Amarga victoria para Erdogan, amarga derrota para la oposición

Tras conocer los resultados del referendum turco del 16 de abril, la rapporteur sobre Turquía del Parlamento Europeo, Kati Piri, compartía estas declaraciones: “En un ambiente electoral injusto, una estrecha mayoría de la población turca ha apoyado el paquete de reformas constitucionales que dará al presidente, Recep Tayyip Erdogan, poderes ilimitados que se corresponderán con un sistema autoritario”.

Por su parte, en un comunicado conjunto el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la alta representante para la Política Exterior y Seguridad Común (PESC), Federica Mogherini, y el comisario para la Política Europea de Vecindad y la Ampliación, Johannes Hahn, se hacían eco de los resultados del referéndum y declaraban: “Estamos esperando la valoración de la misión de observación internacional de la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa (OSCE)/ODIHR respecto a presuntas irregularidades. Las reformas constitucionales y especialmente su implementación en la práctica serán evaluadas a la luz de las obligaciones de Turquía como país candidato a la Unión Europea y como miembro del Consejo de Europa”. Las declaraciones expresan una cauta aproximación tanto al resultado del referéndum como a la esencia del mismo.

El cambio hacia un sistema presidencialista

Desde que Erdogan llegó a la presidencia por elección directa en el verano de 2014, el nuevo jefe de Estado expuso abiertamente su deseo de llevar a cabo una presidencia fuerte y promovió la adopción de una nueva Constitución que sentaría las bases de un sistema presidencialista. En un primer momento, solo el partido de la Justicia y Desarrollo (AKP) cofundado por Erdogan en 2001 apoyó este viaje constitucional. Las elecciones generales de noviembre de 2015 otorgaron por cuarta vez la mayoría absoluta al AKP, tras haberla perdido en las elecciones generales celebradas en junio de ese año, que fueron repetidas cinco meses después al no culminar en la formación de un gobierno de coalición. Tanto las misiones de observación de la OSCE como de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, en inglés) expresaron su preocupación por las dificultades que habían tenido los partidos de la oposición para llevar a cabo la campaña política en aquellos cinco meses.

El entonces nuevo primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, mostró divergencias con el presidente en cuanto al tiempo y la forma del cambio constitucional, abogando por una Constitución que abrazara un “amplio consenso”. El deteriorio en las relaciones entre ambos promovieron la sustitución del Davutoglu por Binali Yildirim en 2016, una figura más alineada con las posiciones de Erdogan.

Tras el shock que supuso el intento de golpe de Estado de julio 2016, se decretó el estado de emergencia, vigente hasta la actualidad y bajo el que se ha llevado a cabo una intensa purga que ha expulsado o suspendido de sus empleos a más de 100.000 funcionarios de todos los sectores de la administración. Se calcula la cifra de al menos 37.000 detenidos, así como el encarcelamiento de unos 150 periodistas y el cierre de un número similar de medios de comunicación. A su vez, medios internacionales como la BBC o asociaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional se han hecho eco de graves denuncias de tortura entre grupos de detenidos tras el intento golpista. En este clima, el líder del partido ultranacionalista turco, Partido de Acción Nacionalista (MHP), Devlet Bahçeli, se posicionó finalmente a favor de la reforma constitucional con el argumentario de traer más estabilidad al país.

A principios de 2017, el Parlamento turco votó 18 enmiendas constitucionales en medio de un tenso y apresurado debate que enfrentó en la Asamblea al AKP y al MHP por un lado, y, por otro, al partido Republicano del Pueblo (CHP), principal grupo de la oposición, y al partido prokurdo Partido Democrático del Pueblo (HDP). Los líderes del HDP Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, junto a otros 11 diputados, habían sido encarcelados en el contexo de la purga tras el intento de golpe de Estado. En dicho debate algunos diputados del AKP cometieron irregularidades al mostrar públicamente su voto a favor de las reformas, pese a que la legislación vigente estipulaba el voto secreto.

Características del nuevo sistema

Las reformas de Erdogan implican la concentración de todo el poder ejecutivo en manos del presidente de la república, con la desaparición del puesto de primer ministro. El presidente podría elegir a los miembros de su gabinete y a un número indeterminado de vicepresidentes sin necesitar el visto bueno del Parlamento. Este, a su vez, solo podría proponer preguntas escritas a los ministros y no orales, y las preguntas no podrían estar dirigidas al propio presidente. El jefe del Estado, además, puede presidir un partido político –según la Constitución actual, el presidente debe mantenerse neutral en la política partidista– lo que le conferiría la posibilidad de liderar también la mayoría en el Congreso. En un sistema político donde prevalece la disciplina de partidos este hecho supondría el control del legislativo de facto por parte del poder ejecutivo.

Las reformas también incrementan los poderes legislativos del presidente a través de decretos presidenciales, y aumenta su influencia a la hora de nombrar a altos cargos de la administración, así como a miembros de la judicatura. En este sentido, es clave el poder de designación por parte del presidente de cuatro de los miembros del Consejo Superior de Jueces y Fiscales, mientras que siete miembros serían designados por el Parlamento, terminando de conformar este órgano el ministro de Justicia, quien lo preside, y el subsecretario, cargo que presumiblemente también podría elegir el presidente. Si bien el número de diputados se incrementaría de 550 a 600, disminuye su poder de control al gobierno, y aunque puede promover investigaciones sobre delitos cometidos por el presidente, las mayorías cualificadas necesarias para ello son tan amplias que se plantean como poco probables.

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha expresado su preocupación por el régimen político que podría resultar tras la implementación de estas reformas, puesto que se han diluido los contrapesos entre los tres poderes y el ejecutivo presidencial, si así lo deseara, tendría el camino allanado para imponer su voluntad en el poder legislativo y el judicial si se se dieran las condiciones adecuadas, aquellas en las que el presidente y el partido con mayoría absoluta en la Asamblea coincidieran en color político.

Las condiciones del referéndum del 16 de abril

En su informe adoptado por la sesión plenaria entre el 10 y el 11 de marzo de 2017, la Comisión de Venecia no solo expresa su preocupación por el contenido de las reformas, sino por el contexto en que iba ser llevado a cabo el referéndum que habría de aprobarlas o rechazarlas; con el país en estado de emergencia, con diputados de un importante partido de la oposición en la cárcel, y con un número significativo de medios de comunicación críticos con el gobierno cerrados, acompañado del encarcelamiento de más de 150 periodistas. El propio debate parlamentario se ha producido con demasiada urgencia y, lejos de lograr consenso, ha generado una acusada polarización parlamentaria.

Por otra parte, el Consejo Superior Electoral perdió a través de un decreto su capacidad de sancionar a los medios de comunicación privados que no cumplieran el requisito de imparcialidad a la hora de cubrir la campaña. Aunque fue permitido hacer campaña a favor del No, se produjo una especie de censura selectiva que dificultó la defensa de esta posición frente a las reformas.

Los resultados electorales dieron la victoria al Sí por un estrecho margen; 51,4% frente a 48,6% con el 98,3% de los votos escrutados. La oposición, por su parte, ha denunciado los resultados, ya que el Consejo Superior Electoral, en una decisión de última hora, decidió aceptar como válidas las papeletas que no contaran con el debido sello que garantiza su autenticidad. Según cálculos de la oposición, un millón y medio de papeletas podrían ser invalidadas de acuerdo a esta premisa legal.

En este contexto, según la agencia estatal de noticias Anadolu Agency, líderes de Azerbaiyán, Catar, Palestina, Hungría, Macedonia, Arabia Saudí, Pakistán, Sudán y Kenia expresaron sus felicitaciones en diversas llamadas y declaraciones. El Kremlin ha pedido, por su parte, que se respete la voluntad del pueblo turco. La posición de la UE y, presumiblemente, de la Casa Blanca dependerá de las valoraciones que sobre la campaña electoral y el día de referéndum lleve a cabo la misión de observación de la OSCE, que ya ha señalado la desigualdad de oportunidades durante la campaña, la gran cobertura mediática a favor del Sí, y las limitaciones de libertades fundamentales, que habrían supuesto una competición en desventaja para los partidarios del No. La misión también considera que el resultado se había visto afectado por cambios procedimentales de última hora en el recuento de votos.

En Turquía, si bien la anulación del referéndum planteada por el CHP y la revisión de un importante porcentaje de los resultados que solicita el HDP podrían ser finalmente desestimadas, dejan un poso de ilegitimidad sobre las reformas constitucionales. Aunque Erdogan cuenta con más poder tras la aprobación de las reformas, se ha constatado una pérdida de apoyos: en las tres grandes ciudades turcas, Estambul, Esmirna y Ankara, venció el No.

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