Colombia: desafíos para un nuevo presidente

El 7 de agosto Iván Duque Márquez se posesionó como el nuevo presidente de la República de Colombia. En su discurso de investidura invitó a sus compatriotas a superar las diferencias ideológicas a través del diálogo y aseguró que quiere gobernar el país “con el espíritu de construir, nunca de destruir”.

Siendo el candidato apadrinado por el expresidente Álvaro Uribe en las pasadas elecciones presidenciales, Duque logró la victoria en segunda vuelta frente al izquierdista Gustavo Petro. Este abogado de 42 años es hijo de Juliana Márquez Tono e Iván Duque Escobar, político liberal que fue gobernador de Antioquia durante la presidencia de Julio César Turbay y ministro de Minas y Energía en la administración de Belisario Betancur, y nieto de Hernando Márquez Arbeláez, viceministro de Minas de Misael Pastrana.

Paradójicamente, Duque inició su carrera política como asesor del presidente saliente Juan Manuel Santos cuando este era ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana, y fue el mismo Santos quien lo envió como representante de Colombia al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde trabajó más de diez años. En julio de 2014 se convirtió en senador por el Centro Democrático, el partido de Uribe, ejerciendo de opositor al gobierno de Santos.

Duque deberá hacer frente a los grandes desafíos que tiene por delante el país. En primer lugar, la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC, uno de los asuntos que más preocupa a la oposición, ya que el nuevo presidente fue promotor del No en el plebiscito del 2 de octubre y prometió “revisar los acuerdos” durante la campaña electoral. En su discurso de posesión, Duque propuso construir la paz “entre todos”, pero volvió a insistir en que su gobierno desplegará “correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, reparación y no repetición”, y corregirá “las fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementación”.

Otro de los retos pendientes del nuevo gobierno es hacer frente a la oleada de violencia de los nuevos grupos paramilitares que, como el propio Duque mencionó en su discurso de posesión, se ha saldado con cientos de líderes sociales y de la oposición muertos en los últimos dos años, y que recuerda al exterminio de los miembros la Unión Patriótica y otros líderes de izquierda durante las décadas de los años ochenta y noventa.

Un tercer desafío del recién investido presidente es la crisis en Venezuela. En los últimos dos años Colombia ha recibido a más de 800.000 personas migrantes procedentes del país vecino. El 3 de agosto, Santos se reunió con el presidente electo para hablar sobre la situación migratoria e informarle sobre el Decreto 1288 de 2018, firmado el día anterior por el mandatario saliente, que otorgó a los venezolanos inscritos en Colombia acceso a salud, educación y trabajo. Mientras tanto, la tensión diplomática entre los dos países se ha agravado después de que Nicolás Maduro acusara a Santos de estar detrás del ataque con drones contra el presidente venezolano el 4 de agosto.

Por último, otro asunto clave al que los analistas todavía no han puesto suficiente atención es la inminente crisis de la salud. Según los datos del ministerio de Hacienda, el 22% de los hospitales públicos colombianos están en alto riesgo fiscal y financiero. El sistema de salud pública vigente, surgido de la controvertida Ley 100 de 1993 (cuyo ponente fue el entonces senador Uribe), se gestiona por entidades promotoras de salud (EPS), aseguradoras privadas que no prestan los servicios médicos sino que ejercen de intermediarias entre el paciente y el hospital o la clínica. Los problemas financieros de los centros médicos son el resultado de varias décadas de corrupción y gestión ineficiente por parte de las EPS. El rechazo de la atención a los pacientes por estas entidades ha provocado el uso generalizado de la acción de tutela constitucional como un requisito para acceder al derecho a la salud, retrasando el servicio e imponiendo una dura carga a la administración de justicia.

Para afrontar todos estos desafíos, el nuevo presidente cuenta con un amplio apoyo en las urnas y una mayoría sólida en el Congreso, aunque queda por ver si decide ejercer un liderazgo propio, como hizo Santos, o limitarse a cumplir con los mandatos de Uribe. En los días previos a la toma de posesión se han tomado decisiones que mantienen la incertidumbre. Por un lado, Duque ha nombrado un gabinete paritario conformado en su mayoría por tecnócratas, algunos de los cuales habían formado parte del gobierno de Santos, y su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en una entrevista con El Espectador declaró que la nueva administración no apoyará ningún referendo para acabar con la Justicia Especial para la Paz (JEP), aclarando que “una cosa es el Centro Democrático y otra, el gobierno”.

Sin embargo, en los días previos a la toma de posesión, Duque se ha mantenido fiel a su mentor. Después de la decisión de la Corte Suprema de investigar a Uribe por intento de manipulación de testigos, emitió un comunicado en el que, si bien mostró su respeto por las instituciones, aseguró que prevalecerán la “honorabilidad e inocencia” del expresidente. Asimismo, en el tramo final de su primer discurso como presidente hizo mención a Uribe agradeciéndole “su servicio a la patria”.