Honduras vive una situación atípica en su historia electoral, con unas elecciones, las presidenciales del 26 de noviembre, tan ajustadas que todavía hoy se cuestionan los resultados. Tras nueve días de incertidumbre, conflicto y tensión social, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó el 4 de diciembre resultados con el 100% de actas escrutadas que dan ventaja al candidato del Partido Nacional (PN) y actual presidente del país, Juan Orlando Hernández (42,98% de los votos) y ubican en segundo y tercer lugar, respectivamente, a Salvador Nasralla de Alianza de Oposición (41,38%) y a Luis Zelaya del Partido Liberal (PL) con 14,73%.
Después del cierre de mesas el día de las elecciones, el TSE mantuvo un largo y desconcertante silencio. A pesar de la ausencia de resultados preliminares oficiales, los dos principales candidatos proclamaron su victoria según los resultados de las encuestas a pie de urna y de conteos propios, generando incertidumbre en la población. En la madrugada del 27 de noviembre, el TSE publicó resultados preliminares que daban una ventaja de casi 5 puntos a Nasralla sobre Hernández. Datos que no fueron actualizados sino hasta el final del día. En ese momento y de ahí en adelante, la diferencia entre ambos candidatos se redujo hasta que Hernández aventajó a Nasralla. Las sospechas de irregularidades cobraron fuerza entre los líderes de Alianza de Oposición, que convocaron a sus seguidores a salir a las calles para defender su voto.
La incertidumbre y suspicacia generadas por la lentitud del conteo de votos y el cambio en los resultados detonaron acciones violentas que provocaron muertos y culminaron con la declaración del toque de queda desde el 1 de diciembre. Tras estos sucesos, las misiones internacionales de observación electoral presentes durante las elecciones, sin avalar los resultados publicados, instaron a las autoridades electorales a verificar los datos de las actas cuestionadas por la Alianza y a resolver de manera oportuna las posibles impugnaciones. Asimismo, estas organizaciones condenaron las llamadas de los líderes políticos a sus bases a actuar con violencia e invitaron a los actores involucrados a dialogar para alcanzar acuerdos que garantizasen la paz y seguridad de los hondureños.
Polarización y continuidad
Desde su inicio, el proceso electoral de 2017 ha estado marcado por la polémica. Sobre todo por la cuestionada candidatura de Hernández, quien se justificó en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2015 que determinaba la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución. Este indica que quien haya ejercido la presidencia de la República no podrá ejercerla nuevamente. De hecho, la acusación contra el presidente liberal Manuel Zelaya (2006-2009) de intentar abrir el camino a la reelección desembocó en su derrocamiento y la crisis democrática de 2009. Aun así, Hernández llegó a los comicios del 26 de noviembre como el candidato favorito, según diversas encuestas de intención de voto.
La disconformidad con la candidatura del PN dio pie a la coalición de dos partidos en la denominada Alianza de Oposición contra la Dictadura: Libertad y Refundación (LIBRE), creado por el depuesto presidente Zelaya y el minoritario Partido Innovación y Unidad (PINU), con la candidatura del presentador televisivo Nasralla, que fue fundador y candidato presidencial en 2013 del Partido Anticorrupción (PAC). La creación de la Alianza no estuvo exenta de controversia. Su candidato estuvo al frente del PAC como abanderado de aquellos que buscaban el cambio ante las opciones políticas tradicionales, por lo que la alianza con el partido de Zelaya, representante de un esquema tradicional, generó diferencias en el interior de sus filas que, sumadas a otros conflictos partidarios, le costaron la expulsión del PAC hace algunos meses. Por su lado, Zelaya también encontró reservas con su decisión, en especial del ala izquierda de su partido.
Para enfrentar a Hernández y Nasralla, el Partido Liberal apostó por Luis Zelaya, una cara nueva en el ámbito político. Esta organización se presentó a la elección claramente debilitada desde la crisis de 2009 y después del severo traspié que sufrió en el proceso electoral de 2013, cuando pasó de ser la segunda fuerza política del país a ocupar el tercer lugar en la elección con el 20,30% de los votos.
La polarización que vive el país desde el quiebre democrático de 2009 marcó la campaña electoral de este año y se vio reflejada en los ajustados resultados de los comicios. Aunque existían un total de nueve candidatos a presidente, finalmente la decisión del electorado hondureño se dividió entre la continuidad de las políticas del Partido Nacional y un viraje de alcance no definido con la Alianza de Oposición.
¿Calma después de la tormenta?
Si bien todavía se espera que las autoridades electorales declaren oficialmente al ganador de las elecciones, los resultados publicados indican que el Partido Nacional ocupará por tercera vez consecutiva la presidencia del país, algo inédito en la historia democrática hondureña. Esta victoria, aunque estrecha, mantiene el liderazgo del partido al haber obtenido una mejor votación que en 2013, cuando Hernández fue electo con el 36,89% de los votos. Asimismo, los resultados de las elecciones en el nivel parlamentario muestran que el PN obtuvo al menos 61 de las 128 curules que componen el Congreso Nacional. Sin representar la mayoría absoluta, implican una mejor posición partidaria respecto a la elección pasada, en la que obtuvo 52 escaños.
Por su parte, el desempeño de la Alianza de Oposición a nivel presidencial demostró la fortaleza de la sinergia LIBRE-PINU-Nasralla contra la solidez del Partido Nacional. El desempeño individual de cada partido en el nivel parlamentario –ya que la coalición solo tuvo lugar para las presidenciales– tuvo otro comportamiento. Tras las elecciones de 2013, LIBRE obtuvo 37 diputaciones, el Partido Anticorrupción aseguró 13 escaños y PINU consiguió 1. Los resultados del conteo parlamentario de 2017 indican que LIBRE obtuvo 30 escaños y PINU conquistó 4 curules. El PAC, totalmente desvinculado de Nasralla en esta ocasión, obtuvo tan solo 1 escaño. Si bien este resultado ubica a LIBRE nuevamente como la segunda fuerza política del país, ha reducido su presencia en el Congreso Nacional.
Finalmente, la elección de 2017 representó un duro golpe para el Partido Liberal, que obtuvo la votación más baja de su historia en el nivel presidencial. En el parlamentario ganó 26 diputaciones, una menos en comparación con las 27 que aseguró en 2013.
El 5 de diciembre, las autoridades electorales expresaron su voluntad de realizar los conteos especiales que fuesen necesarios y justificados para declarar oficialmente al ganador de las elecciones en los plazos establecidos por la ley hondureña. Mientras que la Alianza de Oposición condiciona la aceptación de los resultados a la atención de diversos requerimientos –entre ellos, la revisión de la totalidad de actas–, Hernández expresó la apertura de su partido para realizar los conteos necesarios para garantizar la transparencia de los resultados y la tranquilidad de la población. La ley hondureña contempla un plazo de 30 días para la presentación de los resultados oficiales y declarar un ganador, por lo que es probable que no sepamos hasta el 26 de diciembre quién presidirá Honduras los próximos cuatro años.