El régimen de Nicolás Maduro juega la partida con las cartas marcadas. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que los 33 detenidos militares –todos activos, incluidos un general, dos coroneles, seis tenientes coroneles y varios capitanes–, habían estado conspirando con la CIA y la DEA para asesinar a Maduro.

Los oficiales fueron sometidos a un acto de degradación y expulsión por actos “criminales y terroristas”. El fiscal, Tarek William Saab, dijo que habían planeado “bañar de sangre al país comenzando el año”. La fiscalía ordenó además la detención, entre otros, de la activista Tamara Suju, la periodista Sebastiana Barráez y del vicealmirante en retiro Mario Carratú, la mayoría de ellos ya en el exilio.

Suju, escribió en su cuenta de X que los presos llegaron al acto de “repudio” esposados de manos, pies y cintura. En su sentencia, el Supremo, brazo judicial de facto del régimen, inhabilitó a Machado, descalificándola como candidata en las próximas elecciones, por omitir datos en una declaración de patrimonio de 2015. Según Machado, que en las primarias opositoras de octubre arrasó con 2,5 millones de votos, Maduro ha elegido el peor camino: unas elecciones fraudulentas.

Al final, sin embargo, cree que, sin apoyo popular ni legitimidad para gobernar, Maduro terminará negociando con ella una salida pacífica. Los hechos, sin embargo, no justifican su optimismo

Las negociaciones de Barbados –que en octubre permitieron a Washington levantar las sanciones que impuso Donald Trump en 2019– acordaron poner fin a las inhabilitaciones políticas que desde 2002 han impedido ejercer cargos públicos a más de 1.400 venezolanos.

La sentencia del Supremo, sin embargo, acusa a Machado de ser cómplice del “despojo descarado” de Venezuela en el extranjero, quemando con ello los puentes con la opositora Plataforma Unitaria (PU). Desde 2013 Maduro viene diciendo que…