Agenda Exterior: Chile

Las protestas masivas de Chile han sacudido el país y propiciado una dura respuesta del gobierno. Hasta la fecha han fallecido 18 personas y casi 1.000 han sido arrestadas. Iniciadas para criticar el alza en los precios del transporte, las movilizaciones han roto la imagen de Chile como economía ejemplar para el resto de la región: su modelo de desarrollo liberal, ampliamente publicitado en el pasado, genera grandes desequilibrios económicos. Preguntamos a diversos expertos si la desigualdad se ha convertido en el principal problema del país.

¿La desigualdad mina el modelo chileno?

PAULINA ASTROZA | Abogada y profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de Concepción (Chile). @PaulinaAstrozaS

El libro Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile (PNUD, 2017) confirma lo que otros estudios venían alertando: si bien el llamado “modelo chileno” ha contribuido mediante crecimiento económico y políticas sociales focalizadas en superar la pobreza, y a pesar de una disminución moderada de la desigualdad de ingreso en línea con la tendencia regional en el periodo 2000-15, Chile sigue siendo de los países con mayor desigualdad del mundo. La población se siente especialmente irritada con la falta de equidad en materia de educación, salud y trato. Al mismo tiempo, la participación política ha ido bajando elección tras elección y los partidos políticos tienen problemas para atraer militantes, cuestionándose el funcionamiento de la democracia. La brecha de género es otro factor importante.

Nadie podía prever cuándo y cuál sería el detonante de la actual explosión social, pero los factores de descontento estaban ahí, manifestándose, acumulándose, entrando en ebullición. Un sistema que ve en lo individual el fundamento de su razón de ser, en que existen abusos reflejados en la permisividad e inacción ante la colusión de empresas, concentración de la riqueza, financiación ilegal de la política, pensiones bajas, aumento del coste de la vida, entre otros aspectos, reflejan que pese al éxito económico de las últimas décadas y los avances en la mejora de las condiciones de vida de la población, una mayor redistribución de esos frutos es urgente. Chile despertó sin estar claro aún cuál será el rumbo que tomará tras el “despertar de Octubre”.

MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ-RAMIL | Analista política y presidenta de la Fundación Hay Mujeres. @Mangeles_HM

Se piensa en el modelo chileno en términos de la ortodoxia de mercado de la Escuela de Chicago que Augusto Pinochet hizo suya para, tras el golpe de Estado de 1973, reimpulsar la economía. Pero fue más lejos: refundó la sociedad chilena en lo que se ha llamado “modernización capitalista”.

Recuperada la democracia en 1990, el centroizquierda ha intentado horadarla con reformas sucesivas en distintos ámbitos. Quien más lejos llegó fue Michelle Bachelet durante su segundo mandato, tras tomar nota de las marchas estudiantiles de 2011. Bachelet impulsó reformas como la educativa, la tributaria y la laboral, cambiando la orientación que traía el proceso político. Intentó minar la desigualdad, aunque Chile se mantiene como el país más desigual de la OCDE. Igualmente, buscó reformar la Constitución por medio de una metodología novedosa, pero sin éxito. En Chile rige todavía la de 1980 que, además de consagrar el rol preponderante del mercado, carece de legitimidad de origen.

El segundo gobierno de Sebastián Piñera buscó revertir algo de lo avanzado, amparado en una Constitución diseñada para frenar los cambios. Según Jaime Guzmán, su principal ideólogo, “había que asegurar que, si llegan a gobernar los adversarios (progresistas), se vean constreñidos a seguir una acción no muy distinta a la que uno mismo anhelaría”.

Más allá de la represión desatada y del ciclo que sigan las protestas, resulta difícil que la población chilena se conforme una vez más con paliativos y no persista hasta lograr cambios estructurales y de fondo.

NICOLÁS MIRANDA | Universidad de Salamanca, Instituto de Iberoamérica.

Las actuales manifestaciones en Chile son una expresión del malestar de la población frente al elevado coste de la vida, los bajos salarios y la precarización de la seguridad social. El modelo chileno se fundamenta en una gran participación del mercado en los servicios sociales, mientras que el Estado queda relegado a un papel subsidiario y mínimo en la prestación de servicios.

Mientras el 50% de los hogares chilenos accede al 2,1% de la riqueza –y el 1% se queda con el 26% del PIB–, la mitad de los trabajadores tiene un salario igual o inferior a 400.000 pesos al mes. Las pensiones son bajas –el 80% de los pensionados recibe una prestación por debajo del salario mínimo–, la clase media es precaria y no hay una verdadera red de protección social del Estado. ¿Resultado? Por una parte, a las familias no les alcanza el dinero para cubrir sus necesidades; por otro, crece el descontento hacia la clase política, que gana mucho dinero, se ve envuelta en casos de corrupción y ejecuta las medidas necesarias para mejorar el bienestar de las personas.

Ningún modelo puede aguantar si no es redistributivo. El Estado chileno no desempeña un papel activo en proteger a los necesitados, tampoco en dar oportunidades y seguridad a la clase media. Lo más preocupante es que no se vislumbra un consenso político y económico acerca de las soluciones necesarias. Algunos apuestan por la construcción de un nuevo pacto o contrato social; otros, por continuar con el modelo actual. Mientras tanto, los perjudicados siguen siendo los mismos. El malestar no se apaciguará.

GERMÁN RÍOS | Profesor de Economía en IE University y socio en Atrevia.

Es cierto que la desigualdad en Chile es alta, pero también lo es que el actual modelo económico, con más de 30 años de implementación, la ha reducido. El problema es que los frutos de las mejoras económicas no han permitido a la clase media una mejora proporcional en su calidad de vida. Estas desigualdades son palpables en algunos mercados, donde oligopolios imponen altos costos a la población. Asimismo, los sistemas de educación y salud son desiguales. Por tanto, existe una sensación de exclusión del éxito económico para una gran parte de la población.

A corto plazo no hay buenas noticias. La economía chilena se ha visto afectada de manera negativa por un entorno internacional desfavorable, sobre todo por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Chile, uno de los países más abierto al comercio internacional del mundo, no tiene expectativas de crecimiento elevadas en los próximos años, lo que probablemente exacerbará los problemas sociales. Sin embargo, los acontecimientos recientes son un aviso a la dirigencia chilena para que preste más atención a las razones del descontento popular. No basta con políticas contra-cíclicas para mitigar el escenario internacional desfavorable, a través de inversión en infraestructura e incentivos para el sector privado. Parte de la estrategia debe centrarse en reformas estructurales que permitan a la clase media sentirse parte del progreso del país.

Esto pasa por una reforma impositiva que haga énfasis en la progresividad y en un sistema de pensiones más justo que el actual. La población chilena demanda mejores servicios públicos y esto requiere acelerar la reforma educativa y hacer más equitativo el sistema de salud. El modelo de desarrollo no es el culpable, puesto que Chile es uno de los países con mayor progreso económico y social en América Latina en las últimas décadas. No obstante, no es suficiente crecer, hay que traducirlo en mejoras concretas en las condiciones de vida de la clase media. Este es el reto para los líderes políticos y para el sector privado.