¿Es la industria de defensa estratégica para España?

La polémica en torno a la venta de armamento español a Arabia Saudí, que lidera la coalición árabe en la guerra de Yemen contra los rebeldes huzíes, ha puesto el foco sobre el comercio de armas en particular y la industria de la defensa en general. Adama Dieng, asesor especial de la ONU para la Prevención del Genocidio, ha pedido al Consejo de Seguridad que investigue posibles crímenes contra la humanidad cometidos por los saudíes en un conflicto que ha provocado ya más de 15.000 muertos y heridos entre la población civil.

Como miembro de la Unión Europa y socio de la OTAN, España tiene una responsabilidad global que se traduce en compromisos en materia de defensa. Este sector tiene, por otra parte, un peso importante en el débil tejido industrial español. Y España es, además, el séptimo exportador mundial de material de defensa. Los dilemas políticos, económicos, legales y morales están sobre la mesa. Más allá de datos y dilemas, preguntamos a seis expertos si la industria de defensa es realmente estratégica para España.

Félix Arteaga | Investigador principal del área de Seguridad y Defensa en el Real Instituto Elcano

El carácter estratégico de la industria de la defensa no se determina por el factor industrial. El carácter estratégico responde a la determinación de los Estados de contar con un poder militar autónomo y permanente. El carácter estratégico solo está al alcance de las grandes potencias, las que confían en su capacidad militar como instrumento de influencia internacional a largo plazo. Una confianza vinculada a la cultura estratégica del país; es decir, a la visión que tienen las élites y la opinión pública sobre la necesidad y utilidad de la fuerza en las relaciones internacionales según su experiencia histórica, política y social.

La industria de defensa en España no se considera estratégica porque la cultura estratégica del país no vincula la protección de los intereses estratégicos nacionales con el mantenimiento de una capacidad industrial y militar. Sin voluntad de autonomía estratégica, el desarrollo del poder y la industria militar no se vincula con intereses vitales de seguridad sino con intereses coyunturales como la participación en misiones internacionales, la modernización de las fuerzas armadas o la preferencia nacional en las compras.

Si se analiza la evolución de la industria española de defensa con perspectiva histórica (Francisco Pérez Muinelo, “El Gasto de Defensa/Militar en España, 2009 y 2015”) se observa un único momento de voluntad estratégica, en los años ochenta, cuando se aprobó la Ley de Dotaciones 44/1982 para modernizar las fuerzas armadas y dotarlas de un componente expedicionario. Por esta razón, la desinversión industrial en España es un efecto –y no una causa– de la falta de cultura y voluntad estratégica. Ni antes ni después se ha traducido la voluntad teórica en inversiones estratégicas. Como resultado, el futuro de la industria española de defensa depende ahora de su integración en la base tecnológica e industrial de la defensa europea, de los fondos y programas europeos para investigación y desarrollo y de los nichos de mercado global que puedan encontrar sus industrias.

José Enrique de Ayala | Miembro del consejo asesor de ‘Política Exterior’. Fue jefe del Estado Mayor del Eurocuerpo entre 2001 y 2003

La defensa de un país requiere la disponibilidad de equipos militares suficientes en cantidad y calidad que solo puede garantizarse si se dispone de una Base Industrial y Tecnológica de la Defensa (BITD) propia adecuada a las necesidades. En España, este sector tiene además un peso importante en nuestro débil tejido industrial. Las 608 empresas registradas en el ministerio de Defensa facturaron, en 2015, 82.549 millones de euros, de los cuales más de un 7%, casi 6.000 millones, en el sector defensa, dando trabajo a más de 200.000 personas, con cerca de 21.000 empleos directos y 30.000 indirectos. Muchas de estas empresas no sobrevivirían sin la carga de trabajo de defensa, particularmente las industrias navales y aeroespaciales, que son las que también se benefician más de la tecnología de doble uso que se desarrolla en muchos equipos militares.

No obstante, un país como España, con un gasto reducido en defensa, no tiene entidad suficiente para mantener una BITD autónoma competitiva y tecnológicamente avanzada. Solo puede sostenerla artificialmente, mediante inversiones de dudosa eficacia como los Programas Especiales de Armamento, o con una política de exportaciones excesivamente laxa respecto a los derechos humanos.

La solución habría que buscarla en la UE. Empresas multinacionales como Airbus, o iniciativas como la OCCAR en el desarrollo del avión militar de transporte A-400, que se verán ahora favorecidas por la creación del Fondo Europeo de Defensa, ofrecen retornos suficientes para mantener nuestra industria e impulsarla tecnológicamente. La creación de una robusta BITD europea es deseable, y sería posible si los Estados miembros accedieran a crear un mercado único real en el sector. Aunque acabara con las empresas más débiles, como ha sucedido en otros sectores, abriría a las más competitivas un mercado suficientemente amplio para sostenerse e invertir lo suficiente en I+D+i.

Luis Andrés Bárcenas Medina | Teniente Coronel del Ejército de Tierra, destinado en el Estado Mayor del Eurocuerpo

El sí es rotundo, así que merece más la pena desgranar los argumentos que apoyan esta afirmación que ponerla en duda.

En primer lugar, la industria de defensa contribuye a la riqueza nacional con un efecto multiplicador de las inversiones públicas de primer orden, tanto a través de la investigación y el desarrollo tecnológicos, como en retornos fiscales mediante la creación de empleo –de mucha calidad– y las exportaciones (no olvidemos que el mercado de la defensa está totalmente distorsionado por lado de la demanda, y por ello requiere de una sólida e inteligente política industrial). La crisis económica de los últimos 10 años nos ha recordado que la prosperidad de la nación y la salud de las cuentas públicas son un factor fundamental en la ecuación de la seguridad nacional. En segundo lugar, la industria de defensa es uno de los pilares básicos, junto a la calidad de las fuerzas armadas, sobre los que reposa la arquitectura de nuestra defensa nacional. España ha apostado por formar parte de un sistema internacional de equilibrios y garantías recíprocas que proporciona un grado satisfactorio de disuasión y una capacidad efectiva de respuesta. Pero pertenecer a este “club” (en sus diferentes foros, OTAN, UE, ONU) requiere de un compromiso de contribución tecnológica y operativa que otorgan el estatus de “homologable” con nuestros socios y aliados. La industria nacional de defensa hace que esto sea posible. En tercer lugar, y para capacidades críticas, la industria de defensa española dota al país de un grado de autonomía estratégica del que ningún gobierno responsable puede prescindir.

Finalmente, en el complejo mundo de las relaciones internacionales, cada país ocupa un espacio directamente proporcional a la influencia que es capaz de ejercer, por sí solo o asociado con otros. La industria de defensa se convierte así en tarjeta de visita inexcusable para nuestra política exterior, y se configura como una herramienta estratégica de primer orden en la protección de nuestros intereses nacionales.

Inma Bueno | Directora de proyectos NRBQ IBATECH

La industria de defensa no solo constituye un valor económico para España, sino, sobre todo, es un pilar de estabilidad y seguridad. España, como Estado miembro de la UE y socio de la OTAN, tiene una responsabilidad a nivel global y necesita apoyarse en la industria, para conseguir las capacidades necesarias, y poder dar una respuesta a los requerimientos de la sociedad, en un entorno cambiante.

Una política de I+D+i que permita la posterior industrialización de sistemas clave para la seguridad de un país puede dotar al mismo de autonomía y evitar la dependencia de suministros de otros países, factor crítico ante una emergencia o un conflicto internacional. Las pymes españolas están haciendo un esfuerzo, tanto en los programas de I+D europeos como nacionales, para desarrollar tecnologías duales, que cubrirían las carencias actuales en el sector de defensa y seguridad.

La industria española está preparada para afrontar los retos de la revolución tecnológica del siglo XXI, siendo capaz de aportar ideas y soluciones innovadoras que quedan, en muchas ocasiones, frenadas por la falta de presupuestos para llevarlas a cabo. El escenario ideal sería aquel en el que las capacidades estratégicas de defensa pudieran cubrirse, en un alto porcentaje, por desarrollos nacionales y, a su vez, con el suficiente apoyo institucional para poder exportar dichos productos, factor clave en un mercado altamente competitivo. Este es un reto que haría que la industria de defensa fuera, si cabe, aún más estratégica para España.

José Julio Rodríguez | Responsable del área de paz y seguridad en el consejo ciudadano de podemos. Fue jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2008 y 2011. @Julio_Rodr_

La industria de defensa es estratégica si consideramos sus datos de facturación: más de 10.000 millones de euros, 55.000 puestos de trabajo directos e indirectos y un 80% de su producción dedicada a la exportación.

Ahora bien, esta industria tiene ante sí importantes retos, fruto de los cambios que se han dado en la escena internacional y europea, así como las tecnologías emergentes que están abriéndose paso. La apuesta que se está haciendo por una Europa de la defensa, con la PESCO y el Fondo Europeo de Defensa como ejemplos paradigmáticos, debe armonizarse con unas industrias nacionales que sepan aprovechar las sinergias y economías de escala. Lejos de fomentar unas industrias ganadoras y otras perdedoras, es preciso asentar una dinámica win-win para las distintas industrias nacionales. En este proceso, el papel de los gobiernos europeos es fundamental, al establecer el marco de incentivos que coadyuve a un resultado u otro. Y esas decisiones no pueden decidirse exclusivamente en los fríos despachos o lobbies de Bruselas, París o Berlín.

Esto supone un cambio profundo en nuestra política de defensa, que pasa por un debate transparente y por unos planes a corto, medio y largo plazo para efectuar una transición controlada para los miles de trabajadores implicados y las nuevas necesidades de seguridad en nuestros países. «Más Europa» no debe volver a asociarse con precariedad o desempleo, como ya sucedió con otras industrias en nuestro país, sino con seguridad y prosperidad para todos.

El hecho de que los procesos de transición no sean fáciles no es excusa para no abordarlos. Si algo he aprendido a lo largo de mi trayectoria profesional es que el retraso en la toma de decisiones a la espera de tiempos mejores nunca es una buena estrategia. Al contrario, suele agravar los problemas.

Jesús A. Núñez Villaverde | Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) @SUSONUNEZ

En términos estrictamente económicos la industria de defensa española no es relevante. Ni por volumen de negocio –apenas representa el 1% del PIB– ni por empleo –algo más de 50.000 puestos de trabajo en casi 400 empresas– cabe identificarlo como un motor de actividad económica a escala nacional, como ocurre con el complejo militar-industrial estadounidense. Eso no quita para que puntualmente ocupe posiciones destacadas a nivel internacional y que, en conjunto, España figure como el séptimo exportador mundial de material de defensa.

Sin embargo, desde una perspectiva global, no hay duda de que su peso en la agenda nacional es muy superior. Por un lado, asumiendo que todo Estado tiene derecho a su defensa, España procura contar con una base industrial que le permita cubrir por sí misma buena parte de sus necesidades. Por otro, ese activo le otorga más influencia sobre aliados y socios (clientes) y más peso internacional –sea en la OTAN o la UE– cuando se trata de desarrollar capacidades comunes y de tomar decisiones en asuntos que afectan a sus intereses. Por último, le garantiza una capacidad de reserva si, por cualquier circunstancia adversa, solo puede contar con sus recursos para atender a sus necesidades.

En todo caso, eso no justifica el “todo vale”. Así, no vale producir material que sirve más a intereses sociales –mantenimiento del empleo a toda costa– y empresariales que a los propios de la defensa. Tampoco vale convertir al ministerio de Defensa en un agente comercial de las empresas, por mucho que sea el interés de garantizar su viabilidad económica. Y lo mismo cabe decir de exportar material sin apenas límites, contraviniendo las normas internacionales y la Ley 53/2007 de Comercio de Armas. Actuar así puede suponer algún beneficio inmediato, pero termina por perjudicar los verdaderos intereses de España.