¿Cómo encauzar el debate migratorio en Estados Unidos? ¿Qué medidas pueden emplearse en Centroamérica para limitar la emigración?

Un total 70,8 millones de niños, niñas, mujeres y hombres se vieron forzados a desplazarse de sus hogares en 2018, según los últimos datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Hoy se conmemora el Día Mundial del Refugiado y sabemos que el número de personas que abandonan sus países de origen a causa de la guerra, los conflictos y la persecución fue el pasado ejercicio el doble que hace 20 años. En este contexto, Estados Unidos y México acaban de firmar un acuerdo migratorio que obliga a las autoridades mexicanas a reforzar sus controles migratorios y a asumir la gestión de los solicitantes de asilo en EEUU. Preguntamos a los expertos cómo podría encauzarse el debate migratorio en EEUU y qué medidas pueden emplearse en Centroamérica para limitar la emigración.

Tiziano Breda | investigador del Triángulo Norte y Nicaragua en Crisis Group. @TizBreda  

La creciente desesperanza y el descontento hacia el estado, la violencia criminal tan profundamente arraigada, los altos índices de pobreza y los efectos del cambio climático son los principales impulsores de la migración hacia el Norte.

Una forma constructiva de abordar la migración en Centroamérica sería centrarse en las causas en lugar de en los síntomas; enfatizar los beneficios económicos que traen los inmigrantes a los EEUU y sus sociedades de origen para elaborar un enfoque regional que fomente la migración regular y frene la irregular; y continuar la lucha regional contra la corrupción y la impunidad.

Es probable que los acuerdos bilaterales para hacer frente a este fenómeno regional puedan tener un efecto boomerang. En primer lugar, Guatemala y México no pueden considerarse terceros países seguros, ya que sufren por los mismos problemas que sus vecinos y están plagados de grupos delictivos que se benefician de actividades ilícitas, incluida la trata de personas. En segundo lugar, las fronteras no pueden ser controladas por completo por las fuerzas de seguridad, particularmente si su mandato no está destinado a ser una patrulla fronteriza. En tercer lugar, incluso si se pudiera disuadir a los migrantes de pasar a través de los puntos de cruce oficiales, esto proporcionaría incentivos para cruzar ilegalmente, alimentar redes criminales y probablemente provocaría una crisis humanitaria en países que no están preparados para albergar a miles de migrantes y solicitantes de asilo.

Según una investigación realizada por Citigroup en 2018, dos tercios del crecimiento experimentado por EEUU desde 2011 es directamente atribuible a la migración. Además, el envío de giros representan entre el 12 y el 20% del PIB de los países centroamericanos.

“Un trabajo creado en El Salvador significa cuatro salvadoreños menos en la frontera sur de los EEUU», declaró recientemente el presidente de este país, Nayib Bukele. En lugar de tratar de frenar bruscamente la inmigración, lo que tendría graves repercusiones económicas, probablemente sería más eficaz diseñar un plan regional para fomentar el intercambio económico y gestionar de forma ordenada la migración regular.

Los incentivos económicos necesitan ir acompañados de instituciones y servicios estatales que funcionen, y abordar la ausencia de estado y la impunidad, que hacen prosperar las actividades delictivas. Incluso si no están directamente relacionados, entonces, la lucha contra la impunidad y la corrupción emprendida por las comisiones internacionales en Guatemala y Honduras es, por lo tanto, crucial para reducir la violencia criminal y la corrupción, dos de los principales impulsores de la inmigración.

Luis Esteban G. Manrique | Redactor jefe de Informe Semanal de Política Exterior.

El debate migratorio es muy difícil de encauzar por vías racionales debido a la gran carga identitaria que conlleva en prácticamente todos los países del mundo, pero sobre todo en EEUU y la Unión Europea, la inmigración irregular de países en desarrollo presiona los servicios públicos y altera la fisionomía demográfica de sus sociedades. Solo una intensa campaña educativa como la auspiciada por candidatos demócratas como la congresista por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, puede comenzar a cambiar las actitudes xenófobas y llevar la discusión a un terreno más desapasionado. Pero todo ello tomará su tiempo y los resultados no están garantizados. La próxima campaña electoral en EEUU dará los primeros indicios del futuro curso del debate.

En los países del llamado “triángulo norte” centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras) las soluciones no son menos complejas. La primera es obviamente el Plan de Desarrollo Integral elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y adoptado por México, pero que requiere de la ayuda financiera de EEUU para salir adelante. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya ha logrado al menos la promesa de la administración de Donald Trump de que cooperará en su concreción.

El segundo problema es la violencia criminal provocada por el narcotráfico, una guerra perdida desde su inicio y que continuará mientras se mantenga la ilegalidad del mercado. En ese campo las soluciones propuestas van desde el reforzamiento del poder judicial y las fuerzas de seguridad al desarrollo de programas de empleo juvenil. Pero si no se reducen los flujos de armas, los remedios serán temporales o meros paliativos. Antes, las maras –las bandas centroamericanas– solo se podían permitir comprar pistolas y “cuernos de chivo” –los ubicuos AK-47– que dejaron las guerras internas. Pero ahora tienen acceso a lanzagranadas, vehículos blindados y armamento pesado con los que imponen toques de queda en barrios enteros, emboscan destacamentos militares y bloquean carreteras. Washington puede hacer mucho al respecto condicionando sus exportaciones de armas a la región. Según la ONG Norwegian Initiative on Small Armas Transfers, entre 2010 y 2014 EEUU exportó armas cortas y ligeras y munición por valor de 1.500 millones de dólares. Solo en México las importaciones de armas provenientes de EEUU aumentaron un 330% entre 2010 y 2015. Buena parte de esas armas terminan en manos criminales. De las 15.937 armas capturadas por la policía mexicana en 2014, el 71,9% fueron compradas o adquiridas en EEUU pero de marcas y fabricantes de todo el mundo. En Centroamérica y el Caribe esa proporción oscila entre el 40-60%.

Sofía Martínez | Consultora independiente y experta en Centroamérica. @sofiamartinezf

La estrategia migratoria y de seguridad de EEUU para Centroamérica desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca en 2017 no sigue una lógica de cooperación y estabilidad, que es la que cabría esperar de una potencia con importantes intereses de seguridad en la región. Lo más importante es fortalecer la imagen de un presidente implacable contra la inmigración indocumentada. La ayuda a Centroamérica y sus enormes problemas económicos, de seguridad y de corrupción, pueden esperar. Aun siendo conscientes de que suspender gran parte del presupuesto de cooperación a la región influye poco o nada en frenar la inmigración irregular –o que más bien la estimula indirectamente–, el gobierno estadounidense prefiere pegarse un tiro en el pie que ceder un ápice ante la oposición del Partido Demócrata, con quien mantiene un pulso constante en el tema migratorio. La decisión de presionar a México y Centroamérica para que se encarguen de gestionar el flujo de migrantes sigue una lógica de política interna y de ciclos electorales en EEUU.

Los grandes perdedores de estas decisiones son las víctimas. Las familias que huyen de la violencia criminal en El Salvador o el agricultor guatemalteco que desde hace meses no puede recolectar nada a causa de la sequía en su pueblo. Sus gobiernos no tienen la capacidad de atender sus necesidades. Están desbordados por las tensiones políticas y sociales que amenazan su permanencia en el poder, como es el caso de Honduras. O de las elecciones y las transiciones de gobierno, como en Guatemala o El Salvador, que este año estrenan nuevo presidente/a. En lo último que están pensando es en un plan de contingencia humanitario. Si EEUU quiere suspender la cooperación, pues que lo haga. «Qué se le va a hacer», pensarán ellos. «Suficiente tenemos con que nuestros paisitos no se nos vengan abajo».

Sergio Maydeu-Olivares | Consultor y analista internacional. @maydeuO

Estamos ante una carrera de fondo, sin soluciones mágicas y que implica un esfuerzo por parte de actores nacionales, regionales e internacionales. La migración forzada centroamericana sigue sin tener límite, ni limitante, y nos lleva a buscar propuestas eficaces y multidisciplinares para revertirla. El objetivo es evitar que los centroamericanos se vean en la necesidad de huir de sus hogares ante una situación de violencia límite, prolongada y que afecta a cualquier ámbito social, político y económico de los países que conforman el Triángulo Norte. Planteo cuatro políticas urgentes: la necesidad de crear espacios seguros en zonas urbanas marginales y centros urbanos, con especial atención sobre las escuelas, y recuperar el espacio público para la ciudadanía; continuar con los procesos de depuración (y modernización) policial, imprescindible para que la población civil recupere la confianza en un actor clave en la reducción de los niveles de violencia, que apuesta también por la seguridad humana; basta de impunidad judicial, es necesario modernizar el sistema judicial y mejorar las condiciones de trabajo y de investigación de crímenes violentos (las tasas actuales de impunidad alcanzan el 95% en homicidios); apostar por una política de prevención (y reinserción) penitenciaria, con un doble objetivo: siempre hay una segunda oportunidad e impedir que los centros penitenciarios se conviertan, también, en centros de poder delincuencial. Para que estas medidas, entre otras, sean eficaces se necesitan recursos, Políticas de Estado (en mayúsculas) y tiempo.

El mientras, nos lleva a EEUU. La actual administración no está poniendo facilidades para revertir la crítica situación en Centroamérica, y ese es, a mi juicio, el gran problema que dinamita cualquier opción de cambio en el Triángulo Norte. Sólo desde un cambio de relato de la crisis migratoria centroamericana se pueden dar soluciones. La defensa que hacen muchos gobiernos locales y estatales de una política de refugio coherente y no excluyente es de las pocas señales esperanzadoras que recibimos. Insuficientes para provocar un cambio de tendencia, y el único freno a la gran propuesta de Trump a la crisis centroamericana, un muro en México.

Eileen Truax | Periodista mexicana residente en Los Ángeles. Autora de Dreamers, la lucha de una generación por su sueño americano (Beacon Press, 2015) y de Mexicanos al grito de Trump. Historias de triunfo y resistencia en Estados Unidos (Booket, 2018). @EileenTruax

Lo primero que se requiere es despolitizar el tema. Durante dos décadas, EEUU ha construido una narrativa que vincula la inmigración con el terrorismo y la seguridad nacional –pese a que la evidencia muestra que quienes han perpetrado ataques de este tipo no han ingresado por su frontera sur––, y los políticos de ambos partidos han usado este argumento para crear un discurso electoral. Es por esto que una posible reforma migratoria lleva más de 30 años sin concretarse, a pesar de ser material de campaña en cada elección.

Sin embargo en los dos últimos años, a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia, los mecanismos tradicionales de cabildeo por parte de los veteranos activistas proinmigrantes han sido sustituidos por organizaciones de personas más jóvenes que tienen una lógica de negociación más amplia y diversa. Desde los grupos de los llamados Dreamers ––chicos indocumentados que llegaron a EEUU siendo menores de edad––, hasta el movimiento Women’s March, la inmigración se ha sumado como tema a un movimiento más amplio, interseccional.

Esa generación está ocupando cada vez más espacios de representación política ––tal vez el caso más conocido sea el de Alexandria Ocasio-Cortez, pero hay cientos de jóvenes que han accedido a puestos de representación local–– y todo indica que esta influencia continuará creciendo. De sostenerse esta tendencia, por primera vez en 30 años existe la posibilidad de reenfocar el debate migratorio desde una perspectiva de derechos humanos y no desde la economía o la seguridad nacional.

Esto no ocurrirá en dos, ni en seis años, pero tampoco ha ocurrido en las últimas tres décadas. El paulatino cambio demográfico en la política, y los contrapesos dentro del gobierno estadounidense ––Congreso y cortes federales–– que hasta ahora han pasado la prueba de checks and balances de buena manera, pueden generar en la próxima década un replanteamiento de las políticas de acogida e inclusión social