Ninguna cuestión como la inmigración es capaz de avivar la llama de la discusión política en la Unión Europea y de encontrar tantas discrepancias entre los Estados miembros. La enésima prueba de ello tuvo lugar en el Parlamento Europeo con el voto de cinco leyes esenciales para cerrar un complicado dosier sobre la política de inmigración y asilo.

Ciudadanos indignados organizados irrumpieron en el pleno. “Este pacto mata, voten no”. Pero el incidente no puso freno a la engrasada maquinaria parlamentaria: cinco leyes aprobadas, con cientos de enmiendas de por medio, patrocinadas por los principales grupos de la Eurocámara, populares, socialdemócratas y liberales.

El Pacto endurece las condiciones para los solicitantes de asilo en las fronteras europeas mediante un aumento en el uso de la detención, incluyendo a familias y niños. Las nuevas reglas también prevén el envió de solicitantes de asilo a países considerados “seguros” fuera de la UE siempre que exista un vínculo entre ese país y el solicitante.

El uso de la biometría y el reconocimiento facial se volverá más generalizado, y el sistema Eurodac tomará las huellas dactilares de los nuevos llegados de seis años en adelante. La nueva regulación de “crisis” permitirá a las autoridades actuar en un régimen de excepción en caso de grandes oleadas de personas sin precedentes, como lo ocurrido en la UE en el año 2015.

Los defensores del proyecto destacan un mecanismo de “solidaridad obligatoria” que tiene como objetivo distribuir a los migrantes entre los Estados miembros de manera más eficiente. Los países pueden optar por pagar 20,000 euros a un fondo de solidaridad por cada individuo que se nieguen a acoger. En todo caso, la aplicación y alcance de esta regla se espera que sufra complicaciones ante el escepticismo de países como Hungría o Polonia.

En los pocos meses…