Hace unos días, el ex ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, se convirtió en el principal diplomático de la UE, sucediendo a Federica Mogherini como Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea. No enfrentará pocos desafíos. Estos incluirán no solo los asuntos de paz y seguridad de su cartera –desde salvar un deteriorado acuerdo nuclear de Irán hasta reforzar la frágil transición de Sudán– sino también el arduo trabajo de llegar a un consenso entre 28 Estados miembros europeos sobre cómo abordar estos desafíos. El trabajo de Borrell será aún más difícil dado el declive del estado de las relaciones con los aliados tradicionales de Europa, con la política exterior de Washington más transaccional y menos centrada en la prevención de conflictos, y el Consejo de Seguridad de la ONU a menudo estancado por las tensiones entre sus miembros permanentes. Aun así, la UE puede lograr mucho si el nuevo Alto Representante puede consigue centrar su atención sabiamente e invoca la voluntad de actuar.

Es probable que el éxito de Borrell dependa de su capacidad para priorizar que el Consejo se centre en la prevención de conflictos, forjar una mayor cohesión de los Estados miembros en las políticas en este ámbito y alentar un mayor seguimiento una vez que Bruselas decida un curso de acción. Esto exigirá no poca diplomacia de la vieja escuela –cultivar relaciones sólidas con los ministros de Asuntos Exteriores europeos que sirven en el Consejo de Asuntos Exteriores presidido por Borrell, y encontrar formas de hacer que sus ministerios inviertan más en las posiciones comunes de la UE. Mogherini, por ejemplo, invitó al ministro de Asuntos Exteriores finlandés a representar a la UE en la región del Cuerno de África y el Golfo en julio de 2019 en medio de negociaciones sobre los acuerdos de transición de Sudán.

Sin embargo, la tarea más importante para Borrell será identificar crisis en las que la UE –a través de sus lazos políticos, influencia económica, iniciativas de seguridad o experiencia técnica– esté bien posicionada para desempeñar un papel positivo, si no indispensable. Las siete prioridades enumeradas a continuación serían un buen comienzo.

1.Lanzar a Jartum un salvavidas

A raíz del derrocamiento de Omar al-Bashir en abril de 2019, la UE y sus Estados miembros tienen una importante oportunidad de apoyar a Sudán mientras navega por una transición tensa hacia un gobierno civil. El país se ha movido entre la esperanza de que se avecinan cambios y la impaciencia porque la transición de sus frutos desde el 11 de abril, cuando el movimiento de protesta civil más sostenido en la historia moderna del país expulsó a Bashir del poder. Aunque los generales que finalmente depusieron a Bashir han mostrado reticencias a ceder el poder, una ola de repulsión internacional ante el brutal ataque de las fuerzas de seguridad el 3 de junio contra los manifestantes en Jartum reactivó el apoyo a la mediación que produjo un acuerdo de reparto del poder el 17 de agosto.

Si todo va de acorde con el acuerdo alcanzado en agosto, el país completará su transición democrática después de las elecciones en 2022. Pero para que eso suceda, los civiles en el gobierno de transición de Jartum –liderado por el primer ministro Abdalla Hamdok– necesitan una gran ayuda de socios internacionales que aún no se ha materializado. Estos líderes civiles mantienen las enormes esperanzas y expectativas de un público que busca desesperadamente un salvavidas económico después de años de brutal cleptocracia. Mientras luchan por mantener las riendas del gobierno en manos civiles y apartadas de unos servicios de seguridad política y económicamente poderosos, será crucial demostrar que la transición ya está produciendo beneficios tangibles para el pueblo sudanés.

Sudán necesitará una inyección de al menos 10.000 millones de dólares en los próximos dos años para reconstruir su devastada economía.

Bruselas puede ayudar. Hamdok ha estimado que Sudán necesitará una inyección de al menos 10.000 millones de dólares en los próximos dos años para reconstruir su devastada economía. Los donantes como la UE y sus Estados miembros, EEUU y los países del Golfo, deben hacer todo lo posible para cumplir con esta solicitud de manera responsable. El objetivo inmediato debería ser reforzar el gobierno de transición de Hamdok para que pueda comenzar a responder a las demandas públicas de ayuda económica (y así fortalecer su mano en relación con el sector de seguridad). La UE anunció 55 millones de euros en ayuda humanitaria durante la visita del primer ministro a Bruselas en noviembre, y contribuirá con un total de 250 millones de euros en desarrollo, estabilización y ayuda humanitaria para finales de 2020. Sin embargo, estas contribuciones, aunque generosas, son una gota de agua en el océano dada la ayuda requerida para brindar esta oportunidad única.

Como prioridad inmediata, Borrell debería trabajar con la nueva comisaria Jutta Urpilainen  –quien asumió la cartera de desarrollo de la UE justo cuando Borrell entró en su nuevo puesto–  para movilizar el apoyo a Jartum. Principalmente esto significa reunir apoyo presupuestario y una mayor financiación de desarrollo de impacto rápido para el gobierno mientras que Hamdok avanza con un paquete de reformas y aborda los desafíos económicos centrales, incluida la estabilización de los precios de las divisas y los productos básicos, la lucha contra la inflación y la reducción del desempleo juvenil. Bruselas también puede ayudar proporcionando asistencia técnica a Hamdok y su equipo, ya que buscan poner las finanzas del gobierno en una base más sólida consolidando las fuentes de ingresos y centralizándolas dentro de un marco fiscal transparente.

Jartum también necesita toda la ayuda diplomática que pueda obtener presionando al gobierno de EEUU para que levante la calificación de Sudán como Estado promotor del terrorismo. Eliminar esta etiqueta desactualizada ayudaría al país a reconectarse con el sistema financiero internacional, estimular la inversión extranjera y, quizás lo más importante, allanar el camino para que Jartum alivie su deuda de 60.000 millones de dólares. Para abordar las preocupaciones de EEUU de que los servicios de seguridad buscarán recuperar el poder total, Borrell debe subrayar su compromiso de trabajar con Washington para reunir el apoyo europeo para nuevas sanciones contra cualquier actor que busque impedir la transición política o económica de Sudán.

2. Aumentar la ambición de la UE en Libia

En Libia, Borrell afronta un conflicto a las puertas de Europa. Un estallido violento en abril de 2019 profundizó las divisiones entre las fuerzas alineadas con el Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) apoyado por la ONU en Trípoli y el Ejército Nacional Libio (ENL) con base en el Este y liderado por Field Marshal Jalifa Haftar. Más de 1500 personas han sido asesinadas desde el inicio de la última confrontación, ninguno de los dos bandos parece estar listo para iniciar conversaciones con su enemigo, y Haftar parece convencido de que las probabilidades están a su favor para ganar ventaja por medios militares.

La guerra en Libia también se ha internacionalizado, reflejando divisiones geopolíticas en todo Oriente Medio y más allá. Qatar y Turquía están respaldando al GAN financiera y militarmente, respectivamente, mientras que Haftar recibe apoyo militar de los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Rusia, y apoyo financiero de Arabia Saudí. El apoyo internacional a las dos partes ha permitido la movilización de combatientes y recursos y ha prolongado esta guerra por proxy.

La UE y sus Estados miembros han luchado para desarrollar un enfoque efectivo al conflicto libio. Un desafío es que diferentes Estados apoyan diferentes bandos.

La UE y sus Estados miembros han luchado para desarrollar un enfoque efectivo para el conflicto libio. Un desafío es que diferentes Estados apoyan diferentes bandos. Lo más destacado es que Italia mantiene relaciones más estrechas con el GAN, mientras que Francia está más alineada con Haftar, aunque recientemente los dos países han comenzado a consultarse y coordinarse más estrechamente, organizando conversaciones diplomáticas conjuntas al margen de la Asamblea General de la ONU de septiembre. Otro desafío es que la política de la UE ha tendido a centrarse menos en poner fin al conflicto y más en mitigar su impacto en la migración hacia Europa. Los países del sur de Europa, así como los intransigentes con la inmigración como Austria y Hungría, han presionado a la UE para que invierta más en asistencia técnica para detener los flujos de migrantes a través del Mediterráneo central, a costa de centrarse en encontrar una solución política para poner fin a la crisis.

Buscando crear un impulso para una resolución política a través del llamado «Proceso de Berlín», en los últimos meses Alemania ha incrementado su apoyo al Representante Especial del Secretario General de la ONU y al Jefe de la Misión de Apoyo de la ONU en Libia, Ghassan Salamé, en sus esfuerzos por negociar un alto el fuego, alentar la implementación del embargo de armas de la ONU a todas las facciones libias y devolver a las partes a las negociaciones. Hasta ahora, los esfuerzos de Alemania se han centrado en realizar consultas mensuales entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y los países clave involucrados en el conflicto, así como la UE, la Unión Africana y la Liga de los Estados Árabes, con el objetivo de alentarlos a lograr que las facciones libias vuelvan a las conversaciones

Alemania planeaba organizar una conferencia de principales actores externos en noviembre donde buscaría un mayor apoyo para presionar a los aliados libios a negociar en serio, pero eso se ha retrasado hasta principios de 2020 como muy pronto. Mientras tanto, las esperanzas de progreso han sufrido una serie de contratiempos. El ENL ha resistido los llamamientos a negociar y está presionando por una ventaja militar, confiando cada vez más en el apoyo de los combatientes rusos empleados a través de un contratista de seguridad privado. Washington se ha opuesto públicamente a este apoyo, agregando otro punto de fricción poco útil con Moscú. Además, en noviembre, el GAN y Turquía anunciaron un nuevo acuerdo para delinear la frontera marítima de Libia con Turquía de una manera que infringiría los reclamos marítimos griegos y potencialmente socavaría los intereses financieros egipcios en el Mediterráneo oriental. Al crear una nueva fuente de tensión entre Ankara y El Cairo, el anuncio los dividió aún más en un momento en que se necesita su cooperación para avanzar en el Proceso de Berlín.

Borrell debería centrarse en los problemas operativos que aquejaron a su predecesora

¿Qué puede hacer Borrell? Por un lado, debería centrarse en los problemas operativos que aquejaron a su predecesora. Esto significa presionar a los Estados miembros para que revitalicen la Operación Sophia de la UE de forma que pueda mantener una presencia naval significativa en el Mediterráneo (actualmente no tiene ninguna) como elemento disuasorio contra el flujo de armas embargadas a Libia, a la vez que ayude a salvar las vidas de migrantes en peligro. También significa actuar, tan pronto como la situación lo permita, para reabrir la Delegación de la UE en Trípoli. Al mismo tiempo, sin embargo, Borrell debería dejar claro tanto a los pacificadores como a las apuestas de guerra que Bruselas respaldará plenamente los esfuerzos alemanes y de la ONU para lograr un acuerdo militar, político y económico integral que ponga fin a este conflicto.

3. Salvaguardar el Acuerdo Nuclear de Irán y reducir las tensiones en el Golfo

Dieciocho meses después de que EEUU renunciase al Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), la UE y el E3 (Francia, Alemania y el Reino Unido) están a la frente  de los esfuerzos tanto para evitar que el acuerdo se desmorone por completo como para dirigir a Teherán y Washington lejos de un curso de colisión que podría desencadenar una reacción en cadena en toda la región.

Borrell asume el cargo en un momento especialmente tenso. Hace apenas unas semanas, el 5 de noviembre, Irán anunció que reiniciaría las actividades de enriquecimiento de uranio en las instalaciones subterráneas de Fordow, lo que provocó que la UE y E3 amenazaran con invocar el mecanismo de resolución de disputas del JCPOA. Si lo hacen, ya sea ahora o en respuesta al posible próximo paso de Irán, esto podría conducir a la reimposición de las sanciones de la ONU suspendidas por el JCPOA y significar el final del acuerdo.

Por supuesto, hay una historia de fondo para las provocaciones de Teherán. Al abandonar el JCPOA, EEUU se embarcó en una campaña de «máxima presión» destinada a forzar concesiones iraníes mediante la reimposición de sanciones económicas unilaterales. Irán adoptó inicialmente una postura de paciencia estratégica, con la esperanza de que su cumplimiento nuclear alentara al resto del mundo a continuar comerciando y desafiar las restricciones estadounidenses. A medida que EEUU aumentó su presión (más notablemente, en abril de 2019, revocando las exenciones de sanciones que previamente habían permitido que ocho países importaran petróleo iraní) y los otros socios de Irán no quisieron o no pudieron eludir significativamente las sanciones estadounidenses y mantener el comercio, el liderazgo de Irán cambió de rumbo.

El resultado es peligroso a tres niveles. Primero, Irán se ha embarcado en una serie de pasos para degradar su cumplimiento del acuerdo nuclear –el anuncio del 5 de noviembre es el último, aunque probablemente no será el definitivo. En segundo lugar, ha actuado de manera que amenaza con llevar al límite a una región ya volátil. Esto incluyen el derribo del 20 de junio de un avión estadounidense no tripulado y un ataque con misiles y aviones no tripulados el 14 de septiembre contra las instalaciones de Aramco en Abqaiq-Khurais que Estados Unidos, Arabia Saudita y el E3 atribuyen a Teherán. Más recientemente, Estados Unidos ha acusado a Teherán a raíz de los aparentes ataques a las bases militares estadounidenses en Irak. Un incidente significativo que involucre a las fuerzas estadounidenses o sus aliados estadounidenses podría dar lugar a represalias por parte de Washington, que ya se ha acercado en dos ocasiones a esta situación (después del derribo del avión no tripulado y el ataque de Abqaiq). En tercer lugar, las protestas generalizadas en todo Irán en la segunda mitad de noviembre subrayan la creciente frustración política y económica, que el gobierno reprimió violentamente. Si EEUU continúa exprimiendo económicamente a Irán y la República Islámica sigue recurriendo al puño de hierro contra la disidencia, es probable que haya más disturbios.

Si EEUU continúa exprimiendo económicamente a Irán, y la República Islámica sigue recurriendo al puño de hierro contra la creciente disidencia, es probable que haya más disturbios.

Borrell debería tratar de coordinar los esfuerzos de la UE y E3 para encontrar una salida al actual círculo vicioso. La mejor posible parece ser una versión del paquete de desescalada que Francia presentó al margen de la Asamblea General de la ONU en septiembre. Un acuerdo por el cual Irán vuelva al cumplimiento total de JCPOA y se abstenga de provocaciones regionales directas o indirectas a cambio de que el E3 proporcione un aplazamiento financiero en forma de un aumento en las exportaciones de petróleo de Irán (y, lo que es más importante, que EEUU facilite ese paso a través de exenciones) al menos podría congelar las tensiones. La oportunidad para negociar un acuerdo de este tipo puede ser muy efímera, ya que las próximas elecciones legislativas de Irán en febrero y las elecciones presidenciales de EEUU en noviembre podrían dificultar el progreso después de febrero de 2020.

4. Relanzar las conversaciones estancadas con Venezuela

Como ministro de Asuntos Exteriores de España, Borrell comparó a EEUU con un vaquero demasiado ansioso en sus esfuerzos por expulsar al gobierno de Nicolás Maduro del poder mediante una combinación de sanciones e intimidación. Aunque el tiroteo al estilo de los salones que Borrell parecía advertir no ha sucedido, la situación en Venezuela sigue peligrosamente estancada. El país está atrapado entre la inflexibilidad del gobierno y las expectativas poco realistas de la oposición, que han sido alimentadas por EEUU. Atrapado entre ambos, en medio de una dramática catástrofe humanitaria, está el pueblo venezolano.

Hubo destellos de esperanza el año pasado. Las conversaciones patrocinadas por Noruega y respaldadas por la UE en Oslo y más tarde en Barbados surgieron como el lugar más prometedor para promover un acuerdo entre el gobierno y la oposición, pero fueron suspendidas después de que el primero se retirase a principios de agosto, citando la imposición de nuevas sanciones estadounidenses el día antes. Luego, el 15 de septiembre, la oposición, dirigida por Juan Guaidó, declaró que el mecanismo de mediación estaba agotado.

Mientras tanto, ambas partes han recurrido a otras estrategias. El gobierno llegó a un acuerdo con cinco partidos de oposición minoritarios excluidos de las conversaciones de Barbados; juntos, anunciaron un acuerdo que pedía el regreso de los legisladores gubernamentales a la Asamblea Nacional, la liberación de algunos presos políticos y reformas al sistema electoral. Por su parte, la oposición dominante solicitó –y obtuvo– la activación por parte de sus aliados latinoamericanos y estadounidenses de un tratado regional de defensa mutua (el Tratado de Río de 1947, conocido como TIAR), que algunos tomaron en ese momento para anunciar la posibilidad de intervención militar.

Junto con el apoyo financiero y su presencia humanitaria en el terreno, la UE podría proporcionar una experiencia técnica útil para ayudar a gestionar los movimientos en la región.

Sin embargo, si las dos partes pudieran reenfocar sus energías, el progreso aún es posible. El resultado más realista y viable implicaría compromisos negociados por todas las partes. El presidente Maduro debería aceptar la celebración de elecciones monitoreadas internacionalmente (probablemente solo parlamentarias en primera instancia, pero que conduzcan a unos comicios presidenciales después) y a las reformas institucionales necesarias para que eso suceda. Guaidó y la oposición deberían suavizar las demandas de que Maduro renuncie de inmediato y cooperar con el gobierno en los movimientos para restaurar la competencia política justa. EEUU, con el respaldo de la oposición, debería dejar de vincular cualquier alivio de sanciones a la partida de Maduro, en lugar de acordar aliviarlos gradualmente a cambio de concesiones significativas de Caracas. Y tanto el gobierno como la oposición deberían llegar a un acuerdo sobre las garantías políticas para salvaguardar los derechos de los perdedores electorales.

Con el apoyo de Borrell, la UE estaría bien posicionada para defender un esfuerzo en este sentido. El Grupo de Contacto Internacional respaldado por Bruselas, que se unió (en parte a través de los esfuerzos de Borrell) para alentar un compromiso negociado con la crisis en Venezuela, podría ayudar, incluso alentando a los aliados clave de ambas partes, especialmente EEUU y Rusia, a persuadir a sus socios respectivos para volver a la mesa y trabajar de buena fe hacia un acuerdo.

Bruselas también puede ayudar a la región a gestionar los efectos secundarios de la crisis. Los vecinos de Venezuela están bajo una gran presión: unos 4,3 millones de venezolanos han huido a países vecinos, 1,6 millones de ellos a Colombia. Recientemente, la UE prometió 157 millones de euros, pero Borrell podría movilizar aún más recursos si continúa presionando por compromisos de múltiples donantes en cooperación con agencias de la ONU. Junto con el apoyo financiero y su presencia humanitaria en el terreno, la UE podría proporcionar una experiencia técnica útil para ayudar a gestionar los movimientos en la región.

5. Mantener a Bolivia lejos del abismo

A medida que los disturbios se extienden por América Latina, Bolivia es otro país en crisis que se beneficiaría de un continuo apoyo europeo. Después de cerca de catorce años en el poder, el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, presentó su renuncia el 10 de noviembre en medio de una creciente inquietud por el fraude electoral y bajo una fuerte presión de las fuerzas armadas. Junto con Morales, los altos cargos del partido gobernante Movimiento hacia el Socialismo (MAS) también renunciaron.

Las opiniones sobre lo ocurrido están profundamente polarizadas: para los partidarios de Morales, su salida del poder fue un golpe de Estado; sus oponentes lo vieron como restaurar la democracia. En los días que siguieron a la renuncia, Jeanine Áñez, una senadora opositora, se convirtió en la sucesora para la presidencia. El 12 de noviembre, afirmó su reclamo al puesto interino, diciendo que sus tareas principales serían «pacificar el país» y organizar elecciones.

Esto no se produjo suavemente. La violencia estalló después del derrocamiento de Morales, cuando los partidarios del MAS salieron a las calles y se enfrentaron a una feroz represión de las fuerzas de seguridad, lo que provocó masacres en Cochabamba y El Alto: más de veinte muertes. Áñez hizo poco para calmar las aguas, provocando temores de que revertiría los esfuerzos de Morales para garantizar una mayor igualdad entre las comunidades cristianas e indígenas de la nación, y entregaría poderes adicionales al ejército –especialmente después de que emitiese un decreto que otorga inmunidad de por cualquier delito cometido en el manejo de las protestas.

A finales de noviembre, la situación comenzó a mejorar, en gran parte gracias a la mediación de la Iglesia Católica, la UE y el enviado especial de la ONU, Jean Arnault. Áñez llegó a un acuerdo con los líderes de protesta para eliminar los obstáculos a cambio de un compromiso de liberar a los prisioneros encarcelados durante la violencia, preservar algunas de las políticas públicas de Morales y retirar a las tropas de las zonas de disturbios. Bajo presión de los grupos de derechos humanos, derogó el decreto de inmunidad militar que había emitido. Quizás lo más importante, también firmó un nuevo proyecto de ley acordado con el MAS para anular las elecciones recientes, pidiendo nuevas dentro de 120 días y dirigiendo la reconstitución del Tribunal Supremo Electoral, que las supervisará. Ni a Morales ni a su ex vicepresidente, Álvaro García Linera, se les permitirá presentarse debido a los límites del mandato, pero el partido MAS podrá participar -un paso importante hacia una resolución pacífica de este período de crisis.

Queda por ver si Bolivia ha salido completamente del abismo o no, y durante al menos los próximos 120 días será importante que los socios externos vigilen de cerca la situación. Debido a que los partidarios de Morales consideran que Brasil, EEUU e incluso la Organización de Estados Americanos son parciales, la UE podría tener un papel mediador especialmente importante para garantizar una transición que supere las amargas divisiones en el cuerpo político de Bolivia y evite una confrontación  que una región cada vez más tumultuosa no puede permitirse. Debe dejar en claro que está preparado para desempeñar este papel, y que presionará al nuevo gobierno que emerge para no revertir los beneficios en oportunidades económicas y políticas para la mayoría indígena de Bolivia obtenidos bajo el gobierno de Morales. A nivel técnico, la UE también debería ofrecer una misión de observación electoral para las próximas encuestas y brindar apoyo, cuando sea necesario, al nuevo Tribunal Supremo Electoral.

6. En Siria, enfocarse en los refugiados, la reconstrucción y la repatriación.

Aunque es poco probable que Siria se estabilice durante el mandato de Borrell como Alto Representante, podría centrarse en áreas donde la UE y sus Estados miembros puedan aliviar el sufrimiento de los sirios cuyas vidas han sido destrozadas por el prolongado conflicto. También puede ayudar a abordar la situación de los ciudadanos europeos afiliados a Estado Islámico (EI) que actualmente están recluidos en una red de campamentos y prisiones en el noreste de Siria.

Primero, la UE y sus Estados miembros deben continuar dando prioridad al apoyo a los países vecinos de Siria, que albergan a la gran mayoría de los refugiados sirios -muchos de los cuales se embarcaron en un peligroso viaje a Europa y se encontraron varados en campamentos. Estos países están bajo estrés económico. El objetivo general de Borrell a este respecto debería ser trabajar con los Estados miembros de la UE, así como con los países de acogida y tránsito para identificar y financiar programas que puedan cultivar la autosuficiencia de los refugiados a través del empleo y la educación, y ayudar a los países de acogida a soportar la carga de apoyarlos.

La UE y sus Estados miembros deben continuar dando prioridad al apoyo a los países vecinos de Siria, que albergan a la gran mayoría de sus refugiados

En segundo lugar, el nuevo Alto Representante debería trabajar con los Estados miembros para abordar las preocupaciones de que financiar el apoyo a la reconstrucción sin reformas sustanciales podría legitimar y empoderar a un régimen sirio que recurre a la represión, no la reconciliación. Aunque la UE ha dejado claro que no proporcionará apoyo para proyectos de reconstrucción sin una transición política «firmemente en marcha», Borrell podría respetar esta línea roja y, al mismo tiempo, alentar a los líderes europeos a desarrollar un marco común con criterios y reglas que permitan proyectos de rehabilitación a pequeña escala. Tal apoyo solo debería avanzar sin interferencia del régimen en Damasco, como Crisis Group ha propuesto en otras ocasiones.

El Alto Representante debería […] alentar la repatriación de los aproximadamente 1.450 ciudadanos europeos afiliados de EI detenidos en el noreste de Siria en medio de la miseria, la enfermedad y el abuso.

Apoyar proyectos de esta naturaleza podría ayudar a prevenir el colapso de los servicios públicos esenciales, lo que pospondría indefinidamente la recuperación de Siria y perpetuaría la inestabilidad actual –un resultado que no serviría ni al pueblo sirio ni a los intereses europeos. Borrell también podría trabajar con los Estados miembros en una estrategia para probar un enfoque basado en incentivos incrementales –levantar progresivamente las sanciones, normalizar gradualmente las relaciones y escalonar el desembolso de los fondos de reconstrucción–  a cambio de reformas políticas significativas y medidas de Damasco para aliviar la represión y la discriminación.

Finalmente, el Alto Representante debería utilizar intercambios regulares con los ministros de Asuntos Exteriores de la UE para alentar la repatriación de los aproximadamente 1.450 ciudadanos europeos afiliados del EI detenidos en el noreste de Siria en medio de la miseria, la enfermedad y el abuso. Restringidos por la política doméstica e inseguros sobre su capacidad para enjuiciar y controlar a los repatriados, la mayoría de los gobiernos europeos han hecho hasta ahora lo mínimo que podían hacer; en su lugar, deberían volcándose para hacer lo máximo.

Si bien la repatriación de ciudadanos europeos sigue siendo competencia de los Estados miembros de la UE, y por lo tanto no es responsabilidad inmediata de Borrell -ciertamente puede defender las políticas a nivel nacional más responsables y una mejor coordinación entre los estados. Al hacerlo, debe instar a los gobiernos a trasladar a las mujeres y los niños al frente de la cola de repatriación. Aunque los gobiernos europeos pueden sentir que no hay una forma políticamente aceptable de traer hombres a casa –especialmente dada la experiencia que algunos Estados han tenido con el regreso de combatientes extranjeros y graves incidentes como el reciente ataque del Puente de Londres– los niños son víctimas de las circunstancias, y muchas mujeres no estuvieron directamente involucrados en las operaciones de EI. Borrell también debería argumentar que más allá de los beneficios humanitarios, su repatriación podría mitigar una variedad de riesgos de seguridad, desde adultos que escapan para regresar a sus hogares con sus propios medios, hasta niños abandonados en medio de la desesperanza de los campamentos y vulnerables al reclutamiento futuro por parte de grupos armados.

7. Facilitar la transición de Etiopía

Desde que llegó al poder hace un año y medio, el primer ministro Abiy Ahmed ha tomado medidas importantes para abrir la política de Etiopía. Pero su gobierno ha fallado al intentar controlar la lucha intercomunal que ha matado a cientos de personas, desplazado a millones y alimentado la hostilidad entre los líderes de las regiones más poderosas de Etiopía en los últimos dos años. Cualquier desestabilización total de este país clave de África Oriental tendría consecuencias desastrosas. Borrell y otros líderes europeos deberían trabajar para evitar esto instando a Abiy a proceder cautelosamente con las reformas políticas, pidiendo a todos los líderes etíopes que reduzcan la retórica incendiaria y que ofrezcan ayuda plurianual para amortiguar las conmociones económicas que agravarían los problemas políticos del país.

Desde que asumió el cargo en abril de 2018, Abiy ha conseguido un gran progreso. Terminó un enfrentamiento de décadas con Eritrea. Siguiendo el ejemplo de su predecesor, Hailemariam Desalegn, liberó a decenas de presos políticos y dio la bienvenida a los disidentes del exilio. Trajo reformistas a instituciones como la junta electoral y los ministerios de economía. Ha ganado elogios en el país y en el extranjero, incluido el Premio Nobel de la Paz 2019.

Pero se avecinan serios problemas. Las protestas masivas entre 2015 y 2018 que llevaron a Abiy al poder estuvieron motivadas por los abusos del gobierno y la incapacidad de abordar el aumento de los costos de vida, el desempleo juvenil y otras preocupaciones cotidianas. Pero también tenían matices de hostilidad étnica. Especialmente en las dos regiones que experimentaron más disturbios, Oromia (el estado natal de Abiy) y Amhara, los líderes locales respaldaron a los manifestantes con la esperanza de revertir la influencia de la minoría Tigray en las instituciones federales y las fuerzas de seguridad del país.

Los aliados europeos deberían instar a Abiy a proceder cautelosamente con las reformas políticas y tratar de mitigar los riesgos sobres las próximas elecciones.

Abiy ha tratado de alcanzar un punto medio entre la continuidad y la reforma desde que llegó al poder, pero su enfoque no ha calmado a las fuerzas etnonacionalistas que claman por más influencia, y algunos de sus esfuerzos por el cambio han enojado a sus compañeros de la coalición. Algunos de sus movimientos han debilitado al Estado, haciéndolo menos capaz de contener la inestabilidad. Las elecciones programadas para mayo de 2020 podrían ser violentas y dividir la arena política, ya que los candidatos compiten por los votos dentro de sus respectivos grupos étnicos y partidos por el control de las ciudades en disputa.

Si se maneja mal, el esfuerzo continuo de Abiy para rehacer en un solo partido la coalición que ha gobernado Etiopía desde 1991 -el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (FDRPE), que comprende los partidos gobernantes de las regiones de Oromia, Amhara y Tigray, así como un cuarto, la región de las Naciones del Sur, Nacionalidades y los Pueblos- corre el riesgo de profundizar las divisiones. La coalición ya se está disgregando, su creciente disfunción a la vez refleja y alimenta la animosidad étnica. Si bien la iniciativa de fusión de Abiy goza de apoyo, también genera resistencia por parte de los opositores –particularmente de los líderes de Tigrayan, pero también de algunos de los rivales Oromo de Abiy– que temen que sea el primer paso para deshacer el sistema federalista étnico del país que garantiza el autogobierno de las regiones.

Borrell puede alentar a los aliados europeos a aliviar los desafíos que afronta Abiy, siguiendo el ejemplo del Representante Especial de la UE ante el Cuerno de África, Alexander Rondos. Primero, deberían instar a Abiy a proceder con cautela con las reformas políticas y tratar de mitigar los riesgos en torno a las próximas elecciones. Si Etiopía procede a una votación en mayo de 2020, los líderes europeos podrían presionar a Abiy para que intensifique los esfuerzos para unir a los partidos y la sociedad civil, con el objetivo de establecer líneas rojas para el comportamiento político y eliminar parte del aguijón del próximo concurso. Si las condiciones se deterioran aún más, los líderes europeos podrían sugerirle que busque un amplio apoyo para un retraso y, potencialmente, alguna forma de diálogo nacional para comenzar a abordar cuestiones de reparto de poder, devolución y territorio. Finalmente, Borrell podría trabajar con su homólogo de desarrollo, Jutta Urpilainen, para reunir el apoyo europeo para un paquete de ayuda financiera de varios años para ayudar a fortalecer las instituciones, impulsar una economía en reforma estructural y disminuir los riesgos de descontento entre una población inquieta y joven.

Puede leer este artículo en su fuente original en inglés, aquí.