No parece casual que la declaración del presidente del Estado de emergencia en cuatro provincias de la Macrozona Sur –Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, epicentro del conflicto mapuche– se haya producido casi a la vez que el anuncio de la oposición para promover su destitución en el Congreso por su implicación en el escándalo de los Papeles de Pandora. Piñera es el segundo mandatario en ejercicio que encara un juicio político, tras Carlos Ibáñez en 1956.

Según la fiscalía, el presidente podría haber cometido durante su primer gobierno delitos tributarios, cohecho y tráfico de influencias en la venta por 138 millones de dólares de un proyecto minero a una compañía offshore de Carlos Délano, su socio en 2010. Piñera esgrime que el caso ya fue investigado y sobreseído en 2017, pero la fiscalía asegura que hay nuevas evidencias inculpatorias. Si estas son sólidas, podrían atraer los votos necesarios (dos tercios en ambas cámaras) para destituir al presidente antes de que termine su mandato en marzo de 2022.

Mientras tanto, el decreto de militarización de la Araucanía –zona con el mayor índice de pobreza del país (17,4%)– tiene el sello personal de Piñera, ávido por recuperar el apoyo de sus bases conservadoras, que celebraron la decisión como un triunfo. Durante un mes –después del cual el gobierno necesitará el apoyo del Congreso–, el ejército podrá vigilar y patrullar la zona del conflicto, donde han muerto mapuches y policías, y controlar las reuniones sociales en lugares públicos. Según cifras oficiales, en lo que va de año se han registrado 1.475 incidentes de violencia rural en el Arauco, un 46% más que en 2020.

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, criticó que el decreto se anunciara el 12 de octubre, cuando “se inició el genocidio”, afirmó. Según las comunidades mapuches más radicales, la Convención no puede hablar de refundar una sociedad mientras los tanques y las ametralladoras intimidan a los Pu Lof (clanes mapuches). Por su parte, la derecha ve con desconfianza el proceso constituyente y la marcha de una campaña –las elecciones son el 21 de noviembre– que podría llevar al palacio de La Moneda a Gabriel Boric, exdirigente estudiantil que lidera una coalición de izquierdas que integra en sus filas al Partido Comunista.

Si el ultraconservador José Antonio Kast sigue al alza, como muestran los sondeos, podría pasar a la segunda vuelta con Boric, que contaría así con el mejor escenario posible, debido al alto “anti-voto” de Kast. Hijo de un veterano alemán de la Wehrmacht y hermano de un ministro del régimen de Augusto Pinochet, Kast propone indultar a los represores de la dictadura, sacar a Chile de las Naciones Unidas y cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La campaña del candidato oficial, Sebastián Sichel, por su parte, carece de una dirección clara, lo que le impide retener los votos más conservadores.

A estas alturas de la campaña, en elecciones anteriores ya se sabía quiénes iban a ganar. Hoy las encuestas coinciden en detectar alrededor de un tercio de voto indeciso. Dos cosas, sin embargo, parecen claras: el balotaje aumentará la polarización y quien llegue a La Moneda tendrá el traspaso de poderes más difícil en 30 años.

Otra certeza: el tramo final de su presidencia se ha convertido en una ordalía para Piñera, cuya aprobación apenas supera el 15%, a pesar del éxito de la campaña de vacunación. Ni siquiera los candidatos conservadores quieren verse asociados a su legado. La declaración del Estado de excepción en la Araucanía, donde las tensiones parecen fuera de control, forma parte en ese sentido de una estrategia de control de daños. Pero la militarización del conflicto no le saldrá gratis al gobierno.

Según el senador por Biobío, el socialista Alejandro Navarro, utilizar a los militares es como apagar un fuego con gasolina. De hecho, la última víctima fue un hombre de 49 años que murió el 3 de octubre por las quemaduras que le dejó el incendio intencionado de su casa. El 18 de octubre hubo cuatro atentados en la provincia de Malleco contra una iglesia evangélica y contra empresas madereras que durante la dictadura recibieron concesiones para plantar pinos y eucaliptos en los bosques de la zona.

Chile, el mayor productor mundial de cobre, tiene la calificación crediticia más alta de América Latina y atrae más inversión extranjera directa en relación al PIB que Brasil y México. Al mismo tiempo, el país austral tiene una de las mayores brechas entre ricos y pobres de la OCDE. Boric –que suele decir que si Chile fue “la cuna del neoliberalismo, también será su tumba”– quiere elevar la presión fiscal del 21% al 29,5% del PIB durante la próxima década (la media de la OCDE es del 34%). En septiembre, Bank of America sugirió a sus clientes que no mantuvieran ninguna inversión en Chile. ●