Visto en perspectiva, resulta muy lejano el tiempo en el que Libia ocupaba la atención mediática y política, no solo durante el estallido de la crisis que provocó la caída del dictador Muamar el Gadafi (febrero/octubre de 2011), sino también en los primeros años de la guerra que estalló a continuación en 2014.

El país se fracturaba entonces tanto por el empecinamiento personalista de diversos actores políticos, ansiosos por imponer su dictado por la fuerza, como por la injerencia de varios gobiernos, tanto occidentales (Francia, Italia y Estados Unidos) como musulmanes (Egipto, Turquía y EAU, entre otros).

Sadiq Kabir, hasta hace unos días el gobernador del Banco Central, es un hombre de confianza de Halifa Haftar, hombre fuerte en la Cirenaica al frente de la poderosa milicia conocida como el Ejército Nacional Libio. Haftar se ha negado a aceptar la decisión del Consejo Presidencial, incluso aunque la ultraconservadora milicia Rada (también conocida como las Fuerzas Especiales de Disuasión) llegase a rodear la sede de la entidad bancaria en Trípoli como medida de presión.

En un escenario tan fluido como el libio, las alianzas entre actores con agendas solo coyunturalmente coincidentes cambian radicalmente en función de las expectativas. Así, mientras que Kabir y el actual primer ministro, Abdulhamid Dbeiba (desde 2021 al frente del Gobierno de Unidad Nacional, el único reconocido por la comunidad internacional), fueron aliados durante un tiempo, hoy el segundo pretende deshacerse del primero con idea de aumentar su control sobre los fondos procedentes de la venta de hidrocarburos. Esto es: sobre el Banco Central y la Compañía Nacional de Petróleo, las únicas entidades funcionales a nivel nacional y encargadas de gestionar las exportaciones y de pagar los salarios de los funcionarios públicos en todo el territorio nacional.

Los hidrocarburos, en su mayoría, están localizados en…