Esta semana en Informe Semanal de Política Exterior

Berlusconi a la defensiva. La decisión del Tribunal Constitucional italiano de derogar la llamada «ley Alfano», que el primer ministro Silvio Berlusconi hizo aprobar tras volver al poder en mayo de 2008 con el propósito de blindarse contra la acción de los tribunales, ha puesto a su gobierno en una disyuntiva.
La ley Alfano impedía que la justicia –e incluso la policía– emprendiera acciones contra cuatro altos cargos: el presidente de la República, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado y el presidente del Consejo de Ministros mientras estuvieran en ejercicio.
Un año y medio después, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley por nueve votos contra seis. La corte considera que la ley viola el artículo 3 de la Constitución por el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y el artículo 138, que establece que la legislación que afecta a las altas autoridades del Estado debe aprobarse mediante una reforma constitucional, que debe ser aprobada por los dos tercios del Parlamento.
Berlusconi reaccionó crispadamente al conocer la sentencia y afirmó que no dimitirá ni convocará elecciones y ha prometido demostrar que los jueces de la corte son “todos unos mentirosos”, insinuando que su próximo objetivo será cambiar la composición del tribunal para que no altere “el equilibrio correcto entre los poderes del Estado”.
La ira de Berlusconi alcanzó también al presidente de la República, el ex comunista Giorgio Napolitano, que garantizó con su firma que la ley era válida y, sin embargo, “no influyó en los jueces izquierdistas para que la apoyaran”. Si cumple sus amenazas, acercará aún más el sistema político italiano a un régimen plebiscitario. De hecho, algunos de sus socios en el gobierno hablan ya de convocar elecciones anticipadas, con la seguridad de que el voto popular desautorizará a los “magistrados rojos”.
El primer ministro ha recordado que gobernó sin esa ley entre 2001-06 y que piensa seguir gobernando sin ella, aunque esto suponga acudir más veces a los tribunales. Berlusconi ha tenido ya 102 juicios y gastado más de 200 millones de euros en abogados.
La inconstitucionalidad de la ley Alfano obligará a Berlusconi a enfrentarse a varios procesos pendientes desde hace años. El más importante es el que le relaciona con el abogado británico David Mills, que recibió 600.000 dólares de Berlusconi por testificar a su favor en dos procesos judiciales. La Hacienda británica descubrió ese dinero sin justificar en las cuentas de Mills. Después de un proceso que duró cinco años, una jueza de Milán, Nicoletta Gandus, en febrero de 2009 condenó a Mills a cuatro años y seis meses de prisión. Sin embargo, la responsabilidad de Berlusconi en ese asunto no se pudo esclarecer precisamente debido a la ley Alfano.
La jueza demostró en un auto de más de 400 páginas que Mills ayudó a Berlusconi a ocultar al fisco grandes cantidades de dinero a través de una maraña de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales. Esos delitos han prescrito en su mayoría debido a las reformas legales auspiciadas por sus gobiernos, pero afectan a Berlusconi por cuestiones de fraude fiscal.