Durante la última cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el 23 y 24 de enero en Buenos Aires, el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, comentó que Uruguay, el hermano menor de Mercosur, debe ser cuidado por Brasil y Argentina, como todos los hermanos mayores cuidan de los pequeños. El senador uruguayo Sebastián Da Silva le contestó: “No creo que ningún uruguayo quiera ser cuidado por un ministro con una inflación como la argentina”, y le aconsejó que hablara con su colega, Azucena Arbeleche, para que le diera unos “sensatos consejos”.

Uruguay ha cerrado 2022 con una inflación del 8,29%, frente al 94,8% de Argentina; su ingreso per cápita es el más alto de la región (17.000 dólares); la tasa de pobreza, la más baja (7%), y su coeficiente Gini de desigualdad está cercano al de Francia. Este año el PIB uruguayo crecerá un 3,6%, más del doble de la media regional. Solo el 14% de los uruguayos califica como mala su situación económica. Mientras, el 90% de los uruguayos mayores de 65 años tiene pensiones de jubilación, los trabajadores, seguros de desempleo y las familias pobres, transferencias de efectivo.

Nada de todo esto es barato. Uruguay recauda cerca del 27% de su PIB en impuestos, frente a la media del 22% de América Latina, aunque aún muy por debajo de la media de la OCDE (34%). Según Nicolás Saldías, analista de la Economist Intelligence Unit (EIU), el sistema uruguayo se basa en una especie de “consenso socialdemócrata”: las empresas públicas dominan el sector petrolero, los préstamos hipotecarios y hasta la transmisión de datos por internet. El 20% de los trabajadores está empleado en el sector público, según el Banco Mundial. Las reformas –privatizaciones, amnistías– se aprueban en referéndum y plebiscitos.

El secreto del…