Acto final y epílogo en Brasil

Los minutos finales de la noche del 12 de septiembre en Brasil marcaron el último acto institucional del impeachment de Dilma Rousseff. Hubo, sin embargo, un epílogo a ese acto cuando el actual presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, anunció el resultado de la votación para la retirada del acta de diputado al expresidente del Parlamento Eduardo Cunha (PMDB), con 450 votos a favor, 10 contra y 9 abstenciones. Se puso así fin a la trayectoria política del responsable del inicio y organización de todo el proceso contra Rousseff.

Cunha fue el primer presidente del Parlamento en aceptar una petición de impeachment contra un presidente brasileño desde el que sufriera Fernando Collor de Mello, en 1992. Entre Collor y Dilma, dos expresidentes, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) y Luis Inácio Lula da Silva (PT), recibieron decenas de peticiones similares (que en Brasil puede presentar cualquier ciudadano al presidente del Parlamento). Sin embargo, ningún presidente de la Cámara había dado continuidad a dichas peticiones. En diciembre de 2015, Cunha aceptó abrir el proceso contra Rousseff. No fue esta la única acción parlamentaria de Cunha: en mayo de 2016 también fue el primer presidente de la Cámara suspendido por una decisión unánime del Tribunal Supremo Federal, que alegó que Cunha estaba entorpeciendo las investigaciones de la operación Lava Jato, en la cual él también era investigado por malversación de recursos públicos, evasión fiscal y por recibir comisiones por contratos de servicios de Petrobras.

Los casos de Rousseff y Cunha son resultado de procesos políticos paralelos e interconectados. Todo empieza en octubre de 2015, cuando pequeños partidos de izquierda presentan un escrito al Consejo de Ética de la Cámara de Diputados contra Cunha. La denuncia por “quiebra del decoro” contra el diputado alegaba que había mentido en la comisión parlamentaria que investigaba los desvíos de dinero en Petrobras, en paralelo a la operación Lava Jato. En esta comisión, Cunha afirmó que no tenía cuentas fuera de Brasil. Al día siguiente, la Fiscalía Federal brasileña y la de Suiza divulgaron la existencia de cuentas a nombre de Cunha y de su mujer. El Consejo de Ética del Parlamento brasileño se vio obligado así a iniciar el proceso de destitución contra Cunha, quien esperaba contar con los votos de los diputados del PT para que la denuncia no tuviese continuidad. Sin embargo, el PT votó contra él, siendo ese voto decisivo para el avance de la denuncia. En diciembre de 2015, Cunha aceptó la apertura de un proceso de impeachment contra Rousseff, votado solo cuatro meses después en la Cámara de Diputados. Con el voto final del Senado en agosto de 2016, se confirmó la salida de Rousseff de la presidencia de Brasil.

El proceso de impeachment ha avanzado en paralelo a la denuncia contra Cunha en la Comisión de Ética, aunque con visibilidad pública más pequeña. En mayo de 2016, cuando ya se sabía que la salida de Rousseff de la presidencia era cuestión de tiempo, Cunha, como presidente de la Cámara, entró en la línea sucesoria de la presidencia del país, ya que en Brasil al vicepresidente del gobierno lo sigue el presidente de la Cámara de Diputados para asumir la jefatura del Estado. Sin embargo, un juez del Tribunal Supremo decidió que la Comisión de Ética del Parlamento votara sobre la continuidad de Cunha como diputado ante las sospechas de su involucración en el caso Lava Jato.

Del mismo modo que el impeachment de Rousseff fue un juicio político con una justificación débil sobre su responsabilidad, en el caso de Cunha también se ha tratado de una acción política por parte de los diputados y del nuevo gobierno. Si el impeachment de Rousseff tuvo como objeto sustituir a la presidenta por el vicepresidente y por partidos de oposición en medio de una grave crisis económica y política, la retirada del acta de diputado a Cunha fue una demostración pública de que la élite política no está dispuesta a proteger en este momento a los denunciados por corrupción. Se trata, no obstante, de una demostración pública, y no tanto de un acto efectivo contra la corrupción endémica en el Estado, pues la destitución de Cunha se produjo en medio de diversas campañas electorales en los municipios.

La investigación contra Cunha fue emblemática. En abril, en la votación del impeachment de Rousseff, Cunha fue el principal articulador contra el gobierno: de los 513 diputados federales brasileños, consiguió 367 votos a favor de la destitución de la presidenta. En la votación contra Cunha, se recogieron 450 votos. Es decir, toda la base parlamentaria que el expresidente de la Cámara logró para el impeachment de Rousseff se volvió contra él con más fuerza cinco meses después. Solo 10 diputados votaron en favor de Cunha la noche de 12 de setiembre.

En cualquier caso, desde el punto de vista jurídico, los procesos son incomparables, ya que contra la presidenta había una denuncia de irregularidad, mientras que Cunha tiene investigaciones abiertas por su implicación en la operación Lava Jato, además de otras.

El nuevo presidente, Michel Temer (PMDB), espera estar en mejores condiciones ahora para continuar el mandato heredado. Hasta la fecha, se producen semanalmente manifestaciones en las principales ciudades brasileñas contra Temer y que piden la convocatoria de nuevas elecciones.

Más allá de esto, entre agosto y septiembre se están llevando a cabo las campañas para la elección de 5.500 alcaldes y más de 57.000 concejales, en los comicios municipales que se celebrarán en octubre en todo el país. A diferencia de años anteriores, el presidente ha estado fuera de la campaña en las grandes ciudades, y la figura de Temer como apoyo político no ha aparecido. Asimismo, los emblemas de los grandes partidos aparecen camuflados y los candidatos locales centran el debate en las cuestiones municipales, mostrando un deseo expreso de aislarse de la política nacional ante el desgaste por las denuncias de corrupción que afectan a gobierno y oposición. El deterioro de los partidos políticos es generalizado.