Argentina, dividida por la muerte de Nisman

La controversia en torno a la muerte del fiscal Alberto Nisman se ha convertido en el símbolo de una Argentina desestructurada. Instituciones clave del Estado argentino, como la judicatura, la presidencia y los servicios de inteligencia están librando un enfrentamiento cada vez menos soterrado. Con las elecciones presidenciales en el horizonte (la fecha clave es el 25 de octubre, pero en agosto comienza el proceso de primarias), la situación del país es cada vez más volátil.

Existen varias hipótesis en torno a la muerte de Nisman. El fiscal, que acababa de presentar una denuncia contra Cristina Fernández, fue hallado muerto por un disparo en su apartamento el 18 de enero. Nisman acusaba a la presidenta argentina de «decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA» (un atentado contra un centro judío porteño en 1994, saldado con 85 víctimas). El objetivo, según el fiscal, era «liberar a los acusados y fabricar la inocencia de Irán”. Tras su muerte, la presidenta asumió primero que se había suicidado. Acto seguido se mostró “convencida” de que los servicios de inteligencia estaban involucrados en su muerte.

A partir de aquí, todo son conjeturas. Las declaraciones contradictorias de Fernández han alimentado todo tipo de sospechas en torno a la presidenta y ha movilizado a la derecha en su contra. Pero la presidenta no es la única en el punto de mira. Fuentes cercanas a los servicios de inteligencia israelíes afirman que Nisman fue asesinado por un falso disidente iraní que trabajaba para Teherán. Otra hipótesis señala que el fiscal actuaba dirigido por la CIA, empleando como enlace a Antonio Stiuso, la eminencia gris de la Secretaría de Inteligencia. Stiuso, que ingresó en el SI antes de la dictadura militar, fue puesto al frente de la organización por Néstor Kirchner, pero dado de baja por Fernández en diciembre. Según esta versión, Stiuso podría haber entregado a Nisman la información que necesitaba para su caso, y acto seguido haber acabado con el fiscal para incriminar a la presidenta.

Independientemente de quien lo haya perpetrado, el crimen revela aspectos inquietantes de la situación política en Argentina. En primer lugar, los servicios de inteligencia permanecen enfrentados con la presidencia. A finales de enero Fernández disolvió el SI, sustituyéndolo con la Agencia Federal de Inteligencia. Parte de las competencias de la SI, como las escuchas telefónicas, han sido transferidas a la Procuradora General de la Nación, la kirchnerista Alejandra Gils Carbó. Fernández ha presentado estas reformas como un hito necesario en la democratización del SI, que nunca se llegó a desprender de un pasado ligado a la dictadura militar, pero la tensión con servicios de inteligencia es palpable.

La judicatura también está dividida y enfrentada con el gobierno. Gerardo Pollicita, encargado de proseguir la causa de Nisman, no retirará las acusaciones a Fernández. La marcha silenciosa convocada el 18 de febrero por los jueces contra la presidenta reunió a 400.000 asistentes, entre ellos figuras destacadas de la oposición como Sergio Massa y Mauricio Macri. En un informe reciente del Foro Económico Mundial, Argentina ocupaba el puesto 127 de 144 países valorados en función de la independencia de su sistema judicial.

Un dolor de cabeza añadido lo presenta el estado de la economía argentina. La disminución del crecimiento chino supone un varapalo para las exportaciones argentinas. Tras el default selectivo de julio, el acceso a crédito internacional es limitado. Juan Carlos Fábrega, gobernador del banco central, dimitió en octubre tras menos de un año en el puesto. Aunque la inflación oficial en 2014 fue del 16%, la cifra real está más cerca del 40%. Más y más argentinos están abandonando el peso a favor del dólar, pero existen múltiples restricciones para el empleo de la moneda estadounidense.

Fernández, cuyo segundo mandato termina este año, no puede presentarse a una reelección. Pero eso no evitará la polarización. La competición entre los principales candidatos –Daniel Scioli por parte del peronismo oficial, el peronista rebelde Sergio Massa y el conservador Mauricio Macri– estará marcada por los eventos con los que Argentina ha inaugurado el año.