para que los países evalúen las reformas propuestas.
El nuevo contrato global debería centrarse en mejorar la administración de los que denomina los cuatro “bienes comunes globales”: la atmósfera, los océanos, la Antártida y el espacio exterior.
No va a ser fácil. La última vez que un presidente de EEUU mencionó la ONU en su discurso inaugural fue John F. Kennedy, en 1960. No hay consenso sobre qué constituye un bien público global y mucho menos cuántos existen. El informe identifica siete, entre ellos la sanidad, la economía y la paz mundial, para cuya protección pide fortalecer agencias como la OMS, adoptar modos más precisos para medir la riqueza mundial e intensificar la lucha contra los flujos financieros ilícitos, entre otras medidas.
Nuestra Agenda Común solo tendrá éxito si logra integrar a China y al G77, formado por los países en desarrollo, lo que no es seguro debido a sus reticencias a cumplir normas que frenen su desarrollo. Pero también hay señales positivas. Un manifiesto firmado en septiembre por la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y los presidentes de Suráfrica, Cyril Ramaphosa, Senegal, Macky Sall, España, Pedro Sánchez, y Costa Rica, Carlos Alvarado, entre otros mandatarios, ha dado un firme apoyo al proyecto y a la ONU como corazón del sistema internacional. ●