México: ¿cambio de régimen o de élites?

Durante su discurso de toma de posesión el 1 de diciembre, el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pronunció la siguiente frase: “Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que se ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos”. La frase resume un sentimiento generalizado, pero también un diagnóstico que llevó a AMLO a convertirse en el presidente más votado en la historia reciente del país. Pero, ¿hasta qué punto corresponde a la realidad? ¿Es posible contrastar este diagnóstico con otros países de la región?

En el caso mexicano, la arrasadora victoria de AMLO mandó un mensaje claro: pese a las discrepancias que pueden existir sobre las polémicas soluciones propuestas por Morena, parece existir un consenso en torno a su diagnóstico: la necesidad de separar poder económico de poder político. Esta narrativa, alimentada por la idea de que una pequeña élite –‘‘mafia del poder’’ en palabras de AMLO; ‘‘camarilla’’ en palabras del gobernador panista Javier Corral– frena el desarrollo del país, ha permitido articular un discurso hegemónico y construir un sentido común mayoritario.

En este sentido, la idea de un “cambio de régimen” actuó como un significante vacío, como lo definiría Ernesto Laclau: una frase enarbolada tanto por políticos de cualquier parte del espectro ideológico. Pese a su alto grado de ambigüedad, la idea logró trazar un horizonte colectivo a alcanzar. Un horizonte generador de expectativas de cambio político, acompañado de esperanzas por salir de la crisis humanitaria y de violencia sin precedentes que vive el país.

Basta con ver los más recientes sondeos, a tan solo unos días de la llegada de la nueva administración. Según una encuesta reciente de Consulta Mitofsky, el 60,2% considera que la situación general de México “mejorará” o “seguirá igual de bien”. En la encuesta dirigida por Alejandro Moreno para El Financiero, el nuevo gobierno genera altas expectativas entre la población, que espera ver cambios en el corto plazo. Al responder a la pregunta “¿Cree usted que durante el gobierno de López Obrador el país va a mejorar o a empeorar?”, el 70% considera que la economía y la pobreza van a mejorar, el 69% los derechos humanos, el 68% la libertad de expresión, el 67% la seguridad, el 66% la justicia y el 63% la corrupción.

La idea de un cambio de régimen sugiere reflexiones interesantes. Como la idea de bien común, se trata de un significante capaz de articular fuerzas heterogéneas para crear una identidad política y canalizar demandas a través de la vía institucional. La tradición schumpeteriana de la democracia señala que el bien común no existe como tal –ni tiene por qué existir–, pero en una sociedad democrática puede servir como marco de referencia para articular consensos históricos que, a partir de la construcción de sujetos colectivos, permitan a a las sociedades dirigirse hacia determinados objetivos. Bajo esta premisa, la política siempre será una pugna permanente por definir qué es el bien común. Una “guerra de posiciones”, en palabras de Antonio Gramsci, que evidencia cómo lo político en sociedad no está nunca terminado, sino que se encuentra en permanente reformulación y rearticulación.

El “cambio de régimen” como significante portador de legitimidad fue clave para construir una plataforma y lograr un consenso colectivo, trazando una idea de bien común. Pero a largo plazo, se verá fuertemente condicionado por la capacidad del nuevo gobierno para regular la correlación de fuerzas emanada de las urnas. En última instancia, la hegemonía conseguida por AMLO puede verse erosionada por la falta de eficacia, pero también por la imposibilidad de construir un legado que materialice la legitimidad de su victoria, articulando un proyecto que apunte en un sentido de cambio. Un proyecto distinto al que calificó de neoliberal, que se ha mantenido durante las últimas tres décadas y que sepultó discursivamente durante su toma de posesión.

Élites y desigualdad

“La política es optar por inconvenientes”, ha dicho AMLO en diversas ocasiones. Se trata de estrategia discursiva que –a diferencia de las de sus antecesores– parte del reconocimiento de que lo político puede ser concebido como consenso, pero también como conflicto. Lo político, en términos de Laclau y Chantal Mouffe, entendido desde una visión asociativa y disociativa: como consenso, como espacio de libertad y deliberación pública común y como conflicto. Un espacio de poder y tensión permanente, articulado a través de antagonismos cambiantes.

En última instancia, la idea de separar poder político de poder económico para cambiar el regimen es la forma en que AMLO ha resumido su “cuarta transformación”. Según esta lectura, la primera transformación fue la Independencia –acabar con el dominio del imperio español–, la segunda la Reforma –la separación de la Iglesia y el Estado– y la tercera la Revolución –derrocar a la dictadura porfirista e instaurar una democracia–. La cuarta consistirá en separar el poder económico del poder político. La concepción de este proyecto como paso necesario para lograr un “cambio de régimen” nos hace regresar a la frase pronunciada por AMLO durante su discurso el 1 de diciembre. ¿Hasta qué punto se puede afirmar que existe una minoría que se ha beneficiado de la desigualdad a costa de la mayoría? ¿Cuál es la magnitud de la desigualdad en México?

Según el informe elaborado por Gerardo Esquivel para Oxfam México, es sumamente complejo saber cómo de desigual es México respecto a otros países. Hay estimaciones, como las ofrecidas por la Standarized World Income Inequality Database, que sitúan a México dentro del 25% de países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Pese a que el coeficiente de Gini muestra que la desigualdad de ingresos disminuyó entre mediados de los 90 y 2010, sigue siendo mayor a la que había durante los años 80. Esto se debe, según Raymundo Campos, Esquivel y Emmanuel Chávez, principalmente a que el crecimiento económico se concentra en las esferas más altas de la población: al 1% más rico le corresponde un 21%; el 10% más rico concentra el 64,4%.

A nivel mundial, mientras la cantidad de millonarios disminuyó entre 2007 y 2012 un 0,3%, en México creció un 32%. Estas estimaciones vienen acompañadas de una ausencia de movilidad en las altas esferas, de modo que la cantidad de multimillonarios en México no ha crecido, pero sí la magnitud de su riqueza. Si en 2002 la riqueza de 4 mexicanos representaba el 2% del PIB, entre 2003 y 2014 este porcentaje subió al 9%, equivalente a un tercio de los ingresos acumulados por casi 20 millones de mexicanos. Estas cifras han servido para sostener a una élite enquistada, que ha capturado el Estado y propiciado una política fiscal que le beneficia. Ejemplo de ello es que México tiene un sistema tributario mayoritariamente regresivo, cuya tasa marginal del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se cuenta entre las más bajas de los países de la OCDE.

Estas cifras han ayudado al nuevo gobierno a articular un diagnostico que se ha vuelto hegemónico. La pregunta, a menos de un mes de haber tomado posesión, es hasta dónde será posible revertir esta situación y crear un legado duradero que profundice un cambio de régimen y no solo de élites.