América Latina y el Caribe, una de las regiones del mundo con mayor biodiversidad y abundancia de agua dulce y bosques, está sufriendo, como el resto de continentes, sequías que ralentizan la actividad minera, reducen las cosechas destinadas a la exportación y provocan cortes de energía provenientes de fuentes ­hidroeléctricas, muy importantes en Brasil y Chile, entre otros países.

La minería, la agricultura y la ganadería intensivas consumen agua a unos niveles insostenibles en medio de una de las mayores sequías que se recuerdan en Brasil y el Cono Sur, afectando la estabilidad hidrológica de todo tipo de ecosistemas. Según WWF, en los últimos 13 años se han perdido cinco millones de hectáreas en el Gran Chaco, que incluye partes de Argentina, Bolivia y Paraguay. El suelo erosionado por la deforestación no puede retener el agua cuando llueve, creando un círculo vicioso ecológico.

El sector agrario argentino estima que la sequía hará caer este año la producción de cereales a 11,4 millones de toneladas, frente a 12,7 de 2020. El ministro de Minas y Energía brasileño, Bento Albuquerque, estima que las pérdidas de energía hidroeléctrica ya equivalen a cinco meses de consumo de Río de Janeiro. En Bolivia, el lago Poopó, el segundo mayor del país, se secó por completo en 2015. Chile lleva 13 años de sequía, provocada, entre otras cosas, porque las corrientes de agua cálida del Pacífico Sur causadas por el fenómeno de El Niño alteran los patrones pluviales continentales. El gobierno de Santiago ha declarado en emergencia hídrica a ocho de las 16 regiones chilenas, que registran entre un 62% y un 80% menos precipitaciones.

Duncan Christie, paleoclimatólogo de la Universidad Austral de Chile, estima que para 2100 el país recibirá un 30% menos de lluvia que hoy. Según Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, la producción de cobre (10% del PIB), intensiva en consumo de agua, caerá este año entre un 2,6% y un 3,4%, lo que provocará pérdidas por valor de 1.700 millones de dólares.

Como en todo el mundo, la crisis está dando prioridad al desarrollo de políticas medioambientales sostenibles. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Joe Biden prometió duplicar la asistencia a los países en desarrollo, hasta 11.000 millones anuales en 2024, para que puedan hacer frente al cambio climático. El 12 de junio, el presidente de EEUU presentó ante el G7 la llamada iniciativa B3W (siglas en inglés de “Reconstruir un mundo mejor”) para invertir en salud, inclusión digital y obtener cadenas de suministro sin contaminantes.

Para no quedarse atrás, en su intervención telemática ante la ONU, el presidente chino, Xi Jinping, prometió que China ayudará a los países del Sur global a desarrollar energías verdes y bajar sus emisiones de carbono.

Si Pekín, Washington y Bruselas cumplen sus compromisos de ayuda para emprender la transición energética, América Latina podrá innovar en sectores donde disfruta de claras ventajas comparativas como la energía solar, eólica y geotérmica.

Pese a las distancias políticas e ideológicas que separan al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, de la actual Casa Blanca, el consejero de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, ha ofrecido apoyar a Brasil para la preservación de la Amazonía, generando empleos verdes para sus pobladores e involucrando en el esfuerzo a un conjunto más amplio de interlocutores.

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático advierte de que la urbanización, la sobreexplotación de los recursos, la pérdida de hábitats naturales, la contaminación y el tráfico ilegal de animales afectan de modo severo a la fauna y floras nativas. En Argentina, según organizaciones medioambientales, en los últimos 20 años se han perdido 6,5 millones de hectáreas de bosque nativo, el 87% en el Chaco, segundo foco de deforestación suramericano tras la Amazonía.

Para Centroamérica y el Caribe, la crisis climática es una amenaza existencial por los efectos devastadores de huracanes cada vez más potentes y destructivos debido al aumento de temperaturas de la superficie marina. Dado que El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran entre los países más vulnerables al cambio climático, la creación de empleos verdes contribuiría a mitigar las migraciones de indocumentados a EEUU. ●