Acuerdo UE-Mercosur: polémica tras las negociaciones

El presidente saliente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, calificó de “momento histórico” la finalización con éxito de las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur para establecer un acuerdo comercial entre ambas regiones. La Comisaria de Comercio, en unas declaraciones contenidas en el anuncio oficial, puso en valor la existencia de enormes oportunidades asociadas a la creación de un mercado de 780 millones de personas.

El acuerdo supondría un paso más en el proceso de fortalecimiento de las relaciones entre la UE y América Latina. En abril, con motivo de la publicación del documento estratégico que enmarcará las relaciones en los próximos años con la región, el Servicio Europeo de Acción Exterior expresaba la intención de “completar su red de Acuerdos de Asociación y Comercio, en particular con Chile, México, el Mercosur y el Caribe (en el marco de las negociaciones con el Grupo ACP), así como de completar la ratificación del Acuerdo de Asociación UE-América Central y el Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia, Ecuador y Perú”.

El proceso de negociación, sin embargo, ha recibido importantes críticas que generan dudas sobre su entrada en vigor. Además de reproches por la falta de transparencia con que se han celebrado las negociaciones, el acuerdo se enfrenta a importantes cuestionamientos por su impacto potencial en el sector agrícola y ganadero europeo, así como sobre la situación de derechos humanos y protección medioambiental. La intensidad de esos cuestionamientos podría ser decisiva en el curso posterior del proceso que, como siguiente paso, tiene la ratificación de la versión definitiva por el Consejo y el Parlamento Europeo.

En la versión provisional del acuerdo se menciona a la liberalización del 82% de las importaciones agrícolas por parte de la UE. El propio Comisario de Agricultura, Phil Hogans, ha reconocido que la UE hizo significativas concesiones agrícolas. En su país de origen –Irlanda–, el aumento de las cuotas de importación de ternera ha sido motivo de fuerte rechazo. Hogans ha sido criticado por el sector ganadero, dañando sus posibilidades de continuar como Comisario de Agricultura.

En España, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) ha señalado el “brutal impacto” sobre la producción ganadera europea de la cuota acordada (99.000 toneladas) para la importación de vacuno. Supondría, en sus propias palabras, “un equivalente mayor al total de cabezas de Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Finlandia y Suecia juntas”.

Derechos humanos amenazados

En cuanto al posible impacto en derechos humanos y protección medioambiental, destaca que la Confederación Sindical Internacional identificara la existencia de formas contemporáneas de esclavitud en Paraguay vinculadas a la producción agrícola y ganadera. En un informe publicado en 2016 se señalaba que “numerosos trabajadores indígenas en haciendas agrícolas del Chaco de Paraguay son víctimas de servidumbre por deudas”. Se señalaba, además, la existencia de “miles de trabajadores indígenas sometidos a condiciones de servidumbre por deudas en las remotas haciendas ganaderas del Bajo Chaco y el Chaco Central en las que “guardias armados que no permiten el acceso a los inspectores del trabajo”. Otras cuestiones de derechos humanos que afectan a Paraguay y generaron críticas durante el proceso de negociación son la creciente deforestación en zonas de producción ganadera y los impactos del uso del glifosato,  que llevaron incluso a la judicialización de casos por muertes provocadas por fumigaciones.

En el caso de Brasil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita al país a finales de 2018 para valorar la situación de derechos humanos. En el documento provisional resultado de esa visita se señalan varios asuntos relacionados con el ámbito más polémico del acuerdo: la producción agrícola y ganadera. Concretamente, la CIDH expresó su “profunda preocupación por el incremento de la violencia rural y el grave problema que enfrentan decenas de miles de familias del campo que año a año son desalojadas de las tierras que habitan u ocupan” e hizo mención a “la actuación violenta de desalojos forzosos por la actuación del Estado y de grupos de latifundistas”.

De igual manera, el documento señala que entre 2003 y 2018 fueron identificados 44.229 trabajadores sometidos a condiciones análogas a la esclavitud. En este sentido, se señala la existencia de “impunidad penal”, “falta de sanciones efectivas a los infractores de este tipo prácticas” y “ausencia de políticas preventivas contribuyen en la repetición y la perpetuación de estos hechos”. Además, la CIDH resaltó la preocupación existente ante el debilitamiento de la política pública de represión al trabajo forzoso.

El cuestionamiento de las políticas medioambientales del nuevo gobierno brasileño (que llevó, en diciembre del año pasado, a que el presidente francés se opusiera a la culminación del acuerdo), así como al impacto en derechos humanos del pacto, motivó a más de 340 organizaciones de la sociedad civil europea a elaborar una carta en la que cuestionan la conveniencia del acuerdo comercial. Dirigida a los presidentes del Consejo Europeo, de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, la misiva señala que desde la toma de posesión de Jair Bolsonaro, se ha producido “un aumento de las violaciones de los derechos humanos, los ataques a las minorías, la comunidad LGBTQ+, los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales”. Expresan, por otro lado, su preocupación por que los cambios propuestos en la política de demarcación de tierras indígenas puedan llevar a expandir la frontera de producción ganadera y de soja a través de la Amazonia.

Tras señalar la creciente criminalización de organizaciones sociales en el país, las organizaciones recuerdan que “en el pasado, la UE ha suspendido las preferencias comerciales con países implicados en graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, como Myanmar y Filipinas” y ha impuesto restricciones a “importaciones de productos cuya producción está relacionada con la violación de los derechos humanos, como en el caso de los minerales de conflicto”.

Por todo ello, días antes de la finalización de las negociaciones, las organizaciones firmantes reclamaron la paralización inmediata de las negociaciones del acuerdo comercial y el establecimiento de garantías para evitar que lleguen a mercados europeos productos brasileños que contribuyan al aumento de la deforestación, el acaparamiento de tierras indígenas o las violaciones de derechos humanos.