Trump reparte palos y zanahorias en Oriente Próximo

El 25 aniversario de la firma en septiembre de la Declaración de Principios, que dio lugar a los Acuerdos de Oslo y puso en marcha un Proceso de Paz basado en incentivos para Israel y para la Organización por la Liberación de Palestina, está coincidiendo con la implementación de una batería de medidas punitivas contra los palestinos. Si en 1993 Bill Clinton intentó actuar como mediador honesto entre las partes –aunque tras el fracaso de las negociaciones de Camp David en julio de 2000, responsabilizó exclusivamente a Yaser Arafat, exonerando a Ehud Barak–, Donald Trump ha decidido tomar claro partido por Israel e ignorar las demandas palestinas.

Desde que el actual presidente de Estados Unidos decidiera reconocer la capitalidad israelí sobre Jerusalén mediante declaración formal el 6 de diciembre de 2017 y trasladar allí su embajada el 14 de mayo de este año, sus relaciones con su homólogo palestino, Mahmud Abbás, se han deteriorado hasta alcanzar niveles críticos. Abbás –que a sus 83 años se encuentra en un momento de gran debilidad, tanto política como física, e incluso quizás mental– ha dado orden a todos sus subordinados en la Autoridad Nacional Palestina y la OLP de congelar las relaciones con la administración estadounidense. La reacción de Trump, aplicando una combinación de muchos palos y muy pocas zanahorias, ha sido progresiva pero contundente.

Dentro de esta estrategia de presión, su primera víctima fue la Unrwa, agencia de la ONU que presta apoyo a los refugiados palestinos. Inicialmente, recortó una sexta parte de la aportación anual estadounidense –360 millones de dólares, que constituyen una tercera parte del presupuesto con que la Unrwa ofrece servicios educativos, sanitarios y sociales a cinco millones de refugiados–. Posteriormente canceló el resto de su aportación, colocando a la agencia en una situación de crisis financiera por la que ha tenido que solicitar a otros países, entre ellos España, que incrementen sus cuotas de cara a la conferencia de donantes que va a celebrarse en Nueva York.

Más adelante suprimió otra partida de 200 millones de dólares destinados a proporcionar ayuda humanitaria a través de la agencia de cooperación internacional estadounidense, Usaid, y ONG como World Vision, CARE, Anera o Save the Children. Recientemente, ha eliminado otra partida de 25 millones de dólares destinados a cofinanciar los hospitales de Jerusalén Oriental, centros sanitarios de referencia para los palestinos de Cisjordania y Gaza en especialidades como la oncología y la oftalmología. Por último, ha cancelado otra partida de 10 millones de dólares a organizaciones de derechos humanos.

En el ámbito político la administración Trump –cuya acción exterior obra ahora en manos de tres halcones: el secretario de Estado, Mike Pompeo, el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, y la embajadora ante la ONU, Nikki Haley– acaba de anunciar el cierre inminente de la oficina de representación de la OLP en Washington. Una delegación que aunque nunca ha tenido el rango de embajada actúa de facto como tal, y fue abierta precisamente a raíz de la firma de la Declaración de Principios (anteriormente, la OLP estaba considerada como organización terrorista).

Acoso y derribo

Esta operación de acoso y derribo contra los palestinos por parte de la administración Trump persigue varios objetivos. El primero de ellos desmantelar la Unrwa, que desde Washington es vista como una especie de Estado dentro del Estado –en el caso de la ANP en Cisjordania– y cuyos trabajadores locales en Gaza tienden a simpatizar con la agenda islamista radical de Hamás. Una agencia incómoda que ayuda a perpetuar el estatus legal y las reivindicaciones de los refugiados. Por este motivo, la administración Trump y el gobierno de Israel quieren que se disuelva y sus competencias pasen al Acnur, lo que equipararía a los palestinos con otros refugiados, tales como afganos, sirios e iraquíes.

El segundo objetivo, derivado del primero, sería la revocación del derecho del retorno de los refugiados palestinos, facilitando compensaciones económicas para que se queden donde están. Esto es, dos millones en campamentos de Cisjordania y Gaza, otros dos millones en Jordania, 530.000 en Siria y 464.000 en Líbano. La propuesta incluye una petición a la ONU para que modifique los criterios que establecen quién tiene derecho al estatuto de refugiado palestino, con el objetivo de reducir su número a una décima parte.

Igualmente, la diplomacia estadounidense pretende neutralizar la denuncia que la OLP ha incoado contra Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra cometidos por su ejército durante la operación “Margen protector” en el verano de 2014. El representante palestino en Washington, Husam Zomlot, ha confirmado que Palestina va a urgir a la CPI para que abra dicha investigación relativa a la también conocida como tercera guerra de Gaza, algo que es rechazado de plano no solo por el Gobierno de Benjamin Netanyahu sino también por la misma administración Trump. El propio Bolton se jacta de que una de las mejores cosas que hizo durante su servicio previo en la administración Bush fue sacar a su país del proceso de constitución de la CPI y del Tratado de Roma. La expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental –que prácticamente se ha cuadriplicado desde la firma de los Acuerdos de Oslo– figura entre los expedientes presentados en La Haya, que podrían conducir además a la investigación de supuestos crímenes de guerra por parte de las milicias palestinas.

Todas estas medidas punitivas persiguen que el Rais palestino ordene el cese del boicot a los mediadores estadounidenses y retome las negociaciones del comúnmente conocido como Deal of the century (Acuerdo del siglo), cuyo contenido no ha sido todavía desvelado, pero del que ya disponemos de algunas claves. El propio Abbás desveló recientemente que se ha reunido cuatro veces con Trump, a quien planteó la propuesta palestina de crear un Estado desmilitarizado y protegido por un contingente de la OTAN. Eventualmente, se declaró dispuesto a aceptar una confederación tripartita con Jordania e Israel, en línea con el modelo que barajaba el laborismo israelí durante el proceso de Oslo (olvidado en cuanto estalló la segunda Intifada, a finales de 2000).

Trump por su parte le habría propuesto integrarse en una confederación bilateral con Jordania, en consonancia con un aforismo tradicional de la derecha israelí (“Jordania es Palestina”). Este modelo perpetuaría la segregación territorial, política y administrativa entre Cisjordania y la franja de Gaza, y esta última quedaría bajo tutela egipcia. Un planteamiento que en ningún momento se aproxima a los mínimos que podría aceptar Abbás y que impediría definitivamente la solución de los dos Estados que formaba parte de la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense de 2002 (en vísperas de la invasión de Irak), pero que desapareció en revisiones posteriores.

El equipo de mediadores, dirigido por el yerno presidencial Jared Kushner y el enviado especial Jason Greenblatt, está perfilando los detalles de dicho “trato del siglo”, que podría ser presentado durante este otoño en el marco de la Asamblea General de la ONU. Una propuesta de acuerdo que sigue siendo anatema para los palestinos, pero que aparentemente cuenta con la connivencia de algunos dirigentes árabes. Entre tanto, la Unión Europea se limita a criticar y a observar desde la banda, en vez de presentar alguna propuesta transaccional, mientras incrementa sus contribuciones financieras a la Unrwa. Haciendo válido, una vez más, el axioma de que Europa actúa como gigante económico, enano político y gusano militar.