El pasado verano, el exsenador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, fue condenado por aceptar lingotes de oro y dinero en efectivo del gobierno de El Cairo –y un Mercedes-Benz para su esposa–, a cambio de influir sobre las decisiones del comité de relaciones exteriores del Senado que presidía, entre ellas una transferencia de armas a Egipto por valor de 300 millones de dólares.

En mayo, el congresista demócrata por Texas, Henry Cuéllar, fue acusado de haber aceptado 600.000 dólares en sobornos del gobierno de Azerbaiyán y de un banco mexicano. En Sacramento, Los Angeles y San Francisco, funcionarios demócratas se han visto implicados en múltiples escándalos de corrupción en el sector inmobiliario por favorecer a inversores chinos. 

En Nueva York, Linda Sun bloqueó reuniones de funcionarios taiwaneses con el gobierno de Albany e impidió un pronunciamiento oficial del Estado contra las políticas represivas de Pekín en Xinjiang y Tíbet. En recompensa, según la fiscalía, Sun y su esposo recibieron millones de dólares en regalos y dinero en efectivo.

Sue Mi Terry, exanalista de la CIA, a su vez, recibió de Corea del Sur joyas y vestidos a cambio de información clasificada, incluidas sus notas personales de una reunión que mantuvo con el secretario de Estado, Antony Blinken.

Todos los acusados se han declarado inocentes. Menéndez apelará su condena. Alex Spiro, abogado de Adams, alega que es habitual que los altos funcionarios de las administraciones federal y estatal reciban regalos y que solo pueden considerarse sobornos si los aceptan en contrapartida de algún beneficio concreto en actos oficiales, algo difícil de probar la mayoría de veces.

El Foreign Agents Registration Act (FARA), una ley de los años treinta del siglo pasado, criminaliza actos oficiales en beneficio de potencias extranjeras por funcionarios que no declaran esos…