Hasta ahora no ha habido un solo caso en el que la petición del fiscal jefe haya sido negada por los magistrados de la Corte Penal Internacional; pero también es cierto que las presiones a las que han estado siendo sometidos para que lo hagan con los oficiales israelíes han sido de un nivel incomparable con cualquier otro.

Ya antes de la petición de Khan, se habían filtrado avisos sobre la tremenda presión que tanto Washington como Tel Aviv estaban ejerciendo para evitar lo que ahora ha ocurrido. A eso se han unido las amenazas directas que el propio gabinete israelí y personajes como Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, estaban realizando sobre su intención de sancionar a la Corte si finalmente se atrevían a emitir unas órdenes de detención. El propio presidente Joe Biden las considera escandalosas (por lo que se refiere, obviamente, a los mandatarios israelíes).

Por otro lado, es bien sabido que la CPI no tiene capacidad ejecutiva para llevar a cabo por sí misma las detenciones que ordena, lo que la hace depender de la voluntad de los 124 Estados que han ratificado su Estatuto y que, en consecuencia, deben proceder a la detención en cuanto las personas afectadas pisen su territorio. Entre ellos no figura Israel (ni tampoco Estados Unidos), pero sí Palestina (desde 2015), y eso es lo que permite a la Corte atender los crímenes de guerra y contra la humanidad que puedan cometer tanto israelíes en el Territorio Ocupado como de los ciudadanos palestinos en Israel. Hasta hoy, de las aproximadamente 40 órdenes de detención emitidas, tan solo la mitad de las personas perseguidas han sido puestas a disposición de la Corte.

En todo caso, lo ocurrido ya está provocando reacciones inmediatas entre las partes directamente señaladas. Por…