Ley de organizaciones políticas en Bolivia. ¿Necesidad o instrumentalización?

El 6 de agosto, día de la independencia de Bolivia, Evo Morales redujo el tiempo de su discurso del estado de la nación a 33 minutos, cuando estaba planificado para al menos dos horas. El motivo fue que, durante el acto, un grupo de opositores empezaron a gritar la consigna “Bolivia dijo no”, recordando al presidente el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría de la población rechazó su intención de presentarse a la presidencia por cuarta vez consecutiva. Dictamen que Morales trata de ignorar por todos los medios.

El éxito de la oposición no radica en interrumpir a Morales sino en colocar la disputa en torno a la validez de los resultados de aquel referendo en la agenda pública. La persistencia de Morales polariza al país, dañaba su legitimidad y parecía dar razón a los portavoces de la oposición, que declaran que Bolivia amenaza con convertirse en una dictadura. Así, el gobierno no podía debatir otros temas en los se siente fortalecido, como la estabilidad y crecimiento económico que, aunque modesto, es uno de los mejores de América Latina (el Banco Central de Bolivia proyecta un 4,7% para 2018). El partido de gobierno, que se ha manejado bien articulando acciones políticas y discursos en torno a las divisiones estado-mercado y étnico, no tenía respuesta ante las acusaciones de autoritarismo.

Por su parte, los datos de popularidad del presidente mostraban que el asunto está teniendo efectos catastróficos. Una encuesta de la empresa IPSOS indica que la aprobación a la gestión presidencial en abril de 2018 había bajado siete puntos en relación al año anterior, reduciéndose al 47%. Su respaldo tenía como base las ciudades altiplánicas de El Alto y Oruro (tradicionales bastiones del MAS) que compensaban descensos de popularidad en ciudades como Santa Cruz, Trinidad y Cobija. Este panorama se agravaba con datos de ciudades postergadas en su desarrollo, como Potosí y Sucre, donde el rechazo a la gestión presidencial llegaba al 72% y 92% respectivamente.

La estrategia del gobierno

Ante esta situación, el oficialismo, en la segunda semana de agosto, retomó la iniciativa. Haciendo uso de su mayoría de dos tercios en la Asamblea legislativa, sorprendió a todos empezando a tratar la nueva Ley de Organizaciones Políticas. Este proyecto, de 105 artículos, buscaba normar aspectos como equidad de género, democracia interna y financiamiento en los partidos políticos, entre otros. El aspecto que más llamó la atención fue el referido a la realización de primarias, puesto que se dispuso su realización para enero de 2018, de cara a las elecciones de 2024.

Uno de los grandes déficits de la democracia boliviana está en su caudillismo. Pese a que los partidos políticos son organizaciones claves de la democracia, no son democráticos en lo interno, de tal manera que sus líderes no se someten a un proceso de selección abierto. Visto de esta manera, la realización de primarias solo se podía ver como un logro positivo.

Sin embargo, las prisas de la Asamblea legislativa Plurinacional parar discutir la ley –aprobada definitivamente en poco más de dos semanas, cuando en general este tipo de iniciativas requieren varios meses­–, y la exigencia de las primarias llevan a pensar que, en realidad, lo que hace el MAS es instrumentalizar la norma para favorecerse políticamente. Al adelantar la realización de primarias, reduciría considerablemente el tiempo de los partidos para establecer alianzas y candidaturas y desplazaría del centro de la agenda pública del ninguneo de los resultados del referéndum de 2016, puesto que el partido insiste en repostular al presidente Morales para las elecciones de 2019.

El campo opositor: entre los partidos políticos y el contrapoder ciudadano

En los últimos años el campo opositor se ha dividido en dos espacios. El primero, institucional, está compuesto por los partidos políticos; el segundo, informal, lo integran distintas expresiones del contrapoder ciudadano.

El campo compuesto por los partidos políticos está presente en todos los espacios institucionales de la política, aunque con distinta fuerza y capacidad. En el poder legislativo su presencia es irrelevante, ya que el MAS tiene una amplia mayoría de dos tercios. Esta fuerza opositora aumenta en el nivel subnacional, puesto que tres gobernaciones de nueve posibles están al mando de líderes opositores, entre ellas las de La Paz y Santa Cruz; a la vez, seis alcaldías de capital están en manos opositoras, incluyendo tres de las ciudades más pobladas de Bolivia: Santa Cruz, Cochabamba y El Alto.

El otro espacio político es un conjunto heterogéneo de fuerzas que, diseminada a lo largo y ancho del cuerpo social, desarrollan poderes de vigilancia, veto y juicio sobre el poder constituido, poniendo permanentemente en cuestión la gestión de gobierno. Este contrapoder que existe en casi todos los regímenes democráticos del mundo, ha tenido una fuerte influencia en el gobierno de Morales entre 2010 y 2018. En 2010 logró revertir la subida de los carburantes; en 2011, su apoyo a la marcha indígena, que se oponía a la construcción de una carretera que dividía el Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (TIPNIS), fue fundamental para que Morales retrocediera; en las elecciones de magistrados del poder judicial en 2011 y 2017, su convocatoria al voto nulo tuvo éxito, puesto que esta opción, en ambos casos, superó el 50% de los votos; en el referendo constitucional de 2016, la convocatoria a votar por el No fue fundamental para la derrota de Morales y Álvaro García Linera; finalmente, en 2017 una movilización liderada por médicos y apoyada por la ciudadanía hizo que el presidente anulase la ley del nuevo Código Penal a pesar haber sido promulgada.

El espacio institucional de y el contrapoder ciudadano no siempre coinciden, puesto que la primera busca que la representación política fluya a través de los partidos, mientras que la segunda profundiza en la desconfianza sobre los poderes públicos y sus líderes. Esto explica que en el informe de Latinobarómetro de 2017 la confianza en los partidos políticos en Bolivia solo llegue al 15%.

Ante la cercanía de las elecciones presidenciales de 2019, las plataformas ciudadanas, como intento de expresión del espacio informal de la oposición, tratarán de desplazarse hacia el campo institucional de la política, conformando un nuevo partido o buscando alianzas con algunos de los partidos políticos reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral. Pero el proceso no será fácil ni rápido. En el caso de que las plataformas decidan formar un nuevo partido, necesitan recursos institucionales y organizativos que no tienen. Lograr alianza con otro partido político implicaría negociaciones muy complejas, donde el postulado de unidad con renovación implica una ingeniería política larga y conflictiva.

En este contexto, lo que hace la nueva ley de partidos es apresurar los tiempos políticos y presionar sobre ambos espacios de oposición, que para asumir decisiones necesitan un tiempo de maduración. El proceso de definición de candidaturas, que con el pasado cronograma electoral daba 11 meses de plazo, ahora se debe realizar en 60 días como máximo.

La nueva ley de partidos provoca un cierre de las posibilidades electorales de una amplia gama de la población, que busca renovación y unidad de liderazgo. Como es poco probable que esto suceda, es previsible un repliegue aún más radical de la ciudadanía en el desapego y desconfianza hacia las instituciones democráticas. Una ley de organizaciones políticas pensada para fortalecer representatividad política y la canalización de demandas a través de los partidos políticos provocaría lo contrario: desapego frente a las instituciones democráticas y una invitación a la acción directa, a las calles.