Esta semana en Informe Semanal de Política Exterior

La mediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, entre el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y el gobierno de facto de Tegucigalpa podría dilatar tanto las negociaciones entre las partes que contribuiría a los planes de Roberto Micheletti, el presidente “en ejercicio”, como lo ha llamado Arias, de llegar a las elecciones del 29 de noviembre para que las aguas bautismales del sufragio popular laven los pecados del golpe y normalicen las relaciones internacionales del país.

No sería extraño que lo consiga, dada la escasa popularidad de Zelaya (un 30% de aprobación según las encuestas, aunque un 46% critica la forma en la que fue destituido) y el temor de muchos hondureños a ver convertido su país en un satélite de la Venezuela chavista.
El anuncio de Hugo Chávez de que Zelaya podría infiltrarse en el país para dirigir una “insurrección popular”, revela su nerviosismo ante ese probable desenlace. Tanto Zelaya como Micheletti han asumido posiciones muy duras. Las delegaciones se han negado incluso a darse la mano en público. El compromiso más probable –aunque nada permite esperarlo por ahora– sería que Zelaya retorne, con poderes claramente definidos –y reducidos– y que las elecciones se adelanten a finales de julio o agosto.
Aunque Arias ha declarado que una convocatoria de elecciones por el actual gobierno hondureño sería ilegal, el pragmatismo, los antecedentes y los deseos de pasar página de los países de la región harían que el “eje chavista” se quede solo en su no reconocimiento del nuevo presidente.
Si ello ocurre, todo el entramado institucional hemisférico quedará en entredicho, lo que exigirá corregir los mecanismos de salvaguardia democráticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyas alarmas sólo se dispararon cuando la crisis ya se había consumado y no cuando debían haberlo hecho: en el momento en que las fricciones entre los poderes del Estado anticipaban una crisis constitucional.
Tampoco la OEA supo reaccionar a tiempo ante patentes abusos de autoridad anteriores en Venezuela o Nicaragua, lo que erosiona la legitimidad de su papel arbitral en el sistema interamericano y alimenta las críticas contra su secretario general, José Miguel Insulza, que parece haber perdido el favor de Washington por su postura favorable a la reintegración de Cuba en el organismo y su fallida intervención en el caso hondureño.
En influyentes periódicos de EE UU han aparecido artículos de opinión que acusan a Insulza de ignorar las transgresiones de Chávez porque necesita sus votos y el de sus aliados para asegurar su reelección. Insulza rechaza esas aseveraciones y señala que la OEA debe actuar dentro de las normas existentes y que la Carta Democrática (pdf) solamente permite pronunciamientos regionales sobre interrupciones al Estado de Derecho.
Insulza cree que sería positivo que otros poderes del Estado también pudieran plantear sus problemas a la OEA, aludiendo veladamente al caso Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, porque ha sido privado por el gobierno de los medios para gobernar.
Insulza sostiene que él mismo presentó una propuesta en ese sentido hace dos años pero que no fue aceptada por los miembros de la OEA. Según Ledesma, si la oea no amplía su Carta Democrática, se convertirá en “un club de ayuda mutua para presidentes autoritarios”. Sin embargo, permitir un poder de intervención política de tal envergadura a la organización va más allá de lo que cualquier país latinoamericano podría consentir. Lo probable es que en casos futuros se recurra a mediaciones ad hoc como la de Arias.
Aunque EE UU y Arias han negado que su mediación signifique relegar a la OEA, el cambio de papeles ha sido inocultable. Barack Obama ha dicho que EE UU apoya la restauración de Zelaya y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se reunió con él en Washington el 7 de julio. Pero ese apoyo está matizado. El secretario de Estado adjunto para Asuntos Hemisféricos, Arturo Valenzuela, dijo en una comparecencia ante el Senado que Zelaya había sido alentado por Venezuela para llevar adelante ciertas acciones que pueden haber violado la Constitución y que en adelante las acciones colectivas en apoyo de la democracia no deberían limitarse a defender a presidentes electos derrocados por la fuerza.

En una entrevista en el Council on Foreign Relations, el investigador para América Latina de la Brookings Institution y anterior vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas Zamora, sostiene que al respaldar la mediación de Óscar Arias, Obama ha lanzado el mensaje de la importancia de los actores regionales a la hora de solucionar los problemas de América Latina y que «EE UU no volverá a los días en los que intervenía con su propia mano» en los asuntos de la región.