La Ruta de la Seda llega a las Américas

Desde que en 2013 el presidente chino, Xi Jinping, desveló los planes de la Belt and Road Initiative (BRI) para enlazar el continente euroasiático desde Shangai al Mar del Norte con África a través de un complejo entramado comercial, energético y de transporte (carreteras, vías férreas, oleoductos, puertos…), el gigante asiático ha promovido los faraónicos proyectos de la nueva Ruta de la Seda como la piedra angular de su política exterior.

Pero la corrupción, el exceso de gasto en infraestructuras redundantes, inútiles o megalómanas y las enormes deudas que han contraído los gobiernos anfitriones para pagarlas han hundido la reputación de la BRI en Malasia, Sri Lanka, Pakistán y Uganda, entre otros países.

La BRI está íntegramente financiada por entidades financieras estatales como el China Eximbank. En una conferencia en la Heritage Foundation de Washington, John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, acusó a China de utilizar “sobornos, acuerdos opacos y créditos usurarios” para mantener como rehenes a países de todo el mundo y convertirlos en peones de su estrategia de “dominio global”.

El imperio emergente

La creciente suspicacia de EEUU y la Unión Europea a las adquisiciones chinas de empresas tecnológicas punteras y el potencial control de compañías como Huawei de infraestructuras críticas, ha desplomado la inversión china en los países occidentales desarrollados. En 2017 esa cifra fue de 111.000 millones de dólares. En 2018 fueron solo 30.000 millones, según estimaciones del Rhodium Group.

En la UE la caída fue de 80.000 a 22.500 millones y en EEUU de 45.000 millones en 2016 a 5.000 millones en 2018. Así, no es extraño que Pekín quiera lanzar y extender sus redes en zonas menos inhóspitas. América Latina es una de ellas. Un documento interno de 2008 del Partido Comunista Chino señalaba que dado que China y América Latina comparten una fase de desarrollo similar, ambas partes tienen mucho que ganar si colaboran entre sí.

En la primera década de este siglo, el voraz apetito del dragón de soja, petróleo, hierro, cobre y otras materias primas abundantes en la región disparó las exportaciones latinoamericanas a tal punto que hizo vivir a la región la década de mayor crecimiento desde los años setenta del siglo pasado. Y cuando los precios de las commodities cayeron, Pekín acudió al rescate con créditos e inversiones que protegió al continente de la tormenta que se desató en 2008. En 2017 el comercio bilateral entre China y América Latina y el Caribe rondó los 244.000 millones de dólares, más del doble que en 2007, según el Global Development Policy Center de la Universidad de Boston.

Desde 2015, China es el mayor socio comercial de Suramérica. En 2015 en Brasilia Xi prometió que en 2025 el comercio bilateral llegaría a los 500.000 millones de dólares. En octubre de 2015, el ministerio de Defensa chino invitó a Pekín a delegaciones castrenses de 11 países de la región para un foro de 10 días sobre logística militar.

¿Caballos de Troya?

En 2013, Diego Guelar, embajador de Argentina en Pekín, publicó un libro con un título significativo: La invasión silenciosa: el desembarco chino en América del Sur. Evan Ellis, investigador del US Army War College, cree que, desde la perspectiva latinoamericana, hacia mediados de siglo China será una potencia más relevante para sus países que su gran vecino del Norte.

Pero también la región está moderando su anterior entusiasmo con el capital chino y los alrededor de 150 proyectos de la BRI, la mayor parte de infraestructuras de transporte, que ya están en alguna fase de desarrollo. La naviera china Cofco adquirió dos terminales del puerto brasileño de Santos (São Paulo) entre 2014 y 2015 tras hacerse con el control de la holandesa Nidera y la hongkonesa Noble Group. Desde 2013, China Harbour Engineering (CHEC), China Railway Construction, Sinopec y Sinohydro construyen carreteras, puentes, represas y plantas eléctricas en Bolivia. CHEC participa en un 25% de los proyectos regionales chinos, entre ellos la ampliación de los terminales de contenedores de Colón (Panamá) y Manzanilllo (México) y la reforma del puerto North Abaco en las Bahamas. En México, China quiere construir el tren turístico de la península de Yucatán que ha prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador y que requerirá inversiones multimillonarias.

Pekín es además el gran acreedor de Venezuela. En los últimos 10 años ha prestado a Caracas unos 62.000 millones de dólares, según estimaciones del Inter-American Dialogue de Washington, un 40% de la financiación que Pekín ha concedido al conjunto de la región, la mayor parte en forma de créditos que se pagan en petróleo.

Pero el entusiasmo chino por el país caribeño se ha desvanecido por sus crecientes sospechas de que Caracas no podrá devolverle el dinero. En 2018 solo le pudo entregar 332.600 barriles diarios, 24% menos que los convenidos. Nicolás Maduro se ha convertido en Pekín en un visitante incómodo por su obsesiva insistencia en dinero fresco, cuya fuente se ha secado para Venezuela.

Fuente: Inter-American Dialogue

Una antena en la Patagonia

En la pasada cumbre del G20 en Buenos Aires, Xi firmó con el presidente argentino, Mauricio Macri, un acuerdo para la construcción de la central nuclear Atucha III, la cuarta del país. La inversión se financiará con un crédito chino por valor de 6.500 millones de dólares que se amortizará en 20 años a un tipo de interés del 4,5%, con lo que Pekín se ha convertido en un importante acreedor del país austral. En 2009, China ya firmó con Argentina un acuerdo monetario (currency swap deal) por valor de 10.200 millones de dólares para estabilizar el peso.

En Centroamérica y el Caribe, Pekín ha logrado convencer a Costa Rica, Panamá, El Salvador y República Dominicana para que rompan con Taiwán y se orienten hacia el nuevo gran imperio emergente del Pacífico.

Pero el Reino del Centro genera tanto respeto como suspicacia. Durante su campaña, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, advirtió de que China no estaba comprando “en Brasil”, sino que estaba “comprando Brasil”. Estas reticencias están más que justificadas. La estación espacial china construida en Neuquén, por ejemplo, con una inversión de 50 millones de dólares y que comenzó a operar el pasado marzo está bajo el control directo del China Satellite Launch and Tracking Control General, una división del Ejército Popular Chino. China necesitaba una estación de rastreo de satélites al otro lado el mundo para poder lanzar expediciones a la Luna y la Patagonia era el lugar idóneo. En 2012, cuando se firmó el acuerdo para su construcción y arriendo por 50 años, Pekín aseguró a Buenos Aires que la estación no tendría usos militares. La base, sin embargo, fue clave para el alunizaje el 3 de enero de una sonda espacial en el lado oscuro del satélite terrestre.

Frank Rose, subsecretario de Estado para el control de armas durante la administración de Barack Obama, comentó al The New York Times que la estación de Neuquén tiene potenciales usos en la inutilización y destrucción de satélites. Una antena gigante de 450 toneladas como la instalada en la base patagónica, que ocupa casi dos kilómetros cuadrados, actúa como una gigantesca aspiradora de información de potencial doble uso, civil y militar.

En las redes chinas

Ecuador ha quedado atrapado en las redes chinas. Pekín tiene hoy algún tipo de derecho sobre el 90% de las reservas ecuatorianas de petróleo después de haber concedido a Quito créditos por valor de unos 12.000 millones de dólares. En diciembre de 2018, el presidente, Lenín Moreno, viajó a Pekín para renegociar la deuda y pedir un crédito adicional de 900 millones de dólares para poder pagarla. Pero la desconfianza mutua es grande.

El ministro de Energía ecuatoriano, Carlos Pérez, ha dicho que la estrategia china consiste en “tomar el control económico de los países”. El gobierno de Quito sabe de lo que habla. China financió y construyó la represa Coca Codo en la selva amazónica con una inversión de 1.700 millones de dólares que incluía varios proyectos conexos: puentes y carreteras, entre ellos. Se suponía que con su potencial para producir 1.500 megavatios, la central hidroeléctrica iba a resolver los problemas energéticos del país. Pero hoy la represa está semiparalizada dos años después de su inauguración debido a los múltiples fallos en su diseño, que han cuarteado sus estructuras.

El proyecto entero, que inauguró el propio Xi en 2016, estaba condenado desde el principio por su cercanía a un volcán activo, el Reventador. En 1987 un terremoto destruyó varios campamentos petroleros cercanos. Pero incluso si todo funcionara bien, la capacidad de generación eléctrica sería la mitad de la planificada originalmente. Para pagar el proyecto, Quito ha tenido que recortar el gasto público y los subsidios a los combustibles. El gobierno tiene que entregar además a China a precios de descuento casi el 80% de sus exportaciones de crudo, que luego PetroChina revende tras refinarlo.

El préstamo del China Eximbank para construir la presa fue firmado a un tipo del 7% a lo largo de 15 años, unos 125 millones de dólares anuales solo en intereses, por lo que Ecuador ha tenido que aumentar su producción de crudo para amortizarlo, lo que ha disparado la deforestación. Varios de los funcionarios estatales que participaron en la supervisión y licitación del proyecto, solo abierta a compañías chinas, están hoy en prisión condenados por recibir sobornos, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas.

La Fiscalía ha detectado 13 transferencias bancarias por valor de 17,4 millones de dólares en una cuenta del HSBC de Hong Kong y que presuntamente habría canalizado esos fondos a Glas y otros políticos del entorno del expresidente Rafael Correa, que tras declarar un default de 3.200 millones de dólares de la deuda externa del país en 2007 invitó a China para que cerrara la brecha de financiación.