El proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), iniciado a finales de 2012, entra en la recta final. La visita del presidente Juan Manuel Santos a Washington, con motivo del 15 aniversario del Plan Colombia, se saldó con dos gestos importantes por parte de la administración de Barack Obama: un aldabonazo moral al proceso de paz, y la promesa de contribuir con 450 millones de dólares a las tareas postconficto.
La asistencia económica, denominada “Paz Colombia” (en contraposición con el Plan Colombia, que financió la guerra contra el narcotráfico), tendrá que ser aprobada por el Congreso, controlado por el Partido Republicano. Aunque Estados Unidos destinó 10.000 millones de dólares a Colombia entre 2000 y 2015, los republicanos, que controlan ambas cámaras, podrían poner objeciones a la hora de destinar nuevos fondos. En la actualidad, EEUU proporciona 310 millones de dólares anuales de ayuda económica a Colombia, por lo que el compromiso de Barack Obama elevaría esta cifra en algo menos de un 50%.
Aunque Obama apoyó públicamente la iniciativa de Santos, el presidente colombiano también encontró escépticos entre las filas demócratas. De los cinco bloques a negociar entre el gobierno y las FARC –desarrollo agrario, participación política, posconflicto, drogas ilícitas y reparaciones–, solo queda por cerrar el último, centrado en el futuro legal de guerrilleros y paramilitares acusados de crímenes de guerra. Un informe de la ONG estadounidense Human Rights Watch, publicado a finales de 2015, criticó duramente las “promesas huecas” del gobierno y la guerrilla, advirtiendo de las consecuencias negativas de amnistiar crímenes de guerra.
El proceso de paz también genera sentimientos encontrados en Colombia. Según una encuesta reciente, un 49% de los colombianos cree que se llegará a un acuerdo final con las FARC, pero el 61% se muestra insatisfecho con la forma en que el gobierno ha negociado el proceso. Aunque en junio de 2014 el electorado rechazó la postura intransigente del expresidente Álvaro Uribe, que pretendía romper con el proceso de paz, en las elecciones departamentales y municipales, celebradas a finales de octubre de 2015, el principal vencedor fue el Cambio Radical de Germán Vargas, vicepresidente de Santos y antiguo partidario de Uribe. Vargas ha mantenido las distancias con respecto al proceso de paz.
La oportunidad para Colombia, a pesar de todo, es única. En torno a 200.000 colombianos han muerto en más de 50 años de conflicto entre ejército y guerrilla. El número de desplazados supera los dos millones y el de desaparecidos ronda entre 45.000 y 106.000. Se calcula que el PIB del país crecería un 1% más cada año si pusiese fin al conflicto. Con la economía resistiendo la recesión que sacude a buena parte de la región –en 2014, Colombia adelantó a Argentina como la tercera mayor economía de América Latina–, un proceso de paz exitoso permitiría al país desarrollar su potencial al máximo.
El gobierno se arriesga a sobrepasar la fecha que estableció para finalizar el proceso: el 23 de marzo se acerca a marchas forzadas. Santos ya ha anunciado que retrasar el acuerdo final no supondría un obstáculo insalvable. Salvo sorpresas de última hora, el presidente podrá presentar el acuerdo de paz como su legado cuando su segundo (y último) mandato termine, en junio 2018.