Alfombra Roja: Berta Cáceres

“Nos encontramos ante males con siglos de antigüedad, producto de la dominación. Hay un sistema racista implantado que se sustenta y se reproduce por sí mismo”

El 3 de marzo se cumple un año del asesinato de la activista social y medioambiental Berta Cáceres, la Guardiana de los Ríos. Cáceres afirmaba que su lucha tenía que verse como algo compartido más allá de las fronteras de Honduras, un país que no se presta a la reivindicación medioambiental, donde las amenazas a la integridad física de los activistas son moneda común. Su asesinato sigue envuelto en el misterio.

Cáceres estuvo involucrada desde temprana edad en el activismo, a través del ejemplo humano de su madre, Austra Flores López, quien compartió con ella principios morales de justicia social y defensa de las comunidades indígenas. La familia Cáceres pertenece a la etnia lenca, la comunidad indígena más numerosa de Honduras. La cosmovisión lenca está muy arraigada en el respeto y defensa de la naturaleza, medio esencial de vida para sus miembros. Los ríos son figuras sagradas en su imaginario colectivo, pues en su interior guardan los espíritus de las mujeres y niñas de la comunidad, que son sus guardianas.

Cáceres se involucró en el activismo desde muy joven, participando en organizaciones estudiantiles, hasta que en 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). A través de esta ONG estuvo presente en distintos frentes de la lucha social, como la tala ilegal de los bosques hondureños, o la explotación en grandes plantaciones.

En 2006, llamó a su puerta la mayor lucha que mantuvo contra los poderosos. La comunidad lenca de Río Blanco acudió ese año al Copinh, solicitando su ayuda frente a un megaproyecto hidroeléctrico que estaba empezando a construirse en el río Gualcarque, sagrado como se ha dicho para la comunidad, y vital para su supervivencia. La empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA, DESA, con inversión financiera de la entidad china Sinohydro, una de las más grandes del sector, y de la Corporación Financiera Internacional –perteneciente al Banco Mundial–, entre otras, comenzaron las operaciones para construir cuatro presas en diferentes zonas del río, entre ellas una especialmente importante para los lenca, donde querían instalar la presa Agua Zarca.

La primera reivindicación del Copinh, más allá de la preservación de la naturaleza del lugar, fue la violación del derecho del pueblo lenca a una información y consulta debidamente implementada ante cualquier medida que pudiere afectar a su vida social o entorno natural; según se articuló en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en 1989. Ese Convenio, sobre pueblos indígenas y tribales, fue ratificado por Honduras en 1995.

En 2009 se complicó la situación para los “defensores de la tierra y el mar” hondureños, pues tras el golpe de Estado que puso fin al gobierno izquierdista de Manuel Zelaya, firmemente opositado por la propia Cáceres, se encrudecieron las medidas de represión policial y judicial, y se abrió la veda a una expansión de privatizaciones y acuerdos para megaproyectos energéticos en el país. Un 30% del territorio nacional pasó a manos privadas para fines de extracción minera.

No es país para activistas

Honduras no es un país que se preste a la reivindicación medioambiental. Según el informe de 2015 “En terreno peligroso” de Global Witness (dedicado a la memoria de Cáceres), Honduras es el país per cápita más peligroso para ser un defensor medioambiental, con al menos 109 personas asesinadas entre 2010 y 2015, máxime para los indígenas. “Las cifras son espeluznantes. Documentamos 185 asesinatos en 16 países, lo que supone un aumento del 59% respecto a 2014, además de la cifra anual más alta que se ha registrado”.

La región del Bajo Aguán es la más peligrosa dentro del país: de los 111 asesinatos de activistas registrados entre 2002 y 2014 en Honduras, más de 80 han ocurrido en esta zona, solo en los últimos tres años. En términos absolutos, el país con mayor número de muertes sigue siendo Brasil, pero cuando se analiza las cifras en relación a la población, Honduras es el país más peligroso del mundo para enfrentarse a la explotación de recursos naturales.

A esto se suman las particulares condiciones de corrupción política y policial a las que se enfrentan los activistas hondureños. Las fuerzas de seguridad del país, superadas en escala cuatro a uno por las fuerzas de seguridad privadas, muestran constantes signos de corrupción y abuso de poder. Según una encuesta de 2016, el 59% de los hondureños no confía en la policía nacional, y por su parte las Fuerzas Armadas tienen un índice de desaprobación del 43%. En un país donde el 90% de los delitos quedan impunes, Berta Cáceres era consciente de todos los riesgos que asumía al ponerse en primera línea defensiva, máxime cuando en 2010, dadas las dificultades por hacerse oír, la activista llevó la protesta a la capital, Tegucigalpa.

El proceso

La defensa del río Gualcarque tuvo un punto de inflexión en 2013. En mayo detuvieron a Cáceres por tenencia ilícita de armas, según ella “plantada” por la propia policía en su vehículo; en julio el ejército asesinó a su compañero Tomás García e hirió de gravedad a su hijo; y de agosto a febrero de 2014 Cáceres se vio envuelta en la vorágine del proceso judicial por el que la fiscalía pedía cárcel para ella y dos compañeros activistas, acusándoles de usurpación, coerción y daños continuados a la propiedad de DESA. Esta empresa desplegó un completo argumentario con la intención de desprestigiar, demonizar incluso, a Cáceres y al Copinh, junto a la causa de todas las compañeras activistas que no habían cedido en la cansada lucha contra Agua Zarca.

Entre el impacto que generó el asesinato de Tomás García y el bloqueo humano pacífico que el grupo de activistas ejerció contra la maquinaria y personal de DESA durante un año, la empresa Sinohydro y la rama financiera del Banco Mundial abandonaron el proyecto, que se encuentra suspendido por el momento. Cáceres continuó exigiendo, hasta el final, que el resto de empresas con fondos invertidos en Agua Zarca cesaran en su participación, como la alemana Voith Hydro o Siemens. Las constantes amenazas de muerte a su persona y sus seres queridos, la persecución y abuso por parte de la seguridad privada de la empresa, y las cuatro denuncias de la propia Cáceres por la muerte de compañeros activistas, llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a requerir medidas de protección especiales para Cáceres. Medidas que en la noche de su asesinato no estaban siendo implementadas, supuestamente por un error en el registro de la dirección a la que se había mudado la activista para salir de las afueras de La Esperanza.

El éxito de la campaña le dio a Cáceres un renombre mundial como activista, que en 2015 le llevaría a recibir el Premio Goldman de Medio Ambiente. Pero el prestigio y el reconocimiento internacional a su labor y persona no evitaron su asesinato, con lo que ello implica para la seguridad de todas aquellas defensoras desconocidas que mantienen la lucha activa, como se plantea la responsable de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas. Su asesinato sigue envuelto en grandes incógnitas. Ante los subterfugios oficiales, que enfocaban el crimen como un acto pasional o como un intento de robo, la familia de Cáceres siempre ha defendido que este ha sido otro caso más de “crimen político” y reivindicado la necesidad de una investigación internacional eficiente para determinar culpables. Las investigaciones parecen apuntar a una conspiración maquinada por mensajería encriptada entre oficiales vinculados al ejército –entrados por Estados Unidos– y a la empresa DESA, aunque a paso de tortuga. Como informa The Guardian, de las ocho detenciones sucedidas a raíz del asesinato desde mayo de 2016, solo un sospechoso, Hernández Rodríguez, ha declarado en juicio y admitido ser cómplice del plan, aunque “bajo coacción”. Uno de los frentes abiertos del caso es la supuesta aparición del nombre de Cáceres en una “lista de aciertos” (hitlist) difundida entre miembros del ejército entrenados por EEUU.

Sin embargo, el asesinato de Cáceres no sólo ha despertado indignación e impotencia por la lentitud y deficiencia del proceso judicial; sino que ha motivado mayores esfuerzos tanto del Copinh como de asociaciones amigas por “la defensa de aquellas que nos defienden”. En EEUU la familia de Cáceres y el Copinh mantienen la campaña de recogida de apoyos para la aprobación de la Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act por el Congreso estadounidense, que cortaría el apoyo financiero y militar a Honduras (principalmente como “aliado” en la War on Drugs) hasta que se mejore el control y chequeo de las fuerzas de seguridad del país y se garantice el respeto a los derechos humanos, sobre todo de los pueblos indígenas.

La lucha sigue

Como estipulaban en un comunicado desde La Esperanza en julio de 2016, “el Copinh reafirma la lucha por la vida en defensa del Río Gualcarque, un río sagrado donde el espíritu de nuestra Berta vive, junto con los espíritus de las niñas y todos los mártires de Río Blanco: exigimos la cancelación inmediata y definitiva del Proyecto Agua Zarca, el alto a la represión contra el Copinh y el pueblo Lenca, no queremos más asesinatos por defender el Río Gualcarque.” Ese año, el Programa Medioambiental de Naciones Unidas le premiaba póstumamente como Champion of the Earth por su “acción e inspiración”. A este galardón se sumaba el 1 de marzo el premio Artemio Precioso, que será otorgado por Greenpeace a su hija, Laura Zúñiga Cáceres, el 24 de este mes.

Cáceres logró despertar a la humanidad, e inspirarla para que se involucre en la defensa de la naturaleza que nos alberga a todos. Ella misma remarcó en su día que su lucha tenía que verse como algo compartido más allá de las fronteras de Honduras. Una humanidad concienciada sobre la limitación de nuestros recursos, y dispuesta a defenderlos ante explotadores y magnates desconectados de las verdaderas necesidades de la Tierra, es el mayor regalo que podemos hacerle al mundo en este triste día. El día en que perdió a una gran aliada.