Los servicios de inteligencia israelíes les habían colocado explosivos plásticos que estallaron tras recibir una señal de radio. A estos riesgos se añaden su capacidad para rastrear los movimientos de sus usuarios o el software espía que se les puede introducir. Además, el uso disparado de dispositivos electrónicos a nivel global crea una mayor dependencia entre la población de las nuevas tecnologías y amplía la red de posibles víctimas de ciberataques.

Las nuevas tecnologías de vigilancia electrónica –cámaras conectadas a programas de reconocimiento facial, o el spyware– están dando a las nuevas autocracias medios de control que habrían envidiado los totalitarismos del siglo pasado. También en sistemas democráticos y economías abiertas su regulación está causando más de un quebradero de cabeza.

La desconexión digital es un privilegio que pocos sectores económicos se pueden permitir. Es por ello que cada vez más áreas de la economía formal y de la esfera pública son más vulnerables a ciberataques de organizaciones criminales, al espionaje industrial o a sabotajes de compañías y gobiernos extranjeros.

En 2018, investigadores alemanes demostraron que los protocolos SS7 (Signalling System 7) –desarrollado en los años setenta para intercambiar datos que permitieran establecer y gestionar llamadas telefónicas–, pueden usarse para geolocalizar a usuarios, interceptar mensajes e instalar spyware.

Dado que los móviles deben conectarse a torres o antenas, evitar su geolocalización es casi imposible, como han podido confirmar Hamás y Hezbolá, que para eludir al Mossad y al Shin Bet han tenido que recurrir a medios “low-tech” como los buscas –y hasta mensajes manuscritos–, sin que tampoco ello les resolviese el problema. 

En mayo, un informe de Amnistía Internacional reveló cómo proveedores de equipos de vigilancia de Israel, Grecia, Singapur y Malasia proporcionaron a los servicios de inteligencia indonesios un potente spyware que el gobierno de Yakarta ha…