América Latina: balance electoral de medio año

Tomar el pulso a una región tan heterogénea como América Latina es una tarea siempre compleja y más cuando se trata de una dimensión tan esquiva como la política. Y es así porque al carácter subjetivo de la política, configurado por el peso de los valores y sus inevitables sesgos, se añade la acumulación de numerosos factores derivados del peso del pasado, así como del entorno social y económico, y de la maraña de instituciones que pretenden poner orden en el proceloso mundo de las relaciones de poder.

Al final de la década pasada, la política latinoamericana daba sobradas muestras de hallarse en una situación de democracia fatigada. Ello se traducía, a pesar del mantenimiento de elecciones razonablemente libres y competitivas como mecanismos de asegurar la alternancia y cierta rendición de cuentas, en un malestar social generalizado, el incremento de la desconfianza en las principales instituciones y la minusvalorización de la democracia. Este escenario recababa una práctica asentada a lo largo de tres décadas que, sin embargo, veía cómo surgían excepciones. Los casos de Venezuela, Nicaragua y el siempre menos conocido de Honduras eran los más llamativos. Después, la pandemia devastó la región colapsando los precarios sistemas sanitarios, produjo un número muy elevado de víctimas, hizo desplomarse las economías, incrementó la pobreza y la desigualdad, alentó el recelo en los decisores públicos y concentró aún más los poderes en el ejecutivo.

El panorama de la región, sobre la base de los resultados electorales registrados durante el primer semestre de 2021 –lo cual deja de lado el análisis de Colombia, país que vive un proceso de intensas movilizaciones populares desde el 28 de abril–, se describe sucintamente en los párrafos siguientes.

Las elecciones legislativas en El Salvador, con una leve mejora en la participación –pero apenas superada la mitad del censo–, consolidaron un escenario de bonapartismo en la figura del presidente Nayib Bukele y sancionaron la aparición de un nuevo partido con vocación hegemónica, Nuevas Ideas. Esta formación, articulada por un programa confuso, está integrada por caras nuevas alineadas en torno al tirón que protagoniza el caudillo más joven de la región. El alto apoyo legislativo del que goza el poder ejecutivo, unido a la elevada popularidad del presidente, se ha proyectado en la manipulación inconstitucional del poder judicial, con el consiguiente deterioro democrático.

«Las elecciones en El Salvador han consolidado un escenario de bonapartismo en la figura de Bukele, cuya manipulación del poder judicial deterioran la democracia»

En Bolivia, las elecciones municipales y departamentales, con una participación en torno a las cifras habituales del país del 80%, mostraron la pujanza mayoritaria del Movimiento al Socialismo (MAS) tras 15 años en el poder frente a una oposición muy fragmentada. El MAS mantuvo el 48,3% del voto popular (frente al 53,5% en 2015), ganó 240 de los 336 municipios del país (en 129 consiguió mayoría absoluta) y tres de los nueve departamentos, debiendo ir a segunda vuelta en cuatro. El gobierno de Luís Arce, elegido a finales de 2020, consolida así con cierta calma el legado de Evo Morales, que suelta las riendas de control del partido pasando, de alguna manera, a segundo plano.

Dieciséis candidatos se enfrentaron en la primera vuelta celebrada en Ecuador en febrero de 2021, en la que la participación se alzó hasta el 81%. Los dos candidatos más votados concentraron poco más del 52% y entre el segundo y el tercero el recuento oficial señaló una exigua diferencia de 30.000 votos, impugnada por el candidato de una coalición suscitada alrededor del partido indígena Pachakutik, Yaku Pérez. Andrés Arauz, depositario del capital político del expresidente Rafael Correa, imposibilitado para ser candidato y huido de la justicia ecuatoriana, se enfrentó en la segunda vuelta al banquero guayaquileño y varias veces candidato Guillermo Lasso, que acabó alzándose con la victoria. El voto en blanco y nulo, en comicios donde el sufragio es obligatorio, pasó del 12,6% en la primera vuelta al 17,9% en la segunda. El errático gobierno de Lenín Moreno, delfín de Correa, pasará a la historia como uno de los más irrelevantes. En cuanto a los resultados de las elecciones legislativas, Ecuador volvía a tener una Asamblea muy fragmentada, como sucedió desde 1979 hasta el afianzamiento del correísmo, con la presidencia histórica de una mujer indígena amazónica del Pachakutik, Guadalupe Llori.

El 11 de abril, además de Ecuador, Perú celebró sus elecciones legislativas y la primera vuelta de las presidenciales, ante las que volvieron a concurrir un número récord de candidatos, confirmando que la política en el país alcanza unas altas cotas de individualismo. Tras la primera vuelta, Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular lograron pasar a la segunda vuelta, recabando entre ambos algo menos de un tercio del electorado, el menor bagaje recogido por las dos candidaturas más votadas en los últimos 40 años. En la segunda vuelta celebrada el 6 de junio, con un incremento de 4,6 puntos en la participación, Castillo se alzó con el triunfo superando en poco más de 40.000 votos a Fujimori (0,4% del total sufragado). Un margen muy similar con el que Pedro Pablo Kuczynski derrotó a la propia Fujimori en 2016, quien también había perdido las elecciones de 2011 frente a Ollanta Humala, pero entonces por un margen mayor del 3%.

«La principal debilidad de Castillo radica en el antagonismo que mantiene con el líder de su partido, Cerrón, y en el escaso apoyo parlamentario con el que cuenta»

Castillo goza de reducida experiencia política y es más conocido como líder del sindicato de maestros. Su principal debilidad radica en el hecho de haber sido el candidato de un partido del que no se hizo miembro sino para concurrir a las elecciones y con el que mantiene cierto antagonismo con su líder, Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín, pero también por tener un apoyo parlamentario muy limitado, ya que apenas cuenta con un grupo propio de 37 diputados. De ellos, una veintena son completamente fieles a Cerrón, un político formado como médico en Cuba y que milita en la extrema izquierda, estando inhabilitado para ejercer la política por corrupción. A los 37 podrían sumarse solo los cinco de Juntos Por el Perú, en un Congreso compuesto por 130 miembros. Este escenario hace inviable sacar adelante una de las propuestas de Castillo, la convocatoria de una Asamblea Constituyente, además de hacer muy difícil su acción de gobierno, cuyo eje fundamental se articula sobre un estatismo social (“economía popular con mercado”) y sobre valores conservadores. Todo ello en un contexto nacional donde el Congreso es muy poderoso, viniendo de destituir a tres presidentes en el periodo 2016-2021, en cuyo interludio el propio Parlamento fue disuelto constitucionalmente por el presidente, debiéndose elegir uno nuevo en 2020.

Chile, después de un aplazamiento, celebró comicios el 15 y 16 de mayo para alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes, donde la mira también estuvo puesta en las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, en las que el presidente, Sebastián Piñera, no será candidato. A la circunstancia de tratarse de una cita para elegir una Asamblea de 155 miembros que intentará elaborar una nueva Constitución en el plazo de doce meses –requiriéndose una mayoría de dos tercios que reemplace a la redactada bajo el régimen de Pinochet en 1980 y luego varias veces reformada– se unió el hecho histórico de que las elecciones de los gobernadores de las 16 regiones del país eran por primera vez por mayoría absoluta a doble vuelta, quebrándose así el tradicional centralismo del país. Si en el referéndum de octubre de 2020, también retrasado por la pandemia, que decidió la apertura del proceso constituyente y su mecanismo, se dio una participación del 50,9%, en la cita de mayo acudió a las urnas el 44% del electorado, una cifra que disminuyó aún más en la segunda vuelta. De los 155 miembros, en los que por primera vez en la historia del país hay paridad de género, 48 convencionales se postularon por listas independientes de los partidos políticos, es decir, el 31%. Si se les suma los 40 electos que no militan, pero que llegaron a la papeleta amparados por alguna colectividad –de diferentes sectores–, la cifra de independientes en el órgano llega a un 64%, sin contar los 17 escaños reservados para los pueblos indígenas. Es decir, habrá solamente 50 constituyentes que militan en partidos políticos.

«La cifra de miembros independientes en la Asamblea Constituyente de Chile llega al 64%, sin contar los 17 escaños reservados para los pueblos indígenas en un órgano de 155 asientos»

El 6 de junio, México eligió a 15 gobernadores, 500 diputados, 30 congresos locales y casi 2.000 alcaldes en unos comicios que contaron con una participación ligeramente superior al 50%, constituyendo una cifra superior a la media en elecciones de medio término anteriores. Las elecciones se celebraron en un clima de cierta violencia, con activa presencia del crimen organizado en algunos Estados, llegando a contabilizarse al menos 88 políticos asesinados en los nueve meses previos a los comicios. Si bien el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no mermó en su apoyo político en la mitad de su mandato, como venía siendo tradicional en sus predecesores, su fuerza en el legislativo disminuyó, alejándose de la mayoría calificada que le habría dado el control irrestricto de la ansiada reforma política, quedando en manos de sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (7,8%) –un partido ideológicamente equívoco y de hechura empresarial– y el Partido del Trabajo (4,6%), para mantener la mayoría absoluta. No obstante, el partido del presidente, Morena (39,4%), a pesar de perder alcaldías en la Ciudad de México, expandió su presencia en los Estados al incrementar hasta 16 (de 32) el número de gobernaturas que pasa a controlar.

Finalmente, y en la medida en que Nicaragua debe realizar elecciones presidenciales a finales de año y por tratarse de uno de los casos más flagrantes de deterioro democrático, su situación debe abordarse como exponente de un caso nacional con evolución negativa. La cooptación de los poderes del Estado y la falta de garantías del proceso electoral avizoran un escenario sombrío. El hostigamiento de la oposición, a través de una judicatura controlada por el gobierno, con varios líderes opositores detenidos por distintos motivos desde la primera semana de junio, muestra sin lugar a ninguna duda el carácter autoritario del régimen político.