La corrupción va a las urnas en Colombia

El 26 de agosto tendrá lugar en Colombia la Consulta Anticorrupción. Se trata de un proceso electoral que busca aprobar medidas para prevenir y castigar la corrupción en el país. Los votantes tendrán que aprobar o rechazar siete preguntas: sobre la reducción del salario de congresistas y altos funcionarios del Estado, el cumplimiento total de penas de cárcel para personas condenadas por corrupción y su prohibición de volver a contratar con entidades públicas, la contratación transparente, los presupuestos participativos, la rendición de cuentas de congresistas, la declaración de bienes y derechos patrimoniales de políticos electos y el límite máximo de tres periodos para ejercer un cargo electo.

Los siete mandatos anticorrupción fueron impulsados por la ex senadora y ex candidata a la vicepresidencia Claudia López, que lideró el comité promotor de la iniciativa junto con otros políticos de la Alianza Verde. Después de meses de debate, el 5 de junio la plenaria del Senado aprobó la realización de la consulta por 84 votos a favor y 0 en contra. Nueve días después, Juan Manuel Santos firmó el decreto que la puso en marcha.

La consulta popular es uno de los siete mecanismos de participación recogidos en la Constitución de 1991, cuya finalidad es que la ciudadanía decida sobre asuntos de interés nacional, departamental o municipal. A diferencia del referendo, que tiene como objeto la aprobación o derogación de leyes, o el plebiscito, en el que se vota sobre una iniciativa presidencial, la consulta popular plantea preguntas sobre aspectos concretos y su decisión es de obligado cumplimiento. No obstante, la Ley 134 de 1994 exige un umbral mínimo de participación de una tercera parte del censo electoral para la validez de la consulta. Para que las propuestas anticorrupción salgan adelante, el domingo tendrán que participar al menos doce millones de colombianos y el sí deberá lograr más de la mitad de los votos.

La gran incógnita de la elección del domingo es si la participación alcanzará el umbral mínimo. 12,8 millones de colombianos acudieron a las urnas para el plebiscito de paz. ¿Logrará el problema de la corrupción movilizar al electorado? Hay motivos para el optimismo. La primera encuesta sobre la consulta, realizada por Opinómetro y publicada hace unos días, revela que 78% de los colombianos están seguros de que votarán. Además, en abril de este año la encuestadora Gallup Poll reveló que la corrupción es el principal tema de preocupación ciudadana en el país. No es para menos: según un informe presentado por la Universidad Externado de Colombia en agosto, los corruptos robaron al menos nueve billones de pesos (2.620 millones de euros) al año.

Sin embargo, la aprobación de estas medidas contra la corrupción no será fácil. Por un lado, Colombia no tiene voto obligatorio y, junto a Chile, encabeza la lista de países con mayor abstencionismo electoral en la región. Será la cuarta vez que la ciudadanía colombiana acude a las urnas este año. Por otro lado, si bien la consulta contó con el respaldo en el senado del Centro Democrático, partido del presidente Iván Duque, en las últimas semanas el uribismo se ha dividido. Su líder, el ex presidente Álvaro Uribe, y buena parte de sus seguidores se han desmarcado de la consulta aduciendo que la votación está “politizada”, tiene un elevado coste y que el nuevo gobierno ya ha presentado varios proyectos para combatir la corrupción. En cambio, hace unos días Duque instó a los colombianos a respaldar la consulta “con entusiasmo”, aclarando que “tiene que ser la bandera de toda Colombia”.

Este es el tercer encontronazo del gobierno con el partido de Uribe en menos de un mes. El primero fue a raíz de unas declaraciones de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en las que aclaró que el ejecutivo no apoyaría un eventual referendo para acabar con la Justicia Especial para la Paz (JEP), propuesto por las senadoras Paola Holguín y Paloma Valencia. El segundo fueron las críticas de algunos uribistas al gobierno por el nombramiento del viceministro de vivienda Víctor Saavedra, quien participó en un programa de educación sexual liderado por la ex ministra Gina Parody en el gobierno Santos y que en su día generó polémica entre los sectores más conservadores del país. ¿Es la Consulta Anticorrupción otro motivo de desacuerdo real entre Uribe y Duque, o se trata de una arriesgada estrategia de doble discurso de su partido para quitar al presidente la etiqueta de títere?