La sentencia sobre las competencias de la Agencia de Protección Ambiental, que ahora verá muy limitada su capacidad de regular las emisiones de gases de efecto invernadero, y la que ha revocado el derecho al aborto unas semanas antes han puesto en entredicho el prestigio y la propia legitimidad del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el “menos peligroso de los poderes del Estado”, como lo llamaron los redactores de la Constitución.

Al menos en teoría, el papel del Tribunal Supremo se limitaría, entre otros asuntos, a dictaminar con razonamientos jurídicos y la mayor imparcialidad posible sobre la constitucionalidad de las leyes, no a legislar desde los estrados. Sus últimas sentencias, sin embargo, han mostrado el abismo que separa a la opinión pública mayoritaria en EEUU de los seis jueces conservadores –cinco de ellos católicos– del alto tribunal, tres de ellos nombrados por Donald Trump.

Durante casi medio siglo, católicos…