Tras la división interna de Palestina en 2007, las llamadas populares a la unidad nacional y las tentativas de reconciliación entre facciones se han multiplicado, todas en vano. Desde el 7 de octubre de 2023 y ante el imperativo de llegar a una «solución política» para poner fin a la guerra de Gaza, la cuestión ha vuelto a la agenda nacional e internacional casi como un mantra, y ha engendrado numerosas discusiones y esfuerzos diplomáticos cuyos logros resultan, a día de hoy, insignificantes.

La profusión de iniciativas presentadas desde hace casi un año subraya la diversidad de los desafíos y las opciones que se acumulan en torno a la cuestión de la unidad palestina, a la vez que trazan un mapa político de Palestina que va mucho más allá de sus fronteras. En Argel, Moscú, Doha, Beirut, El Cairo y Pekín se discute, más que en Ramala y Gaza, el futuro del movimiento nacional palestino. El punto en común de esas iniciativas tiene una doble vertiente: devolver a la senda política a la dirección palestina, por un lado, y reforzar su voz en el escenario internacional, por otro. Las divergencias residen en la prioridad otorgada a la ambición de gobernanza en los Territorios Palestinos, la voluntad de representación de la causa palestina o la lucha contra la ocupación. También afectan al grado de inclusividad –o de cerrazón– de las diversas fuerzas políticas palestinas y al apoyo extranjero del que pueden beneficiarse las distintas opciones. La exposición de los debates interpalestinos desde el 7 de octubre solo sirve para subrayar la ausencia de avances desde hace más de 15 años en torno a los mismos retos, unida a la voluntad israelí de impedir que surja cualquier solución orientada a una forma de soberanía palestina.

Una ‘primavera palestina’ en silencio

Establecida como entidad política transitoria en los años noventa, la Autoridad Palestina se convirtió en institución permanente a mediados de la década de 2000 a raíz de una serie de acontecimientos que tuvieron repercusiones significativas en Palestina. Dichos acontecimientos comprenden la muerte de Yaser Arafat en noviembre de 2004, el fin de la segunda Intifada a principios de 2005 y la retirada unilateral de Ariel Sharon de la Franja de Gaza en el verano de 2005. La elección de Mahmud Abás el 9 de enero de 2005 como presidente marcó el comienzo de una nueva etapa.

En el ámbito internacional se produjo un cambio diplomático. Mientras la Autoridad se esforzaba en demostrar que estaba preparada para negociar con Israel, convenciendo a sus socios internacionales de su capacidad para gobernar y convertirse en un Estado viable y funcional, en el interior de los Territorios Palestinos imperaba un relato muy distinto. La Autoridad se enfrentaba a la contradicción fundamental de los acuerdos de Oslo: aunque tuviera poder para imponer el control, no estaba en condiciones de ofrecer la liberación. Su supervivencia política dependía de un equilibrio muy delicado entre el apoyo popular, cada vez más escaso, y la búsqueda permanente de una ayuda exterior, incluido Israel.

Este contexto condujo a una crisis política sin precedentes. Las elecciones legislativas de enero de 2006, consideradas como un éxito por los observadores, se saldaron con una victoria del movimiento islamista palestino, Hamás, que logró 74 de los 132 escaños, muy por delante de Al Fatah, que obtuvo 45. Bajo el mandato del Cuarteto –Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia–, la UE puso en marcha un mecanismo financiero de urgencia para cercar al gobierno dirigido por Hamás. En paralelo, Israel detuvo a varias figuras importantes del partido, entre ellas ocho ministros y 33 diputados, socavando así la autoridad del Consejo Legislativo Palestino. Los meses siguientes estuvieron marcados por la lucha entre Al Fatah y Hamás por la formación del gobierno y el reparto de poderes, con el trasfondo de la dependencia de la ayuda internacional y de las injerencias de seguridad israelíes, lo cual acabó intensificando unas dinámicas muy cercanas a una guerra civil.

En junio de 2007, tras varios días de enfrentamientos armados y una tentativa de golpe de Estado por parte de Al Fatah, Hamas expulsó a Al Fatah de Gaza, obligándolo a retirarse a Ramala. Desde entonces coexisten dos autoridades: una surgida de las urnas y otra reconocida por la comunidad internacional como interlocutor legítimo. A partir de entonces, responder a esta división mediante una refundación democrática de la unidad nacional ha estado en el centro de las reivindicaciones de la llamada «primavera palestina», un eco de las primaveras árabes de 2011. Este movimiento, que trataba de mantener unidas las reivindicaciones nacionales para salir del atolladero de la división y la lucha contra la ocupación –poniendo por delante la cuestión de los prisioneros políticos–, no surtió ningún efecto y se desvaneció muy rápido, a pesar de que una mayoría compartía sus consignas, las cuales, a día de hoy, siguen apelando a la unidad.

Tras la crisis de 2006-2007 que condujo a la división institucional de los Territorios, con un gobierno dominado por Hamás en la Franja de Gaza y otro gobierno surgido de Al Fatah en Ramala, la crisis de 2021 es la más grave que la Autoridad ha conocido desde su existencia. A principios de 2021, los Territorios Ocupados se preparaban para la celebración de elecciones legislativas y presidenciales. Las únicas elecciones que habían podido celebrarse en ese período habían sido municipales (en 2012, 2017, 2019 y 2021), todas ellas un fracaso democrático con escasa participación, fraude electoral y maniobras en la presentación de los resultados: todo con tal de ocultar la pérdida de popularidad de Al Fatah en Cisjordania.

La reconciliación interna palestina y la celebración de nuevas elecciones para volver a dinamizar la vida política y disponer de una clase dirigente legítima constituyen el núcleo esencial de las demandas populares. Cuando Mahmud Abás anunció en mayo de 2021 el aplazamiento –un eufemismo para referirse a la anulación– de las elecciones, una oleada de protestas sacudió las calles de Cisjordania y Gaza. La represión contra los manifestantes se intensificó con el paso de los meses y numerosos oponentes fueron detenidos, algunos de los cuales, como Nizar Banat, murieron en circunstancias que siguen sin aclararse por voluntad del gobierno.

Reconciliaciones Hamás-Al Fatah antes del 7 de octubre de 2023

• 19 de marzo de 2005, declaración de El Cairo
• 28 de junio de 2006, documento de reconciliación nacional, llamado «Documento de los prisioneros»
• 8 de febrero de 2007, acuerdo sobre un gobierno de unión nacional, llamado «acuerdo de La Meca»
• 23 de marzo de 2008, declaración de Saná
• 4 de mayo de 2011, acuerdo de El Cairo I
• 7 de febrero de 2012, acuerdo de Doha
• 20 de mayo de 2012, acuerdo de El Cairo II
• 23 de abril de 2014, acuerdo de Gaza, llamado «del campo de Chati»
• 12 de octubre de 2017, acuerdo de El Cairo III
• 24 de septiembre de 2020, acuerdo electoral de Ankara.
• 13 de octubre de 2022, acuerdo de Argel

La cuadratura del círculo palestino tras el 7 de octubre

Las primeras semanas que siguieron a los ataques de Hamás contra bases militares, kibutz y una fiesta rave estuvieron marcadas por el estupor. Más allá del alcance de los crímenes de guerra –800 civiles asesinados a sangre fría, así como 350 soldados o policías–, Israel despertó para responder a un ataque en suelo propio que dejó en evidencia los fallos de su aparato de seguridad. Más de un año después, el ejército israelí sigue librando una guerra contra la población palestina de Gaza al completo, sin haber logrado ni liberar a los rehenes –salvo durante un episodio de negociación en noviembre de 2023– ni destruir las capacidades militares de Hamás. En cuanto al presidente palestino, lleva casi todo este tiempo sumido en un significativo silencio, un retiro que apunta que Gaza, cuyo suelo no ha pisado desde 2006, se ha convertido para él en territorio extranjero.

El concierto de voces que apelaban a un «apoyo incondicional» a Israel se ha ido apagando poco a poco, y ante la amplitud de las masacres cometidas en Gaza, la necesidad de una solución política para poner fin a esta guerra ha empezado a despuntar. No obstante, sería erróneo confundir esta presión diplomática con las demandas, nunca acalladas del todo, de unidad nacional y fin de la colonización que surgen de la sociedad palestina.

El primer paso del presidente palestino, Mahmud Abás, apenas se comentó en Cisjordania por lo irrisorio que parecía. A finales de marzo de 2024 anunció un cambio de gobierno con el que pretendía dar respuesta, aunque tardía y más bien timorata, a las demandas de 2021, pero sin pasar por las urnas y sin abarcar todo el alcance del drama que no cesa desde octubre de 2023. Aunque el gobierno, de carácter muy tecnocrático, intenta sin duda acordar un lugar privilegiado a varias figuras importantes en Gaza, lo cierto es que no representa al conjunto de las corrientes palestinas. El gobierno de Mohamed Mustafa se ha impuesto la tarea de conseguir un alto el fuego en Gaza sobre el que no tiene ningún peso, así como emprender una reconstrucción de ese territorio, cuya envergadura aún está por determinar.

En Cisjordania, este nuevo gobierno, no más que el anterior, no dispone de medios para combatir el recrudecimiento de las protestas y el drástico aumento de la violencia de los colonos y el ejército israelí. En Gaza se limita a desempeñar un papel de observador de las negociaciones de Catar y Egipto. Al margen de la buena voluntad de sus ministros, este gobierno impotente es objeto de críticas muy severas, puesto que sus oponentes ven en la implantación de planes sucesivos para establecerse en Gaza un medio por el que Al Fatah pretende vengarse de Hamás, que lo expulsó de allí en 2007. Por encima de todo, sus dirigentes fingen ignorar que la solución política que esperan encarnar requiere el abandono de la lógica de Oslo, que remplazó la demanda de independencia por una autonomía sujeta a un rígido control.

Una solución política que resulta imposible para Israel

El 18 de julio de 2024 el Parlamento israelí votó por amplia mayoría –68 votos contra nueve– su oposición al establecimiento de un Estado palestino, incluso si este provenía de una solución negociada. Dicho voto traduce un consenso transversal de los partidos y no augura nada favorable para las ambiciones de la Autoridad Palestina. El primer obstáculo a la fundación de una Autoridad en el conjunto de los Territorios Ocupados es, en efecto, la voluntad israelí de disipar toda esperanza de que la independencia palestina pueda constituir una solución viable. Este voto israelí sirve además como campaña, apoyada por algunos ministros y movimientos de colonos, para recolonizar Gaza. La idea pasa por impulsar los desplazamientos forzados de la población palestina ya en curso para anexionar nuevos territorios.

Por otra parte, la Autoridad debe lograr oponerse a la creación de un estatuto de excepción en la Franja de Gaza. Tras la retirada unilateral de las colonias en 2005 –y en un contexto de ocupación indirecta a través del control total de los accesos al territorio–, y la posterior división interna palestina en 2007, Israel se ha aferrado a una visión del territorio basada exclusivamente en la seguridad. Aunque el 7 de octubre recalcó las aporías que encierra semejante enfoque, esa doctrina sigue siendo el núcleo de las ambiciones israelíes: dividir la Franja de Gaza estableciendo una zona militar sobre aproximadamente un tercio del territorio –según el «plan de los generales»– y mantener una fuerza no palestina que garantice la seguridad de los dos tercios restantes, en colaboración con varios aliados regionales.

En este marco surge el nombre de Mohamed Dahlan, aunque él no se haya pronunciado sobre el asunto. Ex director de Seguridad Preventiva en Gaza, donde libró una lucha implacable contra Hamás, fue expulsado de Al Fatah y forzado al exilio en 2011 por varias acusaciones de corrupción. Convertido en consejero de Mohamed Ben Zayed, presidente de Emiratos Árabes Unidos, Dahlan mantiene buenas relaciones con las autoridades israelíes, egipcias y estadounidenses, lo que justifica, para algunos, la posibilidad de convertirlo en el nuevo hombre fuerte de una Franja de Gaza reducida a su dimensión de seguridad. Dicho plan agravaría la división palestina que constituye, junto a la cooperación de seguridad, la base de las protestas palestinas desde hace casi dos décadas. En cuanto a la propuesta egipcia de conciliar los imperativos de la seguridad israelí con la necesidad de la reconciliación palestina mediante la formación de un cuerpo de seguridad palestina surgido del diálogo entre Hamás y Al Fatah, Israel la rechazó en noviembre de 2024.

A ello cabe añadir la cuestión de la financiación de la reconstrucción, cuyas necesidades, según estimaciones de la ONU, ascenderían a 100.000 millones de dólares a lo largo de dos décadas. Pese a su interés por liderar este proceso, la Autoridad Palestina no dispone de los recursos necesarios para ello, por lo que se apoyaría en proveedores externos. Los planes de reconstrucción de Gaza se conciben, una y otra vez, a partir de la idea de que las monarquías del Golfo, con Arabia Saudí a la cabeza, aceptarían contribuir de manera significativa. Ahora bien, esos países no dejan de repetir que los tiempos de la financiación sin contrapartida –tanto en Líbano como en Palestina– han quedado atrás. A menos que la reconstrucción se inscriba en un proceso político orientado a establecer un Estado de Palestina independiente, esos países ya han declarado su intención de desentenderse de dicha reconstrucción.

¿Qué futuro hay para el movimiento nacional palestino?

Desde hace décadas, el escenario político palestino en los Territorios Ocupados y el exilio está atravesado por una serie de preocupaciones heterogéneas que quedaron manifiestas de manera visible después del 7 de octubre. Aquí coexisten tres consignas cuyo ensamblaje es esencial para todo proyecto palestino: gobernar, representar y resistir. La cuestión del gobierno está estrechamente vinculada a la de su legitimidad, ya sea como expresión de un acuerdo nacional en torno a un grupo de figuras políticas consensuadas o bien surgida de las urnas. Desde principios de la década de 1970, surgieron figuras políticas en el seno de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) que anteponían la creación de un Estado palestino a la liberación de cualquier parte del territorio reclamado. Con los Acuerdos de Oslo, esta búsqueda de la construcción estatal se tornó en interés por la gobernanza de los Territorios, pese a todos los obstáculos que planteaban tanto la colonización como la ausencia de soberanía.

La consolidación de una clase dirigente con poderes limitados reemplazó poco a poco los debates sobre emancipación y autodeterminación, al tiempo que relegaba el asunto de los refugiados palestinos a negociaciones hipotéticas para centrarse en la gestión de los habitantes de los Territorios Ocupados. La existencia de la Autoridad Palestina, por muy imperfecta que fuera, nunca se puso en entredicho por parte de sus oponentes hasta 2021. Sin embargo, su cariz cada vez más autoritario, la división que ha tenido lugar desde 2007 y la ausencia de horizonte para toda soberanía palestina aumentan la fragilidad del proyecto y lo exponen a una contestación que será cada vez más significativa si este no viene acompañado de una renovación democrática y una capacidad para operar defendiendo los intereses de sus ciudadanos.

En 1993, la OLP obtuvo el reconocimiento de su estatus de representante legítimo del pueblo palestino, consagrando así sus esfuerzos diplomáticos de las tres décadas anteriores a alzar la voz de una Palestina independiente. Esta representación palestina era muy importante, ya que Israel llevaba negando la existencia nacional de los palestinos –un tema que el gobierno actual no deja de sacar a colación– durante mucho tiempo, y la población palestina se había visto abocada a un largo exilio forzado. Compuesta por un conjunto de fuerzas nacionalistas y de izquierdas, representantes y grupos armados, así como de sindicatos, asociaciones o instituciones palestinas, la OLP se ocupó durante muchos años de mantener la cohesión de un movimiento nacional marcado por la pluralidad de sus afiliaciones ideológicas y ambiciones.

Tras el nacimiento del Yihad Islámico palestino a comienzos de la década de los ochenta y de Hamás en 1987, y con el surgimiento posterior de la Autoridad Palestina, que no dejó de disputar a la OLP sus funciones hasta desvitalizarla, este pilar de la representación palestina se hundió. La cuestión de la reconciliación entre los dos partidos enemigos, Al Fatah y Hamás, aparece encarnada, en parte, en el proyecto de inclusión de Hamás y del Yihad Islámico palestino en el seno de la OLP. Las negociaciones entre las facciones palestinas sobre el futuro de la OLP, celebradas en Moscú (febrero de 2024) y Pekín (julio de 2024), no lograron avances significativos.

La apertura de la OLP y la renovación de sus representantes son demandas que se ahogan ante la falta de resultados, hasta el punto de que las iniciativas que compiten por encarnar una voz palestina renovada podrían materializarse a imagen y semejanza de la ambición de Azmi Bishara. Este pretende formar una alternativa a la OLP que reagrupe a centenares de nuevas figuras de los Territorios Ocupados y la diáspora para llevar la causa palestina fuera de sus fronteras y sin estar sometida a la buena voluntad del poder de Ramala. Dicha iniciativa se inscribe a instancias de varios movimientos surgidos en la diáspora, como el Palestine Youth Movement (PYM), o de nuevas estructuras de gobernanza nacidas en los campos de refugiados como reacción al hundimiento de las funciones de la OLP.

Queda aún la cuestión, muy espinosa, de la resistencia a la ocupación israelí y la oposición a la Autoridad. La transformación de Hamás a lo largo de los últimos años y las decisiones tomadas el 7 de octubre están justo en el extremo contrario de la política represiva de la Autoridad. Responder a las expectativas del fin de la ocupación, la protección de los ciudadanos, las exigencias de reformas de estos y el respeto de los compromisos internacionales es un reto inalcanzable. Para conseguirlo, se impone un acuerdo con Hamás y los componentes armados de la Franja de Gaza. Aunque Hamás no participe en el futuro gobierno, no podrá quedarse completamente al margen de las negociaciones sobre la composición y el mandato de este. Un año después del comienzo de la guerra, Hamás aún se impone en el escenario político palestino como una fuerza ineludible para todo proyecto vinculado a Gaza. Su exclusión corre el riesgo de despertar los fantasmas del enfrentamiento interno palestino en 2007.

En conjunto, estos debates en torno al mandato y los objetivos del movimiento nacional palestino esclarecen las dificultadas halladas hasta ahora para llegar a un acuerdo capaz de satisfacer a las diversas facciones políticas y los movimientos populares, así como abordar los compromisos internacionales. La atención sobre la falta de buena voluntad de una parte de la dirección de este movimiento para responder al imperativo no debe hacernos olvidar los obstáculos interpuestos por Israel. La ausencia de un frente palestino y una hoja de ruta unitaria son las mejores garantías de la reanudación, bajo una completa impunidad, de su proyecto de anexión y control de los Territorios Palestinos./