El gobierno de Barnier, con menos de tres meses en ejercicio, colapsó hace días al no poder garantizar la aprobación del presupuesto de 2025. El controvertido presupuesto, que incluía recortes de gastos y aumentos de impuestos por un total de 60.000 millones de euros, fue rechazado por una coalición de extremos, formada por la derecha de Marine Le Pen y la izquierda de Jean-Luc Mélenchon. La alianza, forjada sobre los intereses de ambos partidos por situarse favorablemente de cara a las futuras presidenciales, ha dejado a Francia sin gobierno, sin presupuesto y sin un plan claro de salida hacia adelante.

La fragilidad de la estrategia política de Macron ha quedado al descubierto, sin un plan claro para resolver la crisis y un cronómetro en marcha que pondrá fin a su mandato, como tarde, en 2027. Tras convocar elecciones anticipadas la noche misma de las elecciones europeas de junio, su partido perdió fuerza en un parlamento dividido en bloques hostiles: centristas, derecha e izquierda. La falta de una mayoría clara augura un futuro de gobiernos minoritarios incapaces de llevar a cabo reformas estructurales.

El trasfondo de la crisis responde a la difícil situación presupuestaria. El déficit público se sitúa en un 6,2% del PIB, el doble del límite permitido por las normas de la UE. La deuda pública, equivalente al 110% del PIB, complica aún más las cosas. Las medidas propuestas por Barnier, impopulares como cualquier plan que demande ajustarse el cinturón a la ciudadanía, fueron rechazadas por una oposición que prioriza su agenda política sobre las necesidades económicas del país.

Le Pen y Mélenchon han capitalizado el descontento popular. Ambos bloques han contribuido a la narrativa de que las soluciones propuestas por Macron y Barnier son inadecuadas para aliviar las tensiones económicas y sociales que enfrenta Francia. En realidad,…