Los muros servirán de poco

La firma por Donald Trump de una orden ejecutiva para impedir la separación de los niños de sus padres en las fronteras de Estados Unidos es un mero paliativo del huracán migratorio proveniente de los tres países del llamado “triángulo norte” centroamericano: Guatemala, El Salvador y Honduras, todos con tasas de homicidios que rozan el centenar por 100.000 habitantes (España: 0,8), las más altas del mundo fuera de zonas de guerra. Frente al círculo vicioso de violencia delictiva, desigualdad, corrupción y falta de oportunidades, las detenciones y deportaciones masivas, los controles fronterizos y los muros servirán de poco.

Entre 2007 y 2015 el número de inmigrantes clandestinos hacia EEUU de los tres países aumentó un 25% y se duplicó entre 2011 y 2014. Solo en 2014 llegaron a la frontera entre Texas y California unos 68.000 niños y adolescentes centroamericanos que viajaban sin compañía alguna. En 2015, casi 115.000 centroamericanos solicitaron asilo en EEUU, cinco veces más que en 2012. Ese mismo año vivían en el país alrededor de 3,4 millones de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, más del doble que en 2000. Un 55% de ellos estaban indocumentados.

Muros y vallas

En esas condiciones, ninguna política migratoria exitosa puede empezar en la frontera. Mientras no se ataquen las razones estructurales de la violencia y el crimen organizado, todas las otras vías conducirán a nuevos callejones sin salida. Nada augura, por otra parte, que una nueva administración en Washington vaya a renunciar a seguir erigiendo muros y vallas. Al contrario.

Las encuestas muestran que mientras más defienden ciertos sectores demócratas una política de puertas abiertas, más apoyos suman los candidatos republicanos xenófobos. Los argumentos que subrayan los beneficios económicos agregados de la inmigración caen en saco roto ante las tensiones sociales que provoca una mano de obra barata no cualificada que compite con la oferta de los pobres locales –la mayoría hispanos y afroamericanos– y las dificultades de asimilación en tiempos de movilidad social limitada.

Cuestionar la legitimidad moral de las fronteras o defender la concesión irrestricta de asilo político a quien lo solicite, borrando las distinciones entre ciudadanos y quienes no lo son, es una fórmula infalible para perder votos y garantizar el ascenso de los populistas. En Alemania la xenófoba Alternativa para Alemania (AfD), líder de la oposición en el Bundestag, recibió una potente infusión de energía electoral cuando la canciller Angela Merkel abrió en 2015 las fronteras a refugiados sirios y de otros países de Oriente Próximo, dando a los extremistas una causa popular que defender.

Soluciones viables

En 2016, por presiones de la Casa Blanca el Congreso aprobó conceder a los gobiernos del “triángulo norte” ayudas por valor de 750 millones de dólares para financiar reformas que inhibieran la emigración de su población más vulnerable. El problema es que Guatemala, El Salvador y Honduras tienen el nivel más bajo de presión fiscal de América Latina, por lo que esa suma es apenas una gota de agua en el desierto.

Los tres países tienen al menos una ciudad entre las 10 más violentas del mundo. En muchos casos son los propios padres los que empujan a viajar a sus hijos al norte –a pie, en camiones sin ventilación, en el techo de las bestias, los trenes que cruzan México…– o los entregan a coyotes (traficantes de personas) para que puedan escapar del reclutamiento forzoso impuesto por las maras MS-13 y M-18, las mayores bandas de la región.

Las maras, creadas por pandilleros centroamericanos en los años ochenta en Los Angeles, podrían tener unos 85.000 miembros en los tres países. En 2012 una tregua pactada entre el gobierno salvadoreño y las maras redujo un 40% el número de homicidios. Cuando el pacto colapsó en 2014, se duplicó.

Salidas falsas

La deportación ha sido la solución preferida de Washington para luchar contra las maras. En 2014, la administración presidida por Barack Obama deportó a unos 74 salvadoreños diarios, el mismo número que Trump en 2017, agravando los problemas económicos de un país en el que las remesas de su diáspora en EEUU representan el 15% del PIB.

Todos los países del “triángulo norte” están en la parte más baja de la lista de Transparencia Internacional. Un 95% de los delitos cometidos en ellos quedan impunes. Según una investigación de La Prensa de Tegucigalpa, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos pagaron en 2015 unos 650 millones de dólares en extorsiones a grupos del crimen organizado.

Pese a todos esos factores adversos, los esfuerzos de la administración Obama ayudaron a que la tasa de homicidios de Honduras cayera en 2015 un 30% desde el punto máximo que alcanzó en 2011. Guatemala, por su parte, mejoró su sistema tributario y renovó hasta 2019 la permanencia en el país de la CSIC, un organismo de la ONU encargado de la lucha anticorrupción.

Sin embargo, en cuanto tomó posesión, Trump redujo un 20% las ayudas a la región, advirtiendo además que las recortaría a la mitad en 2019 si sus gobiernos –mencionando explícitamente a Honduras– no reducían drásticamente el flujo de drogas ilegales hacia EEUU.

Modelos para armar

Un problema adicional es que desde Guatemala a Panamá el istmo centroamericano carece de un mercado regional integrado, lo que dificulta su imbricación en las cadenas productivas y de suministro globales. Pero Centroamérica tiene un espejo cercano en México.

El Nafta (el tratado de libre comercio de América del Norte) y la apertura a la inversión extranjera de sus sectores de telecomunicaciones y su sistema financiero han creado una sólida clase media que ha reducido al mínimo la inmigración irregular de mexicanos a EEUU.

Actualmente, según cifras oficiales, más mexicanos regresan a su país de los que emigran a EEUU. Entre 2000 y 2010 unos 20.000 más emigrantes regresaron a México de los que se fueron a EEUU. Entre 2009 y 2014 fueron 140.000.