El 6 de diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional de Rumanía dio el paso sin precedentes de anular las elecciones presidenciales del país pocos días antes de la última vuelta de las votaciones. La justificación, basada en un informe de inteligencia desclasificado, fue que el proceso electoral se había visto comprometido “en todas sus etapas” por interferencias extranjeras. Según las autoridades rumanas, el principal beneficiario de esta operación fue Călin Georgescu, un candidato independiente de extrema derecha que había subido inesperadamente al primer puesto en la primera vuelta.
El Estado rumano tomó una postura en defensa de la integridad democrática. Sin embargo, la decisión, opaca en su justificación inicial y abrupta en su ejecución, ha profundizado la desconfianza pública en las mismas instituciones que la decisión pretendía proteger. Y en los meses posteriores, los acontecimientos no han hecho más que confirmar una verdad aleccionadora: revelar y eliminar a los candidatos extremistas no resuelve el problema de la erosión democrática, simplemente lo desplaza.
La experiencia de Rumanía ofrece una advertencia para otras democracias que se enfrentan a amenazas híbridas. En un contexto en el que convergen la manipulación algorítmica, los ecosistemas de desinformación y las vulnerabilidades institucionales, el extremismo de extrema derecha está demostrando una notable capacidad de adaptación. A medida que el país se encamina hacia las elecciones presidenciales reprogramadas para mayo de 2025, no es la exclusión de candidatos peligrosos lo que define el panorama, sino la proliferación de figuras deseosas de heredar su manto.
La lógica jurídica detrás de la prohibición
Călin Georgescu fue descalificado formalmente de las elecciones de mayo de 2025 por la Oficina Electoral Central (BEC), una decisión confirmada por el Tribunal Constitucional. Las posiciones públicas de Georgescu, como la promesa de prohibir los partidos políticos y elogiar el papel de Rumanía en el Holocausto, son ilegales según la legislación rumana, ya que constituyen ataques al orden constitucional. Los datos de las encuestas sugieren que una pequeña mayoría de rumanos apoyó la medida de prohibir a Georgescu, pero casi la mitad de la población consideró que la justificación no estaba suficientemente explicada. La prohibición se produjo inmediatamente después de una exhaustiva investigación criminal sobre la campaña de Georgescu, que reveló vínculos con redes paramilitares de extrema derecha, financiación no declarada de la campaña y operaciones de influencia vinculadas a actores rusos e iraníes.
Georgescu se enfrenta ahora a múltiples cargos penales, entre ellos la incitación contra el orden constitucional, la difusión de información falsa y la promoción de contenidos fascistas y antisemitas. Está bajo control judicial y tiene prohibido viajar al extranjero o realizar actividades digitales que promuevan ideologías extremistas.
Sin embargo, su eliminación de la carrera no ha conducido a la estabilización política. Todo lo contrario: la narrativa de Georgescu, de que fue víctima de un “golpe” respaldado por Occidente para silenciar las voces antisistema, ha ganado fuerza. Su descalificación no desacreditó su movimiento, sino que lo mitificó.
Una insurgencia digital
La campaña de Georgescu es un ejemplo de manual de guerra híbrida de la información. Al basarse en contenido viral distribuido a través de TikTok, Telegram y YouTube, la campaña de Georgescu creó un ecosistema autorreforzado de mensajes conspirativos y cargados de emoción. Estas tácticas demostraron un alto nivel de competencia digital, aprovechando algoritmos, manipulación de redes sociales y desinformación dirigida, muchas de ellas transnacionales y apoyadas de forma encubierta.
El análisis forense rastreó gran parte de la amplificación de la campaña hasta redes rusas e iraníes, con contenido enrutado a través de plataformas de propiedad china. No se trató de un intento aislado de influir en unas elecciones. Fue la activación de un ecosistema, cultivado a lo largo del tiempo para ser desplegado en momentos de vulnerabilidad democrática.
El objetivo estratégico nunca fue necesariamente instalar a Georgescu en el cargo. Fue demostrar la fragilidad de las instituciones democráticas y señalar al flanco oriental de la OTAN que incluso sus elecciones son un juego limpio. En ese sentido, la operación fue ganadora para el Kremlin. Las elecciones de Rumanía no solo se detuvieron, sino que se desacreditaron.
La necesaria destitución de Georgescu no ha debilitado a la extrema derecha. Varias figuras compiten ahora por heredar la base política que activó Georgescu. El principal de ellos es George Simion, líder de la Alianza para la Unidad de los Rumanos (AUR), que actualmente va por delante de todos los demás candidatos en la primera vuelta. Su retórica refleja la de Georgescu —mezcla de nacionalismo, euroescepticismo y hostilidad hacia el orden democrático— mientras intenta distanciarse de sus anteriores posturas abiertamente prorrusas.
En una reciente entrevista, Simion enmarcó la anulación de las elecciones no como un acto defensivo contra la subversión extranjera, sino como una “conspiración elitista” orquestada por Bruselas y París. Acusó a la clase dirigente rumana de eliminar a los “candidatos incómodos” para garantizar una votación saneada. Simion también está siendo investigado penalmente por incitación pública después de declarar que los miembros de la Oficina Electoral deberían ser “desollados en la plaza pública”. A Diana Șoșoacă, eurodiputada con opiniones extremistas y una agenda prorrusa, que lidera el partido SOS Rumanía, también se le ha prohibido presentarse a las elecciones presidenciales. El Tribunal Constitucional ha rechazado su candidatura en el pasado por sus posturas antidemocráticas similares a las de Georgescu. Sin embargo, sigue siendo una firme defensora de la agenda prorrusa en Rumanía.
Otras figuras, como Ana-Maria Gavrilă, líder del Partido de los Jóvenes, y el ex primer ministro Victor Ponta, se están posicionando como herederos del mensaje antisistema de Georgescu. La energía política que hay detrás del movimiento de extrema derecha de Rumanía persiste.
Parálisis generalizada
Para las fuerzas proeuropeas y centristas, la crisis institucional sin precedentes representa tanto una oportunidad como un desafío. Nicușor Dan, un candidato independiente alineado con las fuerzas proeuropeas, parece estar mejor posicionado para ganar una segunda vuelta. Las encuestas actuales sugieren que derrotaría tanto a Simion como al candidato de la coalición gobernante, Crin Antonescu, en los enfrentamientos directos.
Pero el camino de Dan hacia la victoria se verá complicado por una oposición fragmentada y un electorado desvinculado. Aunque la coalición gobernante del Partido Socialdemócrata (PSD), el Partido Liberal Democrático (PNL) y la Alianza Democrática de los Húngaros en Rumanía (UDMR) sigue en el poder, no ha ofrecido una narrativa convincente en respuesta a la crisis. La nominación de Antonescu se considera en general simbólica: una elección que mantiene el equilibrio interno de la coalición, pero que no logra generar entusiasmo popular. Elena Lasconi, líder del partido Unión Salvar Rumanía (USR), también participa en la carrera por la segunda vuelta presidencial, en una posición que fragmenta aún más a los votantes de centro.
Este enfoque no confrontacional ha cedido terreno político a la extrema derecha. Los partidos en el poder favorables a la UE, socialmente conservadores y con un historial reciente de desafíos al estado de derecho —incluidos episodios de alargamiento de procedimientos y captura del Estado por parte del PSD y el PNL durante crisis como la recesión financiera posterior a 2008 y la pandemia de COVID-19— siguen perdiendo su agenda frente a rivales aún más radicales. Su incapacidad para articular una visión alternativa con visión de futuro ha contribuido a una sensación de deriva institucional.
Fragilidades estructurales y lagunas estratégicas
El atractivo de la extrema derecha no es meramente retórico. Se alimenta de un descontento genuino: Rumanía sufre una inversión crónica insuficiente en infraestructuras, una corrupción política persistente y algunas de las tasas de pobreza y desigualdad más altas de la UE. Casi un tercio de la población está en riesgo de exclusión social. Entre los jóvenes, las tasas de abandono escolar siguen siendo las más altas de la Unión. El desempleo juvenil rural en Rumanía supera el 30% a pesar de las más de 34 000 vacantes de empleo en todo el país, debido a un desajuste entre las ubicaciones de los puestos de trabajo y las oportunidades locales. La mayoría de los empleos se concentran en las grandes ciudades, mientras que las zonas rurales ofrecen perspectivas limitadas, lo que empuja a los jóvenes hacia sectores informales o ilegales.
La alfabetización digital también es críticamente baja. A pesar de tener una de las mayores concentraciones de especialistas en TI de Europa, Rumanía va a la zaga en servicios públicos digitales y educación cívica, condiciones que crean un terreno fértil para la desinformación. Según una encuesta realizada en toda la UE, la opinión pública rumana es cada vez más escéptica con respecto al apoyo a Ucrania, y muchos creen que la OTAN y EEUU son mayores amenazas para la paz que Rusia. Estas son precisamente las narrativas que Georgescu, Simion y otros han amplificado estratégicamente.
Lo que está en juego no se limita a Rumanía. La actual estrategia de la OTAN contra las amenazas híbridas, aunque mejorada, sigue estando poco desarrollada. La inconsistencia en la vigilancia de las amenazas, los limitados mecanismos de atribución y la ambigüedad en torno a los umbrales de defensa colectiva dejan todas las puertas abiertas a los adversarios. En el caso de Rumanía, la operación de información no fue un rayo caído del cielo. Fue una campaña iterativa a largo plazo, sembrada en plataformas digitales y activada en un momento crítico. El fracaso no fue en la respuesta, sino en la preparación.
Uno de los aspectos más llamativos, y profundamente inquietantes, de la crisis es la convergencia entre Moscú y Washington en la condena de la anulación de las elecciones presidenciales de Rumanía. El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, el aliado de Trump, Elon Musk, los medios de comunicación alineados con Trump, junto con funcionarios del Kremlin y medios de comunicación estatales rusos, han tachado de ilegítima la cancelación del año pasado.
La controversia proyecta ahora una pesada sombra sobre la relación de Rumanía con EEUU. Los líderes rumanos pro-Trump han pedido abiertamente la retirada de las tropas estadounidenses del país y el cese de la expansión de la base aérea Mihail Kogălniceanu, el futuro bastión de la OTAN en el flanco oriental. La administración Trump también ha suspendido la entrada de Rumanía en el programa de exención de visados, lo que erosiona aún más la confianza entre dos aliados de larga data. La retirada de Estados Unidos de un socio estratégicamente fundamental y estrechamente alineado socavaría gravemente las defensas orientales de la OTAN y dejaría a la región del Mar Negro cada vez más vulnerable a la agresión rusa, especialmente a medida que Moscú se acerca a Odesa.
De la contención reactiva a la resiliencia proactiva
Si la experiencia de Rumanía ofrece una lección, es esta: los sistemas democráticos no pueden permitirse seguir siendo reactivos ante las amenazas híbridas. La descalificación de los candidatos extremistas puede ser justificable desde el punto de vista jurídico, incluso necesaria desde el punto de vista estratégico, pero no es suficiente. Sin reformas estructurales, contrapesos narrativos y transparencia institucional, el espacio que dejen vacante será ocupado por otros que hayan aprendido de su ejemplo.
Lo que Rumanía necesita, lo que la OTAN y la UE deben apoyar, no es solo vigilancia, sino resiliencia. Esto incluye la inversión en infraestructura cívica digital, el desarrollo de instituciones de vigilancia independientes, la regulación de los contenidos distribuidos por los gigantes de las redes sociales y la creación de equipos de respuesta rápida multiplataforma que puedan exponer e interrumpir las operaciones de información antes de que se afiancen. Las propuestas de resiliencia avanzada son numerosas: desarrollar una estrategia coherente para las futuras relaciones de la UE con Rusia que incluya respuestas a ataques híbridos, evitar una extensión de la influencia rusa en Ucrania, introducir una vigilancia de la inteligencia de amenazas más centralizada dentro de la OTAN y un protocolo de escalada proporcional para ataques híbridos, y/o establecer un grupo de trabajo de comunicaciones desplegable. Estas no son recomendaciones especulativas; ya deberían haberse hecho.
La crisis política de Rumanía no es una excepción. Es una advertencia. La eliminación de candidatos extremistas puede perturbar una campaña, pero no puede desmantelar un ecosistema. Puede impedir que un hombre ocupe un cargo, pero no puede borrar la narrativa que ha amplificado en la imaginación política de millones de personas. Creer lo contrario es confundir contención con resolución. Al hacerlo, las democracias pueden encontrarse cada vez mejor defendidas sobre el papel, mientras que en la práctica pierden legitimidad.
Artículo traducido del inglés, publicado originalmente en Istituto Affari Internazionali (IAI).