Elecciones en Venezuela: ni libres, ni justas, ni competitivas

La elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron el inicio de una nueva etapa en el proceso político de Venezuela. Lejos de dirimir los conflictos que vive el país, los comicios son un nuevo capítulo en el proceso de autocratización del régimen político encabezado por Nicolás Maduro.

Las elecciones estuvieron diseñadas de tal manera que, desde su convocatoria, había poca incertidumbre sobre el resultado. Como consecuencia de lo anterior, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y un grupo importante de la sociedad civil agrupados en el Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL), con el respaldo de parte comunidad internacional, decidieron no avalar dichas elecciones. Sin embargo, Henri Falcón, del partido Avanzada Progresista, decidió presentar su candidatura y participar en un proceso cuyas malas prácticas electorales permiten afirmar que no fueron libres, justas y competitivas.

Cabe recordar que, a finales de marzo de 2017, decenas de miles de venezolanos protestaron en las calles exigiendo respeto a la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario, el establecimiento de un cronograma electoral claro, el cambio en las condiciones electorales y el levantamiento de las inhabilitaciones a líderes opositores. Las protestas duraron alrededor de cuatro meses y fueron reprimidas brutalmente por el gobierno. Según el informe 2017-18 de Amnistía Internacional, hubo más de 120 muertes relacionadas con las protestas, denuncias de miles de detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos. La respuesta del gobierno fue la convocatoria de la elección de los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), sin que antes se convocara un referéndum consultivo para consultar a los venezolanos si querían cambiar la Constitución. Así, la ANC fue electa con la sola participación del partido de gobierno e instalada a principios de agosto de 2017. Para la oposición y parte de la comunidad internacional, este ente constituye un poder fáctico impuesto por Maduro para sustituir al legislativo. Su primera decisión fue adelantar la elección de gobernadores a octubre de 2017, cuando habían sido convocadas para diciembre de ese año.

Es en este contexto de alta conflictividad que, bajo los auspicios de la comunidad internacional, se inició un diálogo entre gobierno y oposición en República Dominicana. Dicho diálogo tenía como objetivo procesar las demandas que dieron pie a las protestas, siendo uno de los más importantes el calendario y las condiciones electorales. La negativa del gobierno a cambiar las autoridades del Consejo Nacional Electoral, establecer un cronograma claro con al menos seis meses de anticipación y el establecimiento de garantías electorales mínimas, supuso el estancamiento de las conversaciones entre gobierno y oposición. La ruptura definitiva del diálogo ocurrió en el momento que la ANC adelantó la convocatoria de elecciones presidenciales al primer cuatrimestre de 2018, cuando estaban previstas para diciembre de este mismo año.

El adelanto de la elección supuso una nueva manipulación del calendario electoral. Para dar una idea de las consecuencias del adelanto de los comicios presidenciales, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) comparó el cronograma de las elecciones presidenciales de 2012 con las de 2018. En la elección de 2012, el CNE anunció la fecha de la elección con 390 días de antelación, poco más de un año, y la publicación del cronograma se hizo seis meses de antes de la elección. En 2018, la primera fecha de los comicios fue fijada con apenas 74 días de anticipación; sin embargo, la convocatoria formal empezó a correr con la publicación del cronograma al día siguiente de anunciada la fecha, el 8 de febrero (73 días de antelación al evento), luego fue postergada al 20 de mayo para poder incluir la elección de miembros de consejos legislativos estadales. En 2012, la campaña electoral duró 96 días, mientras que en 2018 duró 26 días.

En paralelo al conflicto político-institucional, la crisis social y económica continuó agravándose. La precarización de las condiciones de vida ha conducido a cientos de miles de venezolanos a buscar una mejor calidad de vida en otros países. El incremento de la emigración a países como Colombia, Brasil, Perú o Chile supone un desafío importante para sus gobiernos. En los países fronterizos, la llegada masiva de venezolanos está generando conflictos en la población local, quienes consideran que el flujo de personas que huyen de Venezuela es problema para la convivencia ciudadana.

La oposición se une, el ejército espera

Es en este contexto que ocurre la elección del 20 de mayo de 2018. Durante la breve campaña electoral, Maduro ofreció el pago de un bono a aquellos que acudieran a votar y se registraran con su Carnet de la Patria en el punto de información del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ubicado fuera del centro electoral. Esta situación fue denunciada por el comando de campaña de Falcón quien, a través de su jefe de campaña, Claudio Fermín, introdujo un amparo ante el TSJ para prohibir la instalación de dichos puntos de información, sin que el tribunal diera respuesta oportuna a dicha solicitud.

El domingo de las elecciones la gran mayoría de los centros de votación permanecieron vacíos. Según los datos publicados por el Consejo Nacional Electoral, la participación fue de 46%. Este nivel de participación contrasta con los niveles observados en la última elección presidencial en la que fue candidato Hugo Chávez, en 2012, o en la de 2013, cuando fue electo Maduro: en ambos casos la participación fue del 80% de los inscritos en el registro electoral. En todo caso, según lo publicado por el CNE, Maduro obtuvo 65% de los votos, mientras que Falcón logro el 20%; el ex pastor evangélico Javier Bertucci logró el 10% de los mismos. Sin embargo, desde el Frente Amplio se denunció que estos resultados no son confiables y que los niveles de participación son menores a los anunciados por el CNE.

Más allá de los niveles de participación y los resultados, el hecho político más importante es el no reconocimiento de los resultados por parte de Falcón y Bertucci. Ambos candidatos señalaron el incumplimiento del acuerdo de garantías electorales que firmaron con el CNE. Acusaron al gobierno de comprar votos mediante el Carnet de la Patria, inequidad en el acceso a los medios de comunicación y el uso de recursos públicos con fines electorales.

La baja participación y el no reconocimiento del resultado por parte de los candidatos opositores suponen el agravamiento de la crisis de legitimidad del gobierno. Lo anterior se suma a la posición del FAVL y la comunidad internacional de reclamar elecciones libres, justas y competitivas. La postura de Falcón abre la posibilidad de un rencuentro con los actores que pertenecen al Frente Amplio. El objetivo común sería la convocatoria de nuevas elecciones con garantías mínimas para que puedan ser consideradas competitivas, para lo cual es indispensable sustituir a las autoridades actuales del Consejo Nacional Electoral, levantar la inhabilitación a partidos y líderes opositores, prohibir el uso de recursos públicos con fines partidistas y lograr equidad en el acceso a los medios de comunicación públicos y privados.

Este escenario de reunificación entre dos de los tres grupos más importante de la oposición supondría un desafío para el gobierno, quien además se enfrenta a un descontento creciente en el seno de las fuerzas armadas. Según organizaciones no gubernamentales como Justicia Venezuela o Control Ciudadano, en lo que va de 2018 han sido arrestados más de 40 oficiales por supuesta traición a la patria. De hecho, en marzo de 2018 fue detenido el exministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, por su supuesta participación en una conspiración para derrocar al gobierno de Maduro.

División internacional, desconfianza general

En el plano internacional, el Grupo de Lima emitió un comunicado en el que no reconoce los resultados de las elecciones por considerar que no cumplió “los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente”. El presidente de EEUU, Donald Trump, aumentó la presión sobre Venezuela al firmar una orden ejecutiva que endurece las sanciones financieras sobre el país. La Unión Europea advirtió sobre el aumento de las sanciones debido a las irregularidades observadas en el proceso. Sin embargo, Maduro recibió el respaldo de los jefes de Estado de países como Cuba, Rusia, Siria, China, Irán, Nicaragua, el Salvador y Bolivia, quienes consideran legítimo el resultado de los comicios.

Aun cuando Maduro ha llamado al diálogo, lo cierto es que no existe confianza interna o externa en que buscará una solución a la crisis que vive el país. De hecho, es posible que el gobierno de un paso más hacia la consolidación de un régimen cada vez más hegemónico mediante una modificación importante de la Constitución a manos de Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, no se vislumbran medidas orientadas a mejorar el desempeño de la economía. Por el contrario, se profundizarán los controles políticos sobre la economía y los mecanismos de control sobre la sociedad.