¿Es deseable la implantación de una renta básica en España? ¿Qué modelo o modelos volverían la propuesta más sostenible?

Vista hasta hace poco como una iniciativa inusual o incluso extravagante, la renta básica (RB) ha pasado a convertirse en una medida propuesta a izquierda y derecha, defendida (y también atacada) por economistas tanto liberales como heterodoxos. Han considerado aplicarla agentes tan dispares como Hillary Clinton, el Movimiento 5 Estrellas, Podemos y el gobierno finlandés, que recientemente desarrolló un programa piloto. Con todo, no deja de estar claro qué se propone cuando se debate la RB. Uno de los principales retos es entender qué tipo de propuestas de RB son viables y si, por lo tanto, la iniciativa es deseable en su conjunto. Preguntamos a diferentes economistas para centrar el debate.

Carmen Lizárraga | Doctora en Economía y Empresa. Profesora en la Universidad de Granada. @LIZARRAGAC

Conviene deshacer una confusión inicial sobre la renta básica. Bajo esta denominación se incluyen subsidios, rentas mínimas, garantizadas o de inserción social que se perciben una vez se ha alcanzado la situación de pobreza material, no de forma universal. Estos programas han fracasado en sus objetivos y los que se están llevando a cabo en el Estado español incumplen los requisitos establecidos en la Carta Social Europea, como denuncia el Comité Europeo de Derechos Sociales. Las rentas mínimas pueden mejorarse y su defensa es legítima, pero contradictoria con la reivindicación de garantizar una vida digna sin condiciones a toda la ciudadanía.

La renta básica (RB) es una asignación monetaria periódica, en efectivo, pagada por una comunidad política a todos sus miembros de manera individual e incondicional. Representa un cambio del enfoque ex post al ex ante, porque persigue garantizar la existencia material de toda la población sin condiciones de partida. Constitucionalmente, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad del individuo sea real y efectiva. Y no hay libertad si no se garantiza nuestro derecho a la existencia, independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer.

Por motivos de calidad y cantidad, el empleo remunerado está lejos de ser la vía para alcanzar esa libertad. La implantación de la RB es más que deseable en momentos de elevada desigualdad económica y en términos de capacidad efectiva de actuar, de decidir y de hacer. Sobre su sostenibilidad, Arcarons, Domènech, Raventós y Torrens han demostrado cómo financiar la RB mediante una reforma del IRPF que beneficiaría al 80% de la ciudadanía.

Las condiciones de trabajo para la gente más joven son insostenibles e irreconciliables con la libertad y la justicia social. Frente a esta realidad, la RB aumentaría la capacidad de decisión y negociación a la hora de buscar empleo. Además, su implantación tendría como consecuencia la erradicación de la pobreza material y la reducción de las desigualdades. La RB proporcionaría mayor libertad real y efectiva para toda la ciudadanía con un futuro de capacidades, superando el asistencialismo y la caridad.

José Antonio Noguera | Profesor Titular de Sociología, Universitat Autònoma de Barcelona. @JOSENOGUERAUAB

La renta básica (RB) es una idea atractiva, pero su deseabilidad depende de tres factores. En primer lugar, de su cuantía. Una RB más baja que las actuales prestaciones no contributivas no valdría la pena y podría empeorar la situación de muchos hogares desfavorecidos mientras transfiere recursos a hogares con rentas altas, al ser un derecho individual.

En segundo lugar, de su diseño: debería determinarse a qué prestaciones existentes sustituye (en todo o en parte) y cómo se integra con la imposición sobre la renta. Dependiendo de todo ello, algunas de sus ventajas teóricas podrían verse contrarrestadas por nuevos controles de ingresos o administrativos, o con pérdidas para algunos actuales beneficiarios de prestaciones.

En tercer lugar, de su viabilidad financiera. En un país con recursos naturales abundantes bajo control público, se podría financiar un dividendo social universal (como en Alaska). De lo contrario, será necesario aumentar sustancialmente la presión fiscal. Eso suscita la cuestión de sus costes de oportunidad y viabilidad política.

En un país como España, una RB afrontaría, por tanto, un trilema entre cuantía alta, viabilidad económica y conservación de la “pureza” de la idea. Mi opción es renunciar a la tercera, y concretamente, a la universalidad e individualización totales, a favor de mayor suficiencia y cobertura de los hogares pobres. A corto y medio plazo, la mejor opción es expandir las prestaciones por hijo a cargo, aprobar una renta garantizada con requisitos suaves para hogares en situación de pobreza y complementar determinados salarios para eliminar la trampa de la pobreza y combatir la pobreza laboral.

Miguel Sebastián | Economista. Profesor de la Universidad Complutense y autor de La Falsa bonanza. @MIGSEBASTIANG

Aunque el origen del concepto “renta básica universal” se remonta a Thomas Paine, un político liberal del siglo XVIII, el término ha cobrado relevancia recientemente, al incorporarse como propuesta de política económica en muchos países desarrollados. La renta básica universal es ahora una bandera de la izquierda en muchos países. Y lo es como un intento de respuesta a varias cuestiones: (i) aumento de la desigualdad de la renta, (ii) caída del peso de las rentas salariales sobre el PIB, (iii) impacto de la robotización sobre el empleo menos cualificado, que se excluiría del mercado de trabajo de forma permanente y (iv) como forma de reconocer el trabajo doméstico y de cuidado de niños, mayores y dependientes.

El debate crea confusión porque sus partidarios y detractores mezclan diferentes conceptos: el de “renta básica universal” (RBU, para todos los ciudadanos, por el hecho de serlo), el de “renta mínima o renta de inserción” (solo para parados de larga duración que hayan agotado su prestación de desempleo), el “complemento salarial” (solo para empleados con rentas bajas) o “el impuesto negativo de Friedman” (solo para trabajadores empleados que ganan por debajo de un determinado umbral y que, en su declaración fiscal, recibirían una renta en lugar de pagar un impuesto).

La renta básica universal no presenta ningún problema de incentivos, pues todos los ciudadanos la reciben de forma incondicional. El problema es su coste: para una renta básica de 500 euros al mes, tendríamos en España un coste agregado de unos 280.000 millones de euros, un 25% del PIB. A medida que empezamos a limitar su universalidad y se ponen condiciones para ser receptor de la misma, surgen los problemas de incentivos (desactivación, reducción de la oferta de trabajo, economía sumergida…) El dilema entre el problema del coste y el problema de los incentivos mantendrá vivo el debate en los próximos años.