Corrupción y medio ambiente en República Dominicana

El desarrollo de la comunicación cibernética nos permite acceder de manera inmediata y tenaz a informaciones que dan cuenta de la práctica perversa de los países capitalistas en la destrucción del medio ambiente y sus efectos en los altos índices de inequidad social y malestar en el hábitat de la fauna y la flora universal. Ello se produce al margen de las convenciones internacionales de las que son signatarios y a través de las cuales establecen compromisos incumplidos, de protección y salvaguarda del medio ambiente. Una muestra paradigmática de la violación de dichos acuerdos fue la irreverente acción de Danilo Medina, presidente de República Dominicana, de construir plantas de carbón en Punta Catalina y reducir el presupuesto del ministerio de Medio Ambiente en 378 millones de pesos (unos ocho millones de dólares) una vez finalizada su participación en la Vigésimo Primera Conferencia Internacional de Cambio Climático (COP21) en París, en la cual se comprometió a invertir en la solución del problema del cambio climático, el calentamiento global y la mejora del medio ambiente.

Con la construcción de termoeléctricas a base de carbón mineral, Medina pretende anotarse el éxito político en la solución del endémico problema eléctrico del país, al margen del costo fiscal y los perversos efectos medioambientales en una época en que el mundo clama por el uso de energía renovable no contaminante. El control del congreso por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) facilita la realización de la obra y sumerge en la indiferencia las acusaciones internacionales de corrupción que envuelven la misma. Y, mientras la mayoría congresual del PLD aprobó el contrato con la constructora brasileña Odebrecht por el doble del precio real de la obra y con unos beneficios estimados en 92 millones de dólares en pagos de sobornos, la diputada del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) Faride Raful planteó serios cuestionamientos al costo de la misma y los efectos negativos en el endeudamiento público.

En República Dominicana, los regímenes autoritarios y cuasi-poliárquicos se han empeñado en destruir los arrecifes, playas, ríos y montañas en beneficio de empresas multinacionales, quienes, a cambio de sobornos políticos e inconmensurables beneficios a sus socios criollos y extranjeros, están degradando las fuentes acuíferas que constituyen el sustento de vida de la población.

En brutal consonancia con esta penosa realidad, mientras Medina presentaba su plan de gobierno (2016-2020) con la propuesta del “cuatrenio del agua”, residentes de cuatro comunidades alrededor de la mina de oro Barrick-Pueblo Viejo, propiedad de empresas multinacionales que operan bajo el paraguas comercial de la recicladora minera Las Lagunas Limited, pedían ser desalojados por los altos niveles de contaminación del aire, el agua y los cultivos de los alrededores del Río Maguaca, así como por el daño a los cultivos y los concomitantes problemas de salud causados por los residuos químicos producto de la explotación de los minerales y su depósito en la Presa El Llagal, uno de cuyos principales efectos es la lluvia ácida. Las comunidades afectadas se quejan de la indiferencia de las autoridades de salud pública y medio ambiente. Asimismo, en el municipio de Tamayo, provincia Baoruco, el 54% de la población sufre de diarrea y el 75% de parasitosis debido a la contaminación del agua por usos industriales, mientras el acaparamiento del agua por los grandes productores perjudica la subsistencia de los pequeños agricultores. Las provincias de Azua y Baoruco presentan las tasas más altas de mortalidad infantil debido a las pésimas condiciones del sistema de saneamiento del agua.

Sin política exterior ni descentralización

Estudios recientes sobre las relaciones exteriores de República Dominicana dan cuenta de cómo, en el transcurso del tiempo, y salvo determinados períodos más o menos prolongados, la nación caribeña ha carecido de política exterior, ya que, “en rigor, lo que ha tenido es una política exterior reactiva, es decir, pasiva, por lo que el Estado sólo ha actuado a la defensiva, dependiendo de cada coyuntura, sin un proyecto orientado a incidir en el campo internacional en función de los intereses nacionales”, según Pablo Marínez. “Esta política exterior reactiva, carente, por tanto, de una articulación con la política interna, no ha sido impedimento alguno para que el país haya mantenido relaciones diplomáticas, en ocasiones muy intensas, con una serie de países europeos, latinoamericanos y caribeños, así como, por supuesto, con Estados Unidos, e incluso con Israel y, en los últimos años, con naciones asiáticas, como Japón, Corea y Taiwán”, añade Maríñez.

La carencia de articulación entre la política exterior y la política interna se pone de manifiesto en la grave situación de contaminación medioambiental y acuífera que padece el territorio dominicano, y que debería ser afrontado por el Estado en coordinación con las autoridades locales mediante programas de ayuda a los ayuntamientos y gobernaciones. Para ello se necesitan políticas públicas municipales de alta incidencia en la población. Ello no es posible en la situación actual, ya que los cabildos intervienen muy poco en las políticas municipales, siendo considerados como “meros espectadores de lo que acontece en sus territorios”. Debido, por un lado, a que las gobernaciones y los ayuntamientos cuentan con muy pocos recursos financieros y, por otra, a los altos niveles de corrupción imperantes. En efecto, en el caso de los ayuntamientos o alcaldías, en lugar de percibir el 10% de los recursos ordinarios estatales según lo dispuesto por la Ley 166 del 2003, la asignación anual es de apenas el 3,67%, un porcentaje inferior al que recibían en base a la anterior legislación de 1998, que establecía una asignación del 3,98%.

La inoperancia de las municipalidades es fruto de la centralización política, administrativa y financiera del Estado por el gobierno central en Santo Domingo y la existencia de las gobernaciones y alcaldías como estructuras políticas clientelares, en donde el tráfico de influencias favorece las exoneraciones o la reducción de los montos impositivos, el otorgamiento de nominillas millonarias a miembros del partido, parientes y amigos, y la realización de contrataciones públicas sin soporte financiero legal. Los gobernadores, alcaldes y regidores apenas gobiernan, no participan en planes y proyectos que impulsen un desarrollo integral de provincias y municipios que eleve la calidad de vida de la ciudadanía. La centralización fiscal deja a las gobernaciones y los municipios escasas opciones para captar ingresos adicionales.

El gobierno central cobra una serie importante de gravámenes a través de la dirección general de Impuestos Internos, como son los impuestos a las placas, bienes inmuebles, licencias de construcción y otros. Sin embargo, la escasa captación de ingresos propios de los gobiernos locales es también debido a un sistema tributario caracterizado por tasas obsoletas y fuertes deficiencias logísticas, técnicas e institucionales. Carentes de autonomía y con bajos niveles de institucionalidad, la corrupción y la incompetencia predominan en la gestión provincial y municipal que en más de tres lustros ha sido dirigida por el oficialista PLD. Varios cabildos han sido acusados de violar la legislación municipal y de cometer hechos ilícitos, como desfalco, prevaricación, abuso de confianza y acciones delictivas de los representantes edilicios que incluyen asesinato y asociación de malhechores. Existen, además, denuncias de sicariato, sobornos a jueces, narcotráfico, lavado de activos y muertes violentas.

En conclusión, predomina en la sociedad dominicana una escasa credibilidad en la política exterior del gobierno y su articulación interna mediante políticas públicas de protección social y medioambiental. La comunicación cibernética en la era viral de la información da cuenta de los altos niveles de desconfianza de la población hacia los funcionarios nacionales, provinciales y municipales por la subutilización de los recursos humanos y financieros y las ventajas dolosas que reciben empresarios y políticos de la explotación humana y medioambiental por empresas constructoras, mineras y turísticas de capital extranjero y nacional. Ello constituye un asunto de preocupación en la política exterior de República Dominicana en el contexto mundial.